Cuando comenzó a funcionar en Turquía el primer grupo de asistencia jurídica a las víctimas de ataques sexuales bajo custodia policial, no había forma de saber si alguna mujer acudiría a la organización en busca de ayuda.
"Para nosotros era un hecho que muchas mujeres son molestadas sexualmente o violadas bajo custodia, pero aquí no es usual que las mujeres denuncien a sus atacantes", manifestó la abogada Eren Keskin, del Colegio de Abogados de Estambul, una de las fundadoras .
"En general, las víctimas de violaciones temen la reacción de sus esposos, padres y familia en general. Temen ser aisladas de su comunidad", agregó Mercan Polat, colega de Keskin.
Sin embargo, en cuatro meses de trabajo, 31 mujeres desafiaron las dificultades y procuraron la ayuda del grupo.
Keskin fue encarcelada en 1993 por "separatismo", el cargo utilizado para silenciar a los críticos del sangriento conflicto contra los separatistas kurdos en el sudeste de Turquía.
En la cárcel conoció mujeres que sufrieron abuso sexual bajo custodia policial, aunque ya antes había representado a víctimas de violación.
"Casi todas las mujeres transferidas desde centros de detención a la cárcel repetían historias similares de acoso sexual y violación", recordó.
Tras su liberación, Keskin se unió a las abogadas Polat y Nurcan Okcuoglu y fundaron el grupo en cooperación con la activista alemana Jutta Hermans y la organización humanitaria alemana Día Mundial de Oración por la Mujer.
"Nuestra meta consiste en concienciar al sistema judicial sobre los ataques sexuales y promover leyes específicas contra ellos. Queremos romper el silencio sobre el abuso sexual bajo custodia policial", expresó Keskin.
El problema es mucho mayor de lo que sugiere el número de casos que atiende el grupo.
Sólo en octubre, seis de 394 mujeres y menores detenidos en Estambul denunciaron posteriormente abusos sexuales, y una mujer afirmó haber sido violada, de acuerdo con la Asociación de Derechos Humanos de Turquía.
La legislación turca incluye disposiciones contra la violación y el acoso sexual bajo custodia, pero son de difícil aplicación.
Algunos abusos se han vuelto rutina. "Se considera muy normal que hombres policías cacheen a las mujeres detenidas, un hecho que constituye un acoso sexual en sí mismo", señaló Keskin.
"Las mujeres molestadas enfrentan una presión adicional cuando deben testificar contra sus agresores", dijo. Además, en el sudeste, las víctimas corren especial riesgo cuando los acusados son soldados o milicianos respaldados por el gobierno.
De las 31 mujeres que procuraron ayuda, cuatro eran delincuentes comunes y el resto prisioneras de conciencia. El grupo distribuyó volantes entre las presas y sus abogados locales.
Keskin relató la situación por la que pasó una limpiadora de Estambul detenida en el distrito de Bakirkoy bajo sospecha de robo.
"Encapuchada y esposada, fue llevada a un lugar desconocido. Allí la picanearon, le apretaron los senos y le introdujeron un palo en la vagina", contó.
La mujer había dado a luz hacía poco tiempo y estaba sangrando, pero cuando pidió ayuda, los guardias le orinaron encima. La víctima todavía está en la cárcel a la espera de juicio, y su bebé de cinco meses está con ella.
El grupo no cobra por su asistencia legal, pero el proceso es largo y difícil.
La mayor dificultad consiste en recabar la evidencia, ya que la carga de la prueba recae sobre la víctima y es casi imposible conseguir que un médico confirme el ataque.
"La transferencia de las víctimas al departamento forense es deliberadamente demorada por la policía para obstruir la recaudación de pruebas", acusó Keskin.
Las pruebas forenses en caso de violación, en especial las pruebas de semen, deben realizarse dentro de las 24 horas siguientes al ataque para que puedan ser utilizadas como evidencia ante una corte.
Otras demoras se producen en los tribunales. "Aunque presentamos cargos en los 31 casos que recibimos, la fiscalía todavía no realizó ni una acusación", lamentó Keskin.
Sin embargo, el grupo cobró ánimos tras un veredicto de la Corte Europea de Derechos Humanos que multó al gobierno de Turquía en 38.000 dólares por la violación de una joven kurda en una estación de policía de la provincia suroriental de Mardin, hace cuatro años.
"Somos optimistas, porque tarde o temprano, los acusados serán juzgados, aquí o ante la Corte Europea", manifestó Keskin. (FIN/IPS/tra-en/nm/rj/ml/hd/97
