Miles de nicaragüenses llegados a Costa Rica en busca de empleo fueron utilizados por una fundación presidida por el ministro de Trabajo, Farid Ayales, cuya actividad no había sido formalmente autorizada.
Los nicaragüenses que querían trabajar legalmente en Costa Rica debían pagar a la Fundación para el Desarrollo Humano de Centroamérica (Fundehca) el equivalente a 25 dólares (o menos, en los últimos meses) como costo de la tarjeta laboral.
Un convenio firmado con el Ministerio de Trabajo encomendó a Fundehca la confección y la entrega de las tarjetas a las personas a las que el propio Ministerio otorgaba el permiso correspondiente.
Las dudas sobre la legalidad de las operaciones surgieron cuando en octubre de 1997, la Contraloría General de la República señaló que el convenio había comenzado a implementarse sin su preceptivo visto bueno.
Pese a la advertencia de la Contraloría, la fundación continuó con su tarea. En noviembre de 1997, la Asamblea Legislativa pidió explicaciones al ministro Ayales, también es presidente de la fundación.
Ayales aseguró que su actuación era absolutamente transparente y que la suma que cobraba Fundehca a los nicaragüenses correspondía sólo al costo de confección de la tarjeta.
El Fiscal General adjunto, Jorge Segura, solicitó el lunes a la Corte Suprema de Justicia tramitar el levantamiento de la inmunidad de Ayales para acusarlo formalmente de siete delitos, a iniciativa de la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios.
Ayales renunció este jueves, 15 días antes de la fecha señalada para el traspado del poder al presidente electo, Miguel Angel Rodríguez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Costa Rica se ha convertido en el hogar de entre 400.000 y 500.000 nicaragüenses que buscan en este pais trabajo y mejores condiciones de vida. Constituyen aproximadamente 15 por ciento de la población del país.
De ellos, las autoridades estiman que hay más de 250.000 trabajadores ilegales.
Por esa razón, el gobierno de José María Figueres inició un programa de legalización con un declarado doble propósito. Por un lado, lograr que los nicaragüenses recibieran un pago justo y no inferior al mínimo legal.
Por otro lado, pretendía que los nicaragüenses realizaran aportes al sistema de seguridad social, que se encuentra al borde del colapso.
Según cifras del ministerio de Trabajo, pocos nicaragüenses acudieron al llamado para legalizar su situación. Durante el período de vigencia del programa, sólo 50.000 personas tramitaron su permiso de trabajo.
Si se multiplica esa cantidad por el costo de cada tarjeta laboral expedida por Fundehca, se concluye que la fundación debe haber recaudado cerca de 1,2 millones de dólares.
Se trata del segundo escándalo relacionado con inmigrantes en los últimos 10 días, aunque fue el único -de los dos casos- en el cual apareció involucrado un estrecho colaborador de Figueres.
El 15 de abril fue detenido el ex ministro de Seguridad Juan José Echeverría, vinculado al PUSC, por cobros indebidos en el trámite de visas humanitarias a ciudadanos cubanos.
Echeverría, ministro entre 1978 y 1982, mantiene estrechas relaciones con Cuba, e inclusive está inscripto en la isla como abogado.
Junto con ese ex funcionario fueron detenidos tres de sus hijos, también abogados, y la Directora de Migración, Mercedes Bevacqua, aunque esta última fue puesta en libertad.
En 1994, el gobierno de Figueres abrió una oficina de intereses en Cuba, y a la vez, comenzó a otorgar visas humanitarias a ciudadanos cubanos que demostraran ser perseguidos por razones religiosas o políticas.
También concedió visas para permitir la reunificación familiar de parientes hasta en tercer grado de consanguinidad.
El Ministerio Público acusó a Echeverría y su grupo de ser parte de una red que, aparentemente, vendía permisos de ingreso a cubanos y simulaba matrimonios entre costarricenses e isleños para solicitar las visas de reunificación.
Según las averiguaciones, las visas se vendían entre 5.000 y 7.000 dólares cada una. (FIN/IPS/mso/ff/ip pr/98
