Las relaciones entre Venezuela y Trinidad y Tobago cayeron a su nivel más bajo en muchos años, luego de una serie de incidentes registrados en el angosto estrecho marítimo que divide ambos países.
El canciller de Trinidad y Tobago, Ralph Maraj, planteó el asunto en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que sesionó la semana pasada en Lima, donde acusó a Venezuela de "graves violaciones a la soberanía y la dignidad" de su país.
Maraj se refería a los ataques de la guardia costera venezolana contra pescadores de Trinidad y Tobago y la incursión de autoridades de Caracas en una plataforma de exploración petrolera de la empresa estatal trinitobaguense.
Mientras tanto, Caracas insiste, como es tradición en todo conflicto limítrofe permanente o coyuntural con sus vecinos, en que la búsqueda de soluciones debe ser de naturaleza bilateral. En ese sentido, hubo contactos informales en Lima, pero no en el ámbito de la Asamblea General de la ONU.
El gobierno de Rafael Caldera sostuvo en una declaración emitida el sábado que la plataforma petrolera se ubicaba "sin ninguna posibilidad de duda en aguas territoriales venezolanas". Pero Maraj reiteró entonces que lo sucedido allí fue "un acto de agresión".
Trinidad y Tobago y Venezuela firmaron un acuerdo de concesión mutua de derechos de pesca en las respectivas aguas territoriales en 1977 con la intención de poner fin a los incidentes que genera la actividad de pescadores de ambos países.
El acuerdo, que caducó en 1985, fue renovado en 1990 a través del denominado Memorando de Entendimiento para la Prevención e Investigación de Incidentes Pesqueros y continuó vigente hasta el fin de 1995.
Caracas sostiene que el acuerdo quedó sin efecto desde 1996. "La cantidad de incidentes aumentó considerablemente" desde entonces, según una declaración emitida por la embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago.
Pero, en realidad, los problemas nunca se detuvieron, según observadores trinitobaguenses.
En 1989, mientras el acuerdo estaba en plena vigencia, un pescador trinitobaguense murió a causa de balazos disparados por la guardia costera venezolana. En ese ataque no medió provocación alguna, según distintas versiones.
El gobierno de Venezuela ha pagado una compensación a la familia del pescador muerto, pero una declaración emitida la semana pasada estableció que los balazos fueron efectuados "durante un procedimiento de vigilancia en el que intentó escapar".
En octubre pasado, Puerto España presentó una queja ante Caracas por el ingreso de fuerzas venezolanas en aguas territoriales trinitobaguenses para perseguir a un grupo de pescadores.
Caracas "argumenta su posición en base a datos técnicos y profesionales, mientras Trinidad y Tobago pretende convertir simples suposiciones en hechos", afirma sobre el incidente la declaración de la embajada venezolana.
El documento menciona el tratado de límites firmado en 1990, según el cual, aseguró, Trinidad y Tobago "está obligada a tomar medidas para evitar incursiones de sus ciudadanos en aguas de Venezuela y el desarrollo de actividades ilegales de explotación de los recursos pesqueros venezolanos".
Venezuela se manifestó decidida "a determinar con toda precisión y exactitud la ubicación de cualquier embarcación por intermedio de equipos satelitales" y "establecer sin sombra de duda si dichas embarcaciones están en sus aguas".
Nadie duda en Trinidad y Tobago que los pescadores del país insular desarrollan, en efecto, actividades en aguas venezolanas, en especial para perseguir los grandes bancos de pesca mar adentro de la costa este del país.
Anselm Francis, quien dirige el Instituto de Relaciones Internacionales con sede en Trinidad, dijo que "una señal clara e inequívoca de Puerto España sería de inmensa ayuda".
Francis sostuvo que las aguas del golfo de Paria son compartidas por los dos países y que la vigilancia de la zona por parte de Trinidad y Tobago debería ser tan vigorosa para los nacionales como lo es para los venezolanos.
"No propongo ninguna agresión por parte de Trinidad y Tobago, sino una presencia efectiva y discreta que desaliente las incursiones de la Guardia Nacional venezolana en aguas trinitobaguenses y la pesca por parte de trinitobaguenses en aguas de Venezuela", afirmó.
Pero "los informes de arrestos de pescadores trinitobaguenses a cargo de la Guardia Nacional en aguas nacionales de Trinidad y Tobago siempre son molestos", pues "esas acciones constituyen una violación de la integridad y soberanía" de la nación insular, agregó Francis.
Estos comentarios están a tono con las declaraciones de Maraj ante la OEA, pero no todos coinciden en Puerto España en que derivar el problema al foro continental es el mejor camino.
Diane Seukaran, presidenta de la Cámara de Comercio del Sur, organización que representa a empresarios de la rica costa petrolera sudoccidental de Trinidad, afirmó que la intervención del canciller en Lima fue un error y pidió su renuncia por ello.
"Debemos preguntarnos si en Trinidad y Tobago conocemos el significado de las palabras 'diplomacia', 'confianza' y 'regionalismo' o los principios fundamentales del comercio bilateral", dijo Seukaran.
La empresaria recordó que "a través del golfo de Paria pasa toda la energía, así como el contrabando y el tráfico de armas y drogas, actividades que conspiran contra la seguridad nacional de los dos países".
"Debemos considerar los problemas del Golfo desde una perspectiva global, tomando en cuenta todos los problemas de seguridad, energía, desarrollo económico y referidos a la protección de los ciudadanos trinitobaguenses", agregó Seukaran.
El canciller de Venezuela, Miguel Angel Burelli, declaró el fin de semana que medios periodísticos de Trinidad y Tobago desarrollaron "un fuerte sentimiento antivenezolano", en declaraciones citadas por la prensa de Puerto España.
Burelli sostuvo que la intervención de Maraj ante la OEA le generó "extrañeza y malestar" e informó que el propio subsecretario general del organismo, el trinitobaguense Christopher Thomas, le manifestó estar dispuesto a ayudar en la búsqueda de una solución.
Caracas prefiere un arreglo bilateral, una camino que, según Maraj, no funcionó en el pasado.
Mientras tanto, los pescadores del sur de Trinidad mantienen discreción. Algunos manifiestan que no se aventurarán muy lejos de la costa trinitobaguense por temor a represalias de la guardia costera venezolana. (FIN/IPS/tra-en/wg/cb/mj/ip/97
