Estados Unidos volvió a amenazar a Ecuador con aplicar sanciones comerciales por el incumplimiento de acuerdos sobre patentes y propiedad intelectual, pero eso no parece preocupar al Congreso unicameral de este país andino.
El parlamento de Ecuador ha discutido en los últimos cinco años una ley sobre patentes y propiedad intelectual con relativa calma, a pesar de las constantes amenazas de sanciones procedentes de Estados Unidos, el principal socio comercial del país.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos emitirá el día 30 un informe sobre la situación de Ecuador y otros países a los que se alertó por incumplimiento o violación de los acuerdos comerciales.
El informe será desfavorable para Ecuador y recomendará al gobierno estadounidense la aplicación inmediata de sanciones arancelarias que afectarían las exportaciones de este país por un monto anual de unos 400 millones de dólares, según observadores en Quito.
Sin embargo, el ministro de Comercio Exterior de Ecuador, Benigno Sotomayor, es optimista pues considera que Washington está al tanto de los avances en materia de patentes propiedad intelectual, "un asunto complejo que no puede resolverse en un día".
El canciller ecuatoriano, José Ayala, mantuvo el fin de semana una reunión reservada con su par estadounidense, la secretaria de Estado Madeleine Albrigth, en el marco de la II Cumbre de las Américas que se celebró en Santiago.
Ambos funcionarios abordaron entonces las posibles sanciones comerciales y Ecuador solicitó un plazo mayor para que el parlamento apruebe la ley de patentes y propiedad intelectual, solicitud que Washington analizaría, informaron fuentes extraoficiales.
En 1993, el gobierno conservador de Sixto Durán Ballén (1992- 1996) suscribió con el de Bill Clinton un acuerdo sobre patentes y propiedad intelectual que no entró en vigencia por falta de ratificación parlamentaria por parte de Ecuador.
Los derechos de distribución, los medicamentos registrados por grandes laboratorios estadounidenses y que se fabrican en este país bajo la denominación de genéricos, la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas influyeron en la postergación del análisis.
"La discusión sobre acuerdos de patentes y propiedad intelectual se complicó cada vez más, no sólo por el compromiso con Estados Unidos, sino por las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Comunidad Andina (CA)", dijo a IPS Alejandra Oña, especialista en derecho comercial.
En el mismo año en que se firmó el acuerdo con Estados Unidos, entró en vigencia la zona de libre comercio entre los países de la CA (Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, con excepción de Perú), "lo que aceleró las negociaciones del bloque sobre los convenios de propiedad intelectual y patentes", según Oña.
Dos años más tarde, Ecuador se integró a la OMC y renunció a los plazos que este organismo multilateral otorga a los países en desarrollo para armonizar su legislación con los estatutos. De esta manera Ecuador se obligó sí mismo a adoptar de inmediato las regulaciones de la organización.
Para el analista económico Washington Herrera, articulista del diario El Comercio, de Quito, el acuerdo bilateral "contiene disposiciones más exigentes que las que rigen en la OMC y en la CA, por lo que el Congreso tuvo razón al no ratificarlo".
Ecuador fue el único país sudamericano que "cometió la ligereza de firmar inconsultamente un acuerdo bilateral que da demasiada protección a las patentes de invención, pues reconoce retroactividad para patentes norteamericanas, en contraposición a los principios de la legislación ecuatoriana", dijo Herrera.
Jamaica, Trinidad y Tobago y Nicaragua son los otros países de América Latina que suscribieron un acuerdo similar con Estados Unidos.
Las amenazas de posibles sanciones comerciales de Washington han estado presentes durante estos cinco años, pero a inicios de 1998 declaraciones del embajador de Estados Unidos en Quito, Leslie Alexander, acercaron esa posibilidad .
Alexander manifestó que su gobierno aplicaría sanciones que consistirían en el retiro de ciertos productos exportables de Ecuador del Sistema Andino de Preferencias Comerciales, que beneficia a los cinco países de la región.
Este sistema fue diseñado para estimular a las naciones andinas para que evitaran la siembra de coca y la producción de drogas, otorgando facilidades de exportación a los productores locales.
A principios de febrero, las autoridades comerciales de Estados Unidos presentaron una denuncia contra Ecuador ante la OMC por incumplimiento de los estatutos de la organización.
Para Sotomayor, esta denuncia no pretendía que la OMC resolviese sanciones contra Ecuador, sino el análisis del problema de las patentes y la propiedad intelectual en el organismo.
Ante la presión de los Estados Unidos, el gobierno de Ecuador se comprometió a priorizar la discusión de la ley de patentes y propiedad intelectual, aún en manos del parlamento.
Esta ley pretende la armonización del acuerdo bilateral con Estados Unidos con los estatutos de la OMC y de la CA.
El Congreso aprobó esta ley en primer debate en febrero, pero requiere de un segundo tratamiento para que entre en vigencia, algo que podría demorarse unos meses más debido a la proximidad de las elecciones generales que ha distraído la atención de los legisladores.
Hasta ahora, el parlamento ha analizado el 60 por ciento de la nueva ley, que contiene 370 capítulos. (FIN/IPS/mg/mj/if/98
