Un grupo de al menos 10 personas habría participado en la organización del brutal asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas en una localidad turística de Argentina, según fuentes policiales.
El crimen fue calificado por propietarios de medios de comunicación como "el más grave atentado contra un periodista desde la restauración democrática" tras la última dictadura militar que sufrió el país (1976-1983).
Héctor D'Amico, director del semanario Noticias, para el cual trabajaba Cabezas, reveló, en base a informes policiales, que al menos 10 personas intervinieron en la preparación del asesinato.
El cadáver del fotógrafo fue encontrado hace una semana esposado, con un disparo en la sien y carbonizado en el interior de un automóvil en Pinamar, 450 kilómetros al sur de Buenos Aires.
Funcionarios policiales confirmaron que investigan a varias personas y vehículos a los que se vio "merodear" la residencia donde se celebraba la última fiesta a la que asistió Cabezas, ofrecida en vísperas del asesinato por un empresario postal al que se vincula con actos de corrupción.
También se identificó a un hombre que compró combustible en un bidón cerca del lugar del crimen. La policía encontró la tapa de un envase de esas características con el restos del líquido que sirvió para rociar el automóvil.
Tanto el gobierno como la policía son cautos a la hora de definir una hipótesis sobre el crimen.
Numerosos políticos se trasladan a Pinamar en enero, mes de vacaciones en Argentina, entre ellos el gobernador de la provincia de Buenos Aires y aspirante a la presidencia, Eduardo Duhalde, y el senador Eduardo Menem, hermano del presidente Carlos Menem.
También veranean allí el presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, el vicepresidente Carlos Ruckauf y otros miles de dirigentes y funcionarios de menor nivel.
El ministro del Interior, Carlos Corach, admitió que no cuenta con "ninguna pista concreta" sobre el asesinato y advirtió que nadie debe "apresurarse a darle connotaciones políticas" o calificarlo de ataque contra la libertad de prensa.
El propio Carlos Menem había intentado minimizar las versiones que califican la muerte de Cabezas de crimen político. "No creo que sea así", dijo el mandatario cuando se le consultó al respecto.
Las declaraciones de Menem fueron seguidas de un inmediato y enérgico repudio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). "Hasta que no se esclarezca por qué y por quién fue asesinado Cabezas, pesará sobre los cuerpos competentes del Estado una responsabilidad ilevantable", señala la nota.
"Se trata del caso mas grave que haya afectado a la prensa argentina desde la restauración democrática de 1983", según la ADEPA, que advierte que "la libertad de prensa quedó seriamente comprometida para todos" tras este cruento episodio.
La ADEPA recordó que las autoridades aún no han aclarado los cruentos atentados con explosivos contra la embajada de Israel (1992) y la Asociación Mutual Israelita Argentina (1994), y sostuvo que "la impunidad criminal ha degradado a la república".
"La incompetencia del Estado ha sido atroz", según la organización patronal, que advirtió, al igual que la mayoría de las asociaciones de periodistas, que se trató de un "mensaje brutal" para quienes desempeñan la profesión.
Durante el gobierno de Menem, que comenzó su primer período en 1989, se produjeron varios atentados contra periodistas pero ninguno derivó en la muerte de la víctima. Hernán López Echagüe, Marcelo Bonelli y Juan Cherasny fueron algunos de los atacados.
Cabezas se desempeñaba como reportero gráfico del semanario Noticias y se trasladaba habitualmente a Pinamar en enero y febrero.
En marzo de 1996 logró fotografiar al empresario postal Alfredo Yabrán, acusado de "mafioso" por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y cuyo rostro no era conocido hasta entonces por el público debido al celo con que protege su vida privada.
Yabrán expresó entonces que las toma de esas fotos y su posterior publicación en la portada del semanario atentaban contra su privacidad.
El portavoz del empresario, Wenceslao Bunge, repudió este fin de semana el asesinato de Cabezas y descartó cualquier vinculación del empresario con el asesinato.
"No conozco que Yabrán haya hecho ese comentario, pero las de Cabezas fueron las fotos mas lindas y simpáticas de Alfredo", declaró Bunge.
El subsecretario de Seguridad de la Policía de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granillo, dijo que no descarta ninguna hipótesis, pero sostuvo que "un crimen de estas características no es el estilo de táctica política" de Argentina.
Granillo negó que la recompensa de 100.000 dólares ofrecida por el gobierno de Buenos Aires a quien aporte información sobre el crimen constituya un reconocimiento de ineficiencia policial, sino "una demostración clara de que hay preocupación" por esclarecer la muerte de Cabezas.
Durante sus últimas horas de vida, Cabezas, de 35 años, había asistido a una fiesta organizada por el empresario Oscar Andreani, dueño de una compañía postal que, según Cavallo, sería propiedad de Yabrán.
A la reunión asistieron más de 100 invitados, entre ellos periodistas, políticos, artistas y empresarios.
La residencia está ubicada a apenas 100 metros de la de Duhalde, el gobernador de la provincia, y estaba custodiada por personal privado que declaró haber visto el merodeo de vehículos desconocidos.
El fotógrafo habría sido maniatado y trasladado hasta un predio descampado donde previamente se había cavado un pozo. Fue esposado y baleado en la sien.
Los investigadores presumen que estaba vivo cuando el vehículo fue incendiado, ya que la autopsia reveló la presencia de hollín en sus pulmones. (FIN/IPS/mv/mj/ip hd/97
