ECUADOR: Otro escándalo por uso irregular de fondos reservados
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ECUADOR: Otro escándalo por uso irregular de fondos reservados



QUITO, 8 abr 1998 (IPS)
- El escándalo protagonizado por el actual gobierno provisional de Ecuador por el uso irregular de partidas reservadas opacó por completo al caso más polémico de corrupción que se presentó en 1995, con el vicepresidente Alberto Dahik como principal implicado.

Las comparaciones entre ambos casos han sido inevitables en los medios políticos y sociales de este país andino, pues existen varias coincidencias en el manejo indebido de los llamados gastos reservados, aunque hay grandes diferencias en los montos utilizados.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Héctor Romero, dictó orden de prisión el fin de semana pasado contra el ex ministro de Gobierno de la actual administración provisional, César Verduga, por su responsabilidad en la utilización irregular de 10 millones de dólares de las partidas reservadas.

Sin embargo, la resolución judicial fue emitida 10 horas después de que Verduga abandonase el país con rumbo a la ciudad estadounidense de Nueva York.

En octubre de 1995, bajo la administración conservadora de Sixto Durán Ballén (1992-96), Alberto Dahik huyó a Costa Rica en un avión particular, pocos minutos después de dictada la orden de prisión en su contra y de su renuncia a la vicepresidencia.

Dahik fue acusado de utilizar unos cuatro millones de dólares de las partidas reservadas en agasajos para funcionarios de otros países, pago de músicos y cantantes, asuntos poco relacionados con la seguridad interna y externa del Estado, que pretextan la existencia de este tipo de fondos.

El llamado «caso Dahik», representó el más duro golpe contra la administración de Durán Ballén, quien concluyó su período con los niveles más bajos de popularidad que ningún presidente de Ecuador haya tenido, según los estudios de opinión.

Dahik, ex presidente de la organización anticorrupción Transparencia Internacional, era considerado el hombre fuerte del gobierno de Durán Ballén, quien desde un inicio le confió la conducción económica del país.

Actualmente, Dahik goza de asilo político otorgado por el gobierno de Costa Rica en marzo de 1996, y se desempeña como profesor de economía en una universidad de ese país centroamericano.

«En mi gobierno se hizo un gran escándalo porque se utilizó una determinada cantidad de partidas reservadas a lo largo de cinco años, y aquí los gastos ascienden al doble y se esfumaron en sólo seis meses», anotó Durán Ballén.

Además, según el ex presidente y actual candidato a diputado, «todos los gastos realizados por la vicepresidencia fueron justificados, lo que no ha sucedido en esta ocasión».

«Un hombre es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad», consideró por su parte el presidente provisional de Ecuador, Fabián Alarcón, al ser cuestionado sobre la responsabilidad de su ex ministro.

Según Alarcón, César Verduga «ha trabajado durante 20 años para el servicio del país con toda transparencia y creo que ahora debemos otorgarle el derecho a defenderse».

El gobierno provisional de Alarcón asumió sus funciones en febrero de 1997, tras la destitución por el parlamento de Abdalá Bucaram, quien junto a algunos de sus ministros y asesores fue acusado de malversación de fondos públicos y nepotismo, entre otros casos.

Una de los primeros compromisos de Alarcón fue precisamente eliminar las partidas reservadas, que anteriormente había causado polémica (con el caso Dahik, principalmente).

Alarcón abandonará el cargo el 10 de agosto, cuando asumirá un nuevo gobierno que será electo en mayo, «si no es que tiene que abandonar antes el país por su responsabilidad en este caso», arguyó Rodrigo Borja, ex presidente de Ecuador (1988-92).

Para Borja, actual candidato a la presidencia por la Izquierda Democrática (socialdemócrata), Alarcón estaba al tanto del uso indebido de los fondos reservados «y por ello su responsabilidad es compartida».

En su comparecencia ante la CSJ, Verduga reconoció haber utilizado las partidas reservadas en estudios psicosociales (encuestas de opinión) y asuntos relacionados con la seguridad del Estado (lavado de dólares de la droga y presencia de grupos fundamentalistas islámicos en el país).

Sin embargo, según el propio ex ministro, incineró todos los comprobantes de egreso y los resultados de los estudios para mantener la información en confidencia y haciendo uso de sus facultades.

La CSJ consideró finalmente que Verduga actuó indebidamente pues sólo la Contraloría General del Estado está en capacidad de incinerar los comprobantes de egreso una vez aprobados los gastos, pero nunca los estudios que costaron al país 10 millones de dólares.

Así mismo, una parte del presupuesto habría servido para financiar una reunión de intelectuales y escritores y para saldar una deuda del Estado con la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, organización que presidía Verduga hasta antes de ocupar el cargo de ministro.

«Un gobierno moderno no puede tomar decisiones sin conocer la realidad y por eso el ex ministro siempre se apoyó en estudios psicosociales», sostuvo Alarcón, aunque reconoció no conocer con detalle el resultado de dichos estudios.

Sin embargo, las firmas de opinión implicadas en el caso desmintieron la versión de Verduga al demostrar que recibieron su pago de las cuentas regulares del gobierno y no de partidas reservadas.

Sobre la versión de las asesorías para determinar el narcolavado en Ecuador y la penetración de grupos islámicos, como el Hizbolá, las compañías internacionales supuestamente contratadas por el Ministerio de Gobierno no constan en la listado internacional que existe sobre este tipo de servicios.

"Una fuente allegada a Verduga nos dio acceso a los estudios sobre narcolavado y terrorismo", dijo Juan Carlos Calderón, director de investigaciones de la revista Vistazo, la de mayor circulación en Ecuador.

Pero "hemos consultado a las diversas agencias de cooperación, como la DEA, y las embajadas de Israel y Estados Unidos, y no tienen conocimiento de esta amenaza", comentó el periodista.

"Compaginando estos estudios con los informes elaborados anteriormente por la policía ecuatoriana y las autoridades antinarcóticos del país, nos dimos cuenta de que son un resumen completo de estos informes y que no existió tal asesoría internacional", concluyó Calderón. (FIN/IPS/mg/ml/ip/98

 

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