MOZAMBIQUE: El año de la tierra

La apropiación y el destino de tierras vírgenes que cubren la cuarta parte del territorio de Mozambique, pendientes de una solución legislativa, concitan el choque de intereses entre campesinos que reclaman tierra, la inversión turística, y hasta colonos afrikaner de Sudáfrica.

A medida que se agota el plazo de que dispone el gobierno de Mozambique para presentar al parlamento una ley de tierras antes de que se reabran las sesiones legislativas, crecen las voces que anuncian una dura oposición a la iniciativa.

"Por cierto que la cuestión de la tierra es un tema muy difícil", reconoció Almeida dos Santos Tambara, portavoz del partido opositor, Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO), e importante miembro del órgano legislativo.

Altos dirigentes del partido gobernante, Frente por la Liberación de Mozambique (FRELIMO), se reunieron en los primeros días de agosto para pasar revista a una serie de cambios que habían sido propuestos al borrador de la ley.

"Esperaremos a que el proyecto llegue a la Asamblea Nacional antes de dar nuestra opinión", advirtió Tambara, quien sin embargo adelantó que "hasta ahora, la discusión ha dejado fuera la opinión de la gente del campo, que nosotros representamos".

La ley de tierras ha sido debatida en todo el país a lo largo de este año. Si el gobierno presenta el proyecto a la Asamblea antes del 12 de septiembre, el legislativo lo incluirá en la agenda de su próximo período de sesiones, que comenzará a finales de octubre.

Entretanto, ya ha comenzado la carrera por apoderarse de una superficie de 20 millones de hectáreas de tierras no cultivadas y de excelente potencial agrícola, y a la vez interesantes para la explotación turística y las cacerías.

En total, Mozambique dispone de 80 millones de hectáreas, de las cuales son fértiles 40 millones. Sin embargo, menos de 10 por ciento de esas extensiones son cultivadas actualmente.

La ley de tierras se propondrá clarificar la tenencia de la tierra en un país que aún está saliendo de las consecuencias de una guerra civil de 16 años, 12 años de economía controlada por el Estado y la creciente aplicación de políticas de liberación económica desde finales de la década pasada.

Cuando el proyecto del gobierno fue discutido en una conferencia nacional a principios de junio, los círculos académicos, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las instituciones financieras internacionales recomendaron proteger los derechos de las comunidades rurales sobre sus tierras.

Los campesinos componen 80 por ciento de la población del país. Producen el grueso de los alimentos que los mozambiqueños consumen, y todo el algodón, la copra y las castañas de cajú que Mozambique exporta.

Fuentes bien informadas dieron a entender que los dirigentes del FRELIMO han diluído las cláusulas relativas a los derechos de la población rural y han reforzado el control estatal sobre la distribución de la tierra.

La razón de esos cambios, añadieron las fuentes, se encuentra en que muchos miembros del FRELIMO están vinculados a proyectos de utilización de las tierras disponibles, para los que se están asegurando las concesiones que beneficiarán a ellos mismos y a sus asociados.

También se afirma que el FRELIMO ha decidido condicionar la propiedad extranjera de la tierra -un tema polémico- a la obligación de asociaciarse con un nacional mozambiqueño, para lo cual se hallan bien ubicados los funcionarios y miembros del gobierno, y por otra parte los vecinos sudafricanos.

El próximo mes llegarán a la provincia de Niassa, al noroeste de Mozambique, las primeras 24 familias de colonos afrikaner de Sudáfrica, como parte de un plan para asentar 1.000 de esas familias en aquella extensa región.

En mayo pasado, el presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, y su colega mozambiqueño, Joaquim Chissano, firmaron el acuerdo de Mozagrius, según el cual los colonos afrikaner disfrutarán de concesión de tierras por 50 años.

Como grupo de avanzada de estos colonos deambulan por la provincia de Niassa algunas decenas de misioneros afrikaner pertenecientes a la Iglesia Sudafricana Reformada -nutriente ideológica del régimen del apartheid en Sudáfrica-, exhibiendo películas acerca de la vida de Jesús a los aldeanos musulmanes.

En vista de que los campesinos y las ONG de Niassa no son conscientes de las consecuencias de la colonización afrikaner, la Asociación de Ayuda Mutua Rural (ORAM) y el Grupo de Estudios Agrarios (NET) de la Universidad Eduardo Mondlane están estudiando la situación.

La ORAM impulsará la formación de una ONG de cúpula en Niassa, mientras que el NET hará un estudio de planificación agraria y formará una red con las universidades sudafricanas que estudian el problema desde la perspectiva de los colonos.

"El proyecto Mozagrius ha movilizado al personal técnico de Mozambique", dijo el director del NET, José Negrao. "Un estudio de planificación agraria evitará la construcción de guetos boer o de bantustanes negros, estimulando la convivencia entre mozambiqueños y sudafricanos".

"Si se crean guetos boer, entonces el presidente Mandela estará exportando el apartheid hacia nuestro país, en lugar de tecnología agrícola y conocimientos, como se afirma", añadió.

En las provincias de Nampula y Cabo Delgado, al centro y norte del país, algunos campesinos ya han sido expulsados de sus tierras, aunque se informa que aún es baja la cantidad de los perjudicados.

Cuando los agricultores campesinos son perseguidos por grandes empresas agrícolas como Joao Ferreira dos Santos y la Companhia de Angoche, se trasladan a tierras sin ocupante, pero nadie sabe hasta cuándo podrán continuar haciendo esto.

"No sabemos por cuánto tiempo habrá tierras disponibles y cuán cerca podrán estar de los caminos y mercados", previno María Elena Taipa, asistente social que trabaja en Nampula.

"Es por eso que las mujeres makua exigen documentos de propiedad sobre sus tierras", añadió. El pueblo makua, que habita las provincias del norte, conforma sociedades matriarcales donde la tierra permanece en manos de las mujeres.

La explotación de la madera se va organizando rápidamente en las provincias centrales. La empresa Megamadeiras, una sociedad mixta de mozambiqueños y ciudadanos del vecino Zimbabwe, anunció recientemente sus planes para comenzar a talar 40.000 hectáreas de bosques en Dombe, cerca de Sussundenga.

Asimismo surgen enormes reservas de caza en la provincia de Sofala. A una firma llamada SAFRIQUE, por ejemplo, le fueron otorgados derechos para explotar zonas de cacería por un total de 223.000 hectáreas, lo que equivale más o menos a la superficie de Luxemburgo.

La presión por la tierra se hace más dura al sur de Maputo, la capital del país. Muchos inversionistas demandan tierras en el distrito de Matutuine, ubicado en la franja de territorio que se extiende entre la frontera con Sudáfrica y las playas impolutas que Mozambique posee sobre el Océano Indico.

No obstante, también desean conservar esas tierras los 47.000 campesinos que viven en ellas y de ellas sacan su sustento.

Por esa razón el ministro de Coordinación Ambiental, Bernardo Ferraz, se encuentra entre la espada y la pared. Sólo disponde de tiempo hasta mediados de septiembre para aconsejar al gabinete de ministros el mejor proyecto de desarrollo para Matutuine.

El Ministerio encargó a un equipo de prestigiosos profesionales mozambiqueños la confección de un plan maestro para Matutuine.

Una de las opciones es un gigantesco proyecto turístico que incluye la construcción de grandes hoteles, campo de golf, casino y demás servicios, sin olvidar un antiguo tren a vapor.

La cercana reserva de elefantes de Maputo, actualmente con sólo unos 100 animales, sería repoblada con leones, búfalos, rinos, elefantes y leopardos.

El constructor interesado en la inversión -el multimillonario estadounidense James Ulysses Blanchard III, que apoyó a la RENAMO cuando ésta era un movimiento rebelde pero ahora está en buenos tratos con el FRELIMO- demanda 200.000 hectáreas en la península de Machangulo, cerca de la frontera sudafricana.

Sin embargo, el proyecto chocaría con una empresa sudafricana dedicada a la fabricación de papel y pulpa de madera, que desde finales de los 80 ocupa 32.000 hectáreas que explota en sociedad con el gobierno mozambiqueño. La firma amenaza con demandar al propio gobierno si su concesión fuera revocada.

El gobierno quisiera que Blanchard pagara cualquier indemnización a la papelera, pero el magnate se niega a hacerlo.

La RENAMO se ha mantenido sorprendentemente tranquila, tanto en el debate como en la carrera por la tierra. Su participación en la publicitada conferencia nacional sobre la tierra pasó casi inadvertida, sin que el partido hiciera declaraciones públicas.

Tambara dijo que a los dirigentes de la RENAMO les falta capital y vinculaciones que les ayuden en la competencia por la tierra, pero que tan pronto como el proyecto de ley sea remitido al parlamento, el partido lo analizará y lo combatirá. (FIN/IPS/tra-en/ms/kb/arl/dv-en-pr/96

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