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GUATEMALA: Militares en el ojo del huracán



GUATEMALA, 16 mar 1996 (IPS)
- El ejército está en la mira de las autoridades de Guatemala, ya que a la reducción de sus efectivos dispuesta por el nuevo gobierno se suman juicios iniciados contra militares por delitos comunes que van desde narcotráfico y robo de vehículos hasta asesinatos.

Una de las primeras acciones del gobierno de Alvaro Arzú, que asumió en enero, fue retirar del servicio activo a más de 50 oficiales del Ejército.

El propio vicepresidente Luis Flores aclaró que los cambios se debían a "un proceso de depuración y a un combate directo a la impunidad".

En algunos sectores del Ejército existe la idea de que se trata de una conspiración para debilitar a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, entre los oficiales que responden al sector institucionalista predomina la idea de que la situación por la que está pasando el Ejército es una etapa lógica ante la firma de la paz con la guerrilla que se avecina y descartan la existencia de una conspiración.

Para poder depurar a los mandos, el gobierno tuvo que hacer alianzas con el sector institucionalista del Ejército, dijo a IPS el analista Frank Larué.

El Ejército quiere sacar a sus elementos más corruptos, pero no a todos, porque sino podría desatarse una reacción adversa, señaló.

Pero, lo que quizás más le duele a la institución armada es el involucramiento de numerosos oficiales en delitos tales como robo de vehículos, narcotráfico y secuestros.

La semana pasada, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), en coordinación con la Guardia de Hacienda y el Ministerio Público, encontraron evidencias sobre la posible participación en hechos delictivos del comandante de la base militar de Quiché, Carlos López Serrano,.

En la residencia del militar se incautó equipo de laboratorio, que según las autoridades es utilizado para verificar el grado de pureza de sustancias como la cocaína, además de dos vehículos sin la documentación correspondiente y credenciales vencidas de la Guardia de Hacienda y la Policía Nacional.

López Serrano era uno de los señalados en una cinta de video que circuló en 1995, pero que en Guatemala se conoció el mes pasado, en la que Erwin González, un ex miembro de la inteligencia militar, acusa a dos generales y a dos coroneles de haber cometido diversos delitos.

Según las declaraciones de González, en mayo de 1993 López Serrano le ordenó que robara un auto indicándole la marca y modelo que deseaba, acción que él realizó en una zona residencial de la capital, agregando que ese vehículo aún está en manos de uno de los hijos del alto jefe militar.

González asegura además que López Serrano ordenó el asesinato, en 1995, del catedrático universitario Apolo Carranza, acusado de pertenecer a la Organización Guerrillera del Pueblo en Armas (ORPA).

El militar también dispuso el robo del vehículo del profesor aseisnado, acusó González.

El vocero del Ejército, coronel Guillermo Caal, manifestó que la institución armada no está dispuesta a encubrir a ningún militar implicado en hechos delictivos.

El alto mando del Ejército decidió la suspensión de López Serrano como comandante de la base de Quiché, para que resuelva su caso ante los tribunales, dijo.

El fiscal general y jefe del Ministerio Público, Ramsés Cuestas, señaló que si las evidencias demuestran la responsabilidad de López Serrano, el fiscal a cargo del caso puede solicitar inmediatamente una orden de captura en su contra.

El caso de López Serrano ha llamado la atención por el alto rango que posee, pero son muchos los militares que están siendo involucrados en hechos delictivos y cuya identidad se va conociendo día a día.

El mismo ministro de la Defensa, general Julio Balconi, reconoció la semana pasada que están siendo investigadas acusaciones formuladas contra varios uniformados.

Uno de los primeros resultados de ello fue la detención y suspensión del capitán Danilo González y del subteniente Teddy Otzoy, por robo de vehículos.

Balconi comentó que ahora hay voluntad política de llevar ante los tribunales a los oficiales que resulten involucrados en hechos delictivos. "Lo hacemos para que la opinión pública vea que el asunto es individual y no institucional", indicó. (FIN/IPS/cz/dg/ip/96)

 

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