La no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (CDHP) alertó sobre la situación del país asiático en la materia, en especial mala en relación con las mujeres, los niños y las minorías étnicas.
El informe "Estado de los derechos humanos en 1996" elaborado por la CDHP afirmó que el infanticidio, el trabajo esclavo y la discriminación sexual y religiosa son prácticas persistentes en la sociedad paquistaní.
"Nuestras preocupaciones siguen siendo las mismas" en siete años de actividad, dijo Zohra Yusuf, secretario general nacional de la comisión.
A pesar de la presión de organizaciones humanitarias de Pakistán y extranjeras, miles de campesinos sin tierra son esclavos de terratenientes feudales en la provincia de Sindh, los presos viven en condiciones inhumanas y la violencia sectaria provocó decenas de muertes el año pasado.
Por primera vez, la CDHP estudió el abuso sexual contra niños y niñas. Más de la mitad de una muestra de entre seis y once años lo sufrieron el año pasado. Entre las víctimas, uno de cada tres fue violado por una pandilla, y uno de cada cinco fue asesinado luego del abuso.
A pesar de que el país fue gobernado por una mujer en 1996, la primera ministra Benazir Bhutto, la frecuencia de violaciones se mantuvo invariable en una cada tres horas, según el informe de 245 páginas.
Los casos de violación múltiple constituyen tres de cada cuatro casos. Las víctimas son, por lo general, de la clase social más baja, incapaces de protegerse del poder del dinero y la influencia política.
Más de 300 fueron víctimas de la costumbre conocida como "karo kari" en las provincias de Sindh y Balochistán, donde la mera sospecha de que una mujer pudo haber sido vista por hombres ajenos a la famila es razón suficiente para ordenar su asesinato.
Las mujeres son tratadas como ganado en estas provincias meridionales, de población en su mayoría rural, donde la dote de las novias asciende a unos 7.000 dólares cuando no son entregadas para saldar sangrientos conflictos entre familias. La violencia privada es diaria en más de 80 por ciento de los hogares.
Las mujeres no tienen derecho a la propiedad, la herencia o a la membresía a organizaciones comunitarias en gran parte del país, que se ubica en el lugar 134 del índice de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La discriminación de género de naturaleza religiosa o tradicional y es refrendada aun por los jueces, a pesar de que la constitución de Pakistán asegura igualdad de derechos a todos los ciudadanos. Las mujeres reciben menores salarios que los hombres que realizan iguales tareas.
Una mujer de la provincia de Punjab que solicitó el derecho de reclamar el puesto de trabajo de un familiar fallecido recibió una respuesta negativa de la Alta Corte en Lahore. "El islam no admite el gobierno de las mujeres", reza la sentencia.
El mismo tribunal negó a una joven de una familia rica de Lahore el derecho a elegir su marido y la obligó a cumplir los deseos de su padre, en una controvertida sentencia que fue revocada por la Corte Suprema de Pakistán.
Saima Waheed fue defendida por la abogada Asma Jahangir, presidente de la CDHP. La joven recibió amenazas de muerte por su decisión de seguir el camino judicial y el gobierno debió disponer una custodia especial para salvaguardar su seguridad.
Años de dictaduras militares unipersonales echaron por tierra las libertades garantizadas por la constitución paquistaní, impulsó ideas ortodoxas y acabó con el espíritu liberal y de tolerancia tradicional en el país.
Las minorías religiosas son un blanco frecuente de fundamentalistas islámicos, cuyo dominio sobre el gobierno se ha fortalecido tras 50 años de independencia.
Las conversiones forzadas de hindúes y cristianos, a veces de familias enteras, fueron denunciados con frecuencia a la CDHP el año pasado.
Incluso los miembros de sectas musulmanes minoritarias sufren la persecución. Los fieles de la comunidad ahmadi, considerada una de las mejor educadas de Pakistán, son considerados no musulmanes a los ojos del gobierno y de la ley.
También se registraron numerosos conflictos entre sunnitas y chiítas, con asesinatos de líderes rivales y atentados con explosivos contra mezquitas. En enero de 1997, un brutal ataque provocó la muerte de 25 chiítas.
Los sunnitas radicales pretenden que los chiítas, 25 por ciento de los 140 millones de habitantes del país, sean declarados no musulmanes. (FIN/IPS/tra-en/am/an/mj/hd/97
