CHILE: Millonaria pérdida para Banco Central por deudas privadas

El gobierno de Chile negó que las soluciones a las deudas que arrastra la banca privada desde 1983 fueran un "perdonazo", pero en círculos sindicales, políticos y académicos se afirma que implicarán una millonaria pérdida para el Banco Central.

Según diversos cálculos, el Banco Central, entidad estatal autónoma, no podrá recuperar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares de la llamada deuda subordinada, cuyo monto total es de 4.690 millones de dólares.

Los desacuerdos en torno a las negociaciones con los últimos cinco bancos morosos provocaron el 28 de junio la renuncia del presidente del Banco Central, Roberto Zahler, quien estimó que se estaba perjudicando al instituto emisor en su patrimonio.

La deuda subordinada se originó en febrero de 1983, durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90), quien ordenó al Banco Central el traspaso de fondos a entidades privadas caídas en la insolvencia con la recesión que acompañó a la crisis de la deuda externa.

Los bancos debían originalmente devolver los préstamos en 10 años, pero en 1989, en vísperas de la restauración democrática, Pinochet expidió una ley que otorgó a los deudores un plazo indefinido, con una fórmula de pago basada en un porcentaje de sus excedentes anuales.

Hace un año, y tras complejas negociaciones entre la gobernante coalición de centroizquierda y la oposición derechista, se emitió una nueva ley con un plazo fijo de 40 años para la devolución al Banco Central de los montos adeudados.

Las últimas negociaciones, que provocaron la renuncia de Zahler, coincidieron con el fin del plazo dado por la ley para que los bancos privados que aún no lo habían hecho acordaran con el Banco Central la fórmula de pago.

El jueves último, el Banco de Chile, el más tradicional de la banca privada del país, y las otras dos últimas entidades en negociaciones con el instituto emisor, aprobaron sus respectivos mecanismos de cancelación.

La Confederación Bancaria, que reúne a los empleados de la banca privada, efectuó ese mismo día una manifestación callejera en que denunció "el grave perjuicio al erario nacional" causado por las soluciones a la deuda subordinada.

Luis Mesina, presidente de la confederación, afirmó que las facilidades dadas a los bancos contrastan con la "absoluta incomprensión y rigidez" de los propios banqueros con los pequeños deudores, en especial con los comprometidos en créditos hipotecarios, amenazados permanente con embargos.

El economista Humberto Vega, presidente del no gubernamental Programa de Economía del Trabajo, y el senador Jorge Lavandero, del oficialista Partido Demócrata Cristiano, coincidieron en que la negociación implicará pérdidas para el Banco Central.

Lavandero sostuvo, sin embargo, que las explicaciones al respecto "tiene que darlas Pinochet, ya que fue él quien, antes de la llegada de la democracia, cambió las reglas del juego y le otorgó a la deuda de la cartera vencida de los bancos un plazo indefinido y un interés más bajo que el del mercado".

Según Vega, los acuerdos tuvieron "un costo ético", pero fueron necesarios "para sanear el sistema financiero y permitir una mayor apertura al exterior", en el marco de los tratados de comercio e integración.

El ministro de Economía, Alvaro García, negó el viernes que las fórmulas negociadas con los bancos fueran un "perdonazo" de la deuda y subrayó que el Banco Central recuperará 200 millones de dólares más en relación a los pagos que habría recibido con la ley de 1989.

Jorge Marshall, presidente subrogante del Banco Central, se limitó a calificar de satisfactorios los acuerdos, pero declinó entregar cifras, advirtiendo que el proceso aún no está concluido.

Marshall y el viceministro de Hacienda, Manuel Marfán, recordaron que resta aún la aprobación de la Superintendencia de Bancos para la firma definitiva de los contratos, lo cual debe materializarse hacia comienzos de agosto.

El gobierno del presidente Eduardo Frei decidió postergar hasta la solución final de la deuda subordinada la propuesta de nombres al Senado para designar al nuevo consejero del Banco Central, con vistas a llenar la vacante dejada por Zahler y elegir al nuevo presidente.

El superintendente de Bancos, José Florencio Guzmán, estimó que la solución al tema de la deuda permitirá agilizar en el Congreso la aprobación de la ley de modernización de la banca chilena, que facilitará su expansión internacional. (FIN/IPS/ggr/ag/if/96

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