El presidente provisional de Ecuador, Fabián Alarcón, está, pocos meses antes de que acabe su mandato, inmerso en acusaciones de corrupción investigadas por una comisión que él mismo creó.
Alarcón compareció este jueves ante el Congreso unicameral para aclarar su supuesta vinculación con tres actos irregulares desde que asumió la presidencia del parlamento durante el gobierno de Abdalá Bucaram (1996) hasta su actual desempeño como presidente interino.
En todos estos casos, la investigación judicial es lenta, pero la Comisión Anticorrupción, creada por el propio Alarcón al comienzo de su mandato, reabrió la polémica esta semana al presentar un informe que compromete al primer mandatario.
"Varios diputados hemos coincidido en que se inicie un juicio político contra el presidente" que podría ocurrir cuando regrese de Santiago, dijo Miguel Lluco, diputado del movimiento indigenista Pachakutik.
Alarcón viajará este viernes a la capital de Chile, donde se reunirá con 33 jefes de Estado en la II Cumbre de las Américas.
"Existen los suficientes argumentos para el juicio e incluso para censurar al presidente interino", según Lluco
Luego de la destitución de Bucaram de la presidencia decidida por el Congreso en febrero de 1997, tras denuncias por mal uso de fondos públicos, nepotismo y abuso de autoridad, una de las primeras medidas de Alarcón, sustituto provisional hasta agosto de 1998, fue crear la Comisión Anticorrupción.
El organismo fue integrado por ciudadanos notables de diversas áreas con la facultad de "investigar por cualquier método los actos de corrupción", según Ramiro Larrea, presidente de la Comisión.
En el informe presentado el martes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Comisión concluyó que Alarcón, como presidente del parlamento, participó en la contratación de 2.080 empleados de confianza entre agosto de 1996 y febrero de 1997.
Estos empleados, conocidos como "pipones", constaban en las nóminas del Congreso, pero nunca se presentaron a trabajar. El gasto del Estado por estas contrataciones asciende a 6,2 millones de dólares, según la Comisión.
Para el presidente interino, el informe de la Comisión Anticorrupción, en este caso, "se base en acusaciones sin fundamento que provienen de sectores de oposición", por lo que el organismo estaría actuando movida "por intereses políticos y no judiciales".
Otras de las irregularidades que la Comisión estudia se refieren a la supuesta participación de Alarcón en el llamado caso de "la ropa usada" y al uso indebido de fondos reservados.
El escándalo de "la ropa usada" se presentó a comienzos de este año e involucra a varias organizaciones no gubernamentales legalmente registradas en el país.
Por medio de estas organizaciones, funcionarios de la Presidencia de la República, encargados de atender a los damnificados por el fenómeno del Niño y que ya han sido detenidos por la justicia, habrían importado ropa usada sin aranceles para su reparto entre la población afectada.
Sin embargo, en lugar de ropa usada, se importaron alimentos, electrodomésticos y otros bienes de lujo, que fueron vendidos luego en almacenes de la ciudad de Guayaquil.
Por otra parte, unos 10 millones de dólares de la partida de gastos reservados fueron utilizados por el ministro de Gobierno, César Verduga, hoy prófugo, para la contratación de ciertos estudios psicosociales.
No existen comprobantes de estos contratos, pues el funcionario los habría incinerado para mantener la información en reserva.
Esos fondos también se emplearon para cubrir un adeudo del Estado con la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), cuyo presidente era el propio Verduga, y para financiar un encuentro cultural entre escritores ecuatorianos.
La utilización de partidas reservadas, según los reglamentos de la administración pública de Ecuador, solo se justifica para cuestiones que atañan a la seguridad interna y externa del país.
En este caso, Alarcón expresó que conocía vagamente estos estudios, aunque él no autorizó las contrataciones, pues el ministro tenía todas las facultades para realizarlos.
En una reunión que Alarcón mantuvo con la Comisión, el presidente provisional amenazó con emprender un juicio penal contra todos los miembros del organismo, pues consideró que "están atribuyéndose funciones que no les corresponden".
Larrea recordó que el jefe de Estado tiene la facultad de disolver al organismo mediante un simple decreto.
"Nuestro honor personal nos obligaría a renunciar ante las amenazas del señor presidente, mas nuestro compromiso con el país y el deber de luchar por un ideal superior nos obliga a permanecer en nuestros puestos", agregó. (FIN/IPS/mg/mj/ip/98
