Unas 20 organizaciones campesinas, indígenas, religiosas y organismos defensores de los derechos humanos de Panamá constituyeron un frente nacional para luchar contra las explotaciones mineras y por la defensa de la vida y el medio ambiente.
La constitución del Frente Nacional Contra las Minas se produjo en momentos de fuerte movilización contra la apertura de una mina de oro a cielo abierto de los habitantes de los poblados de Macaracas y Tonosí, en la central provincia de Los Santos.
Portavoces de dichas comunidades denunciaron que ese proyecto minero, que se encuentra aún en su etapa inicial, ya produjo la contaminacíon de los ríos y quebradas de la zona, así como la contaminación y erosión de los suelos y tala indiscriminada de árboles en el lugar.
Alcides Samaniego, un campesino de Mogollón, dijo que las quebradas y ríos de ese pueblo, localizado aguas abajo del proyecto minero, están contaminados con sedimentos y derivados de petróleo usados por la compañía minera para matar los pastos y malezas existentes en el lugar de explotación.
Una inspección realizada por expertos del Ministerio de Comercio e Industrias, a petición de los moradores, determinó que allí "existe producción y escurrimiento de sedimentos a los caudales de agua" y "no se construyeron las trampas de sedimentación de acuerdo a lo estipulado en el contrato".
Según el informe de los expertos, la compañía Cerro Quema, propietaria de la mina, "ha violado las condiciones del plan de contingencia y las acciones a desarrollar en caso de derrame o descarga (de sedimentos minerales)", cuya separación se realiza con compuestos de cianuro.
La compañía Cerro Quema es una subsidiaria del consorcio Cambell Resourses de Canadá, con sede en Toronto.
El sacerdote Conrado Sanjur, presidente de la Coordinadora Popular de Defensa de los Derechos Humanos (Copodehupa), indicó que el propósito del Frente Nacional Contra las Minas es educar, informar y organizar medidas en apoyo de las poblaciones afectadas por la minería.
Sanjur definió la actual política minera del gobierno local como "un proyecto de muerte contra la población, el ser humano y la naturaleza".
Una situación similar a la que ocurre en Macaracas y Tonosí fue denunciada por Oscar Cosme, de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas de la Serranía de Maje, localizada en la provincia de Panamá.
En la comunidad Ambrollas Arriba de Ipetí, "irrumpió una firma canadiense que sin consultar con los pobladores ni mostrar permisos inició exploraciones mineras en terrenos usados actualmente para la agricultura", denunció.
Los incidentes entre los grupos indígenas y el personal de varias compañías mineras que realizan tareas de exploración de minerales en sus territorios, localizados en las occidentales provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro, se han convertido en una práctica corriente en los últimos años.
Hector Endara, directivo de la Pastoral Social de la Iglesia Católica panameña, afirmó que lo ocurrido en Los Santos, en la Serranía de Maje y en las regiones indígenas "son la parte visible del rostro del neoliberalismo".
Endara advirtió que esas son inversiones "que benefician a pocas personas, sobre todo a capitales transnacionales" que "saquean, luego se declaran en quiebra y el país queda explotado, empobrecido y con menos posibilidades de desarrollo".
Esta posición fue apoyada por el sociólogo Pastor Durán, de la congregación católica Fe y Alegria, quien recordó que según el actual código minero el Estado sólo recibe una regalía del dos por ciento de las ganancias obtenidas por las compañías.
Durán recordó que cuando se instaló hace seis años la mina Santa Rosa, en Veraguas, la compañía propietaria "le dijo al pueblo de Cañazas que iba a darse un gran desarrollo, pero tras varios años de explotación el pueblo cañaceño es hoy por hoy uno de los más pobres entre los pobres de la provincia".
El gerente general de la compañìa Cerro Quema, Vernon Smith, prometió tomar medidas para evitar la erosión de los suelos, la contaminación de los ríos y la destrucción del medio ambiente, y otorgar 170 puestos de trabajo para los pobladores de Macaracas y Tonosí.
El presidente de la Cámara Minera de Panamá, Luis Villarreal, señaló que su visión es la de una industria minera que promueva el crecimiento económico y el progreso social ambiental y sostenido.
Tras advertir que la Cámara Minera está de acuerdo en el estímulo de actividades productivas que eviten o minimicen la contaminación, Villarreal reclamó una revisión del actual código minero para propiciar un aumento de las inversiones en el sector. (FIN/IPS/sh/ag/en/97
