Un conflicto de poderes que podría afectar una serie de reformas constitucionales estalló en Ecuador como consecuencia de la decisión de la Asamblea Nacional constituyente de prorrogar sus funciones una semana.
Por voto de 59 de sus 70 integrantes, la Asamblea Nacional instalada en diciembre para reformar la Constitución resolvió continuar su tarea durante la primera semana de mayo. Inicialmente se había acordado que permanecería en funciones sólo hasta el 30 de este mes.
La decisión fue objetada por el Poder Ejecutivo y por el Legislativo, y el presidente Fabián Alarcón advirtió que las reformas votadas por la Asamblea más allá de este jueves, 30 de abril "no serán incluidas en el Registro Oficial", y por lo tanto, no entrarán en vigencia.
La Asamblea "no puede asumir funciones que no le corresponden y no puede autoprorrogar sus funciones, porque el pueblo ecuatoriano le fijó un plazo específico para terminar con su tarea", dijo Alarcón.
Heinz Moeller, presidente del parlamento y dirigente del derechista Partido Social Cristiano (PSC), amenazó con retirar de la Asamblea a los miembros de su partido si se confirma la prórroga.
"Los asambleístas socialcristianos que no acaten la resolución de su partido serán expulsados", dijo Moeller.
El PSC tiene 18 representantes en la Asamblea constituyente. Es el partido con mayor presencia en el órgano y en el parlamento, donde ocupa 27 de 82 escaños.
Sin embargo, sólo seis de los asambleístas socialcristianos son afiliados al partido y el resto son independientes con apoyo del PSC, que condicionaron su retiro de la Asamblea.
El conflicto determinó a algunos bloques de la Asamblea a proponer el adelanto del momento en que Alarcón debe entregar el poder, previsto para el 10 de agosto.
El debate por la prórroga "es el desenlace de una serie de desacuerdos entre los poderes", comentó Julio César Trujillo, jurista y asambleísta por el movimiento indígena Pachakutik.
Para Trujillo, "esta situación se veía venir desde que la Asamblea resolvió (la semana pasada) poner un candado a las reformas que ejecutó, al prohibir que el Congreso modifique las leyes en un período de 12 meses".
"Temíamos que el parlamento modificara las leyes aprobadas en cuanto diéramos por clausurada la Asamblea y optamos por poner ese candado, porque el país necesita estabilidad", explicó.
La Asamblea Nacional constituyente surgió de propuestas de las organizaciones civiles, tras la destitución del presidente Abdalá Bucaram, votada por el parlamento en febrero de 1997, y fue aprobada en plebiscito.
La adjudicación de poderes a la Asamblea fue motivo de polémica desde el principio. Para algunos sectores, debería tener poderes absolutos y para otros, limitados.
El jurista Gil Barragán señaló que una asamblea constituyente "tiene poderes omnímodos y sus resoluciones tienen que ser acatadas por el Congreso y por el Ejecutivo, cualquiera que estas sean".
Para Barragán, "si la Asamblea decide autoprorrogar sus funciones, o eliminar al Ejecutivo e implantar un régimen parlamentarista, así se tiene que hacer".
Pero otro jurista, Antonio Arzube, opinó que el parlamento es el único ente que puede prorrogar las funciones de la Asamblea, la cual "carece de poderes propios".
Hasta el momento la Asamblea ha promovido la reforma del sistema electoral, de los partidos políticos, de la seguridad social y de materias del área económica.
Aún deben discutir casi en su totalidad el llamado paquete de reformas sociales, que se refieren al papel del Estado frente a la sociedad. (FIN/IPS/mg/ff/ip/98
