La impunidad de los delitos ambientales perdió parte de su base legal en Brasil con la aprobación de una nueva ley que establece penas de hasta cinco años de cárcel y multas máximas de 44.500 millones de dólares.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) criticaron las concesiones hechas por el gobierno a empresarios rurales e industriales, que suavizan los castigos, pero reconocieron que la legislación representa un importante avance.
La ley, aprobada el miércoles por la Cámara de Diputados, "es positiva, porque crea mecanismos para la aplicación efectiva de puniciones, superando la impotencia vigente hasta ahora", dijo Donald Sawyer, director ejecutivo del Instituto Sociedad, Población y Naturaleza, una ONG de Brasilia.
Hay lagunas especialmente en el castigo a empresas rurales e industriales y sería recomendable "un mayor rigor", pero la nueva legislación permitirá reducir "la distancia entre la condena legal y su efectivación práctica, que es grande en Brasil", evaluó Sawyer.
El texto también hace posible que los consumidores conozcan las empresas que dañan el medio ambiente y rechacen sus productos, lo cual ahora sólo se puede lograr mediante movilizaciones sociales, sentenció Sawyer, recordando que las leyes actuales penaban a personas físicas, no a las jurídicas.
La legislación aprobada, en debate desde 1991, concentra disposiciones antes dispersas en casi un centenar de otras leyes y decretos, no siempre coherentes ni adecuadas.
"Hasta ahora un jefe de familia que cazaba animales silvestres para alimentar a los suyos era punible con prisión sin derecho a fianza, un rigor no aplicable si asesinara al inspector ambiental", comentó Haroldo de Mattos Lemos, secretario de Medio Ambiente del gobierno brasileño.
La nueva legislación deja sin castigo a ese tipo de caza y la posesión doméstica de animales como papagayos, estableciendo normas para ello.
Su aprobacinó culminó una amplia discusión parlamentaria, entre gremios empresariales de la industria y de la agricultura y otros sectores sociales, señaló Mattos Lemos en respuesta a críticas de las ONG.
Además de prisión para los responsables, la ley prevé el cierre de empresas que dañen al medio ambiente o su suspensión temporal y la exclusión de contratos con el sector público, de incentivos fiscales y cérdito de bancos estatales.
Las multas van de 50 a 50 millones de reales (de 44,60 a 44,6 millones de dólares). Tales sumas hacen inviables las prácticas actuales de empresas madereras, por ejemplo, que pagaban pequeñas multas o las apelaban en la justicia para seguir destruyendo los bosques, sostuvo Mattos Lemos.
Al castigar fuertemente a quienes cometen graves delitos y permitir un cobro efectivo de las multas, la nueva ley "revoluciona la protección al medio ambiente", dijo Eduardo Martins, presidente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Renovables, órgano ejecutor de la política oficial del sector.
Hasta ahora, "sólo seis por ciento de las multas eran efectivamente pagadas", observó.
Las críticas de las ONG ambientales y de diputados opositores se dirigen a los cambios introducidos a la propuesta original por presión de sectores empresariales.
El presidente Fernando Henrique Cardoso debería vetar por lo menos seis disposiciones, como la que establece penas de uno a tres años de cárcel para los responsables de incendios en espacios verdes.
Los productores de caña de azúcar argumentaron que la quema de sus cañaverales es indispensable para la cosecha y prohibirla dejaría sin empleo a 400.000 cortadores de caña.
Tambin se anulará la pena de prisión de hasta un año para quienes produzcan ruidos excesivos y dañinos a los vecinos, prevista en el texto original.
En ese caso protestaron las iglesias evangélicas, en defensa de sus sesiones regliosioas, que incluyen cantos.
Los ambientalistas critican especialmente el veto presidencial al artículo que prohibe la importación y venta de productos tóxicos, ya condenada en documentos internacionales, y a la posibilidad de que ONG, sindicatos y otras organizaciones sociales participen en la represión a los delitos ambientales.
La legislación abre la posibilidad de que los acusados pongan fin al proceso judicial al reparar los daños provocados al medio ambiente. El objetivo "no es encarcelar" a los responsables sino corregir los problemas y evitar nuevos delitos, explicó Eduardo Martins. (FIN/IPS/mo/dg/ip-en/98
