El gobierno de Trinidad y Tobago logró ganar tiempo ante ataques a un polémico proyecto de ley ambiental, refiriéndolo a un comité conjunto para que deberá reelaborarlo antes del 31 de julio.
El gobierno de Basdeo Panday enfrentó una ola de protestas por el proyecto de Ley de Parques Nacionales y Vida Silvestre, la cual podría permitir a autoridades el ingreso a tierras o instalaciones de personas sospechosas de poner en peligro especies en su posesión, y la requisa de la propiedad.
Las autoridades de una propuesta Autoridad de Parques Nacionales y Vida Silvestre también tendrían derecho de confiscar material impreso, incluyendo archivos y libros, y retenerlos durante 60 días.
Incluso el socio de coalición del gobernante Congreso Nacional por la Unidad (UNC), la Alianza Nacional para la Reconstrucción (NAR), se sumó al coro de opositores al proyecto.
En una declaración, el partido dijo que la ley propuesta "fue elaborada de forma irresponsable, violando algunos derechos fundamentales de la constitución y dando demasiado poder a cierta gente y grupos", y fue presentada en su forma final sin tener en cuenta el impacto de algunas de sus medidas.
Entre los opositores de la ley figuran la Asociación de Cazadores de Trinidad y Tobago, la cual se opuso firmemente a las disposiciones de "requisa y confiscación" que incluyen vehículos a motor, durante una reunión con el ministro de Agricultura, Reeza Mohammed.
El presidente de la Asociación, Buddie Miller, dijo que el proyecto es inconstitucional y se refirió a una sección que permitiría a las autoridades presentar cargos contra alguien tres años después de cometida una supuesta ofensa.
La actual Ley de Limitaciones prevé un límite de seis meses para ofensas menores.
En una carta dirigida a Panday, la Asociación afirma que el proyecto "no es sobre parques, vida silvestre o cazadores (…) Es sobre libertades civiles y derechos constitucionales de cada ciudadano, cada propietario de vivienda y tierra en Trinidad y Tobago".
El zoólogo Julian Kenny afirma que, mientras existe una necesidad urgente de aprobar legislación adecuada para regular y proteger los parques nacionales y la naturaleza, el proyecto de ley "contiene muchos sinsentidos".
El experto criticó la contratación de un consultor australiano para la elaboración del proyecto de ley, y alegó que los especialistas locales están capacitados para ello.
El proyecto prohibe a los usuarios de parques que tomen, atemoricen o cacen especies en áreas protegidas, pero no se refiere específicamente a otros animales, vida vegetal o productos químicos peligrosos llevados a las zonas designadas.
A pesar de su pequeña extensión, 4.800 kilómetros cuadrados, la diversa topografía de montañas, sabanas y humedales de Trinidad y Tobago es hábitat de especies únicas de plantas y animales.
Un activista de la Asociación de Conservación de Bosques Caribeños (CFCA), grupo ambiental dedicado a la promoción de la diversidad biológica, lamentó lo que describe como "ignorancia" de parte del gobierno hacia un estudio iniciado por el Banco Mundial que propone una serie de nuevos parques nacionales.
El conservacionista también objetó la omisión de serpientes venenosas de la lista de especies protegidas. Trinidad tiene cuatro variedades de estos reptiles.
La Asociación y Kenny abogaron por la división de la legislación para que cubra dos áreas diferentes, la creación y el mantenimiento de parques nacionales y la protección de las especies.
En Trinidad y Tobago hay 13 santuarios de especies protegidas de la caza, creados bajo una Ley de Conservación y Vida Silvestre.
La CFCA propuso la ampliación de esta ley para proteger todas las especies. A diferencia de la propuesta nueva ley, una enmienda no requerirá una problemática mayoría de tres quintos en ambas cámaras del parlamento.
Mohammed extendió el plazo para hacer comentarios sobre el proyecto al 13 de junio, y estableció un comité conjunto que integra a varios grupos de interés, incluyendo la Asociación de Cazadores.
Los ambientalistas expresaron su satisfacción ante la decisión, y un activista afirmó que se creará al menos otra posiblidad de proteger la vida vegetal y animal de la nación "sin violar los derechos constitucionales de sus contrapartes humanas". (FIN/IPS/tra-en/wg/cb/lp/en-ip/97
