Kyosei Arata tiene 79 años, pero la vida para él terminó hace 57, cuando los médicos le diagnosticaron lepra.
"Mi vida terminó entonces", dijo amargamente. "El gobierno de Japón me forzó a ingresar en un sanatorio, y me separó de mis familiares y amigos para siempre", relató.
Pero tras sufrir física y mentalmente durante décadas, al punto de intentar suicidarse varias veces, Arata se decidió a combatir la discriminación que padeció y recuperar algo de su dignidad.
Arata se unió la semana pasada a un grupo de 13 enfermos de lepra del distrito de Kumamoto, en el este de Japón, para demandar al gobierno por 11 millones de dólares por mantenerlos en cuarentena.
Los demandantes acusan al gobierno de negligencia por mantenerlos recluidos 40 años más allá del descubrimiento de la promina, una droga para el tratamiento de la lepra y la mayor parte de sus síntomas.
Mitsuhide Yahiro, uno de los abogados de la parte actora, explicó que sus representados procuran una compensación por la violación de sus derechos humanos en base a la Ley de Prevención de la Lepra, que impidió su tratamiento y fue abolida en abril de 1996.
La ley fue aprobada en 1953, cuando Japón ya contaba con la promina, en un intento por controlar a los leprosos aislándolos en instalaciones especiales para su tratamiento. Más de 2.000 pacientes fueron enviados entonces a leprosarios, de los cuales no se les permitía salir.
Aunque la Organización Mundial Salud (OMS) advirtió en 1960 que tales políticas de aislamiento ya no eran necesarias, el gobierno japonés sólo abolió las leyes sobre cuarentena hace dos años.
La lepra, una enfermedad infecciosa crónica caracterizada principalmente por síntomas cutáneos y nerviosos como tubérculos, manchas, úlceras y anestesias, está en disminución en todo el mundo.
La incidencia mundial cayó de 2,3 a 1,7 cada 10.000 habitantes entre 1995 y 1996, y en los últimos 11 años se redujo 82 por ciento, según la OMS.
Arata recuerda aún cuando dos agentes de policía llegaron a su casa un día después de que los médicos le diagnosticaron lepra.
"Me dijeron que debía irme inmediatamente con ellos hacia un lugar lejano donde viven los leprosos. Intenté escapar, pero me llevaron por la fuerza", relató.
En aquella época, la enfermedad era considerada hereditaria y altamente contagiosa. Los familiares que visitaban a los pacientes debían usar trajes especiales y sumergirse luego en una piscina con desinfectante.
Como resultado, los pacientes y sus familias eran marginados de la comunidad. En el caso de Arata, la discriminación era tal que sus padres le pidieron que se cambiara el nombre para poder ser borrado del registro familiar y no ser un estigma para sus hermanos.
Cuando Arata quiso casarse con una paciente internada en la misma institución, tuvo que declarar a las autoridades de la salud que estaba dispuesto a ser esterilizado.
"No querían que los leprosos tuviéramos hijos porque consideraban que contaminábamos la pureza de la raza japonesa", afirmó.
Durante la guerra del Pacífico, los leprosos eran considerados como una carga por el gobierno porque no podían sumarse a las filas japonesas, y esto hizo crecer el prejuicio contra ellos, arguyen los demandantes.
Así mismo, Arata señaló que el gobierno no realizó ningún esfuerzo por educar a la gente para facilitar la reinserción en la sociedad de los enfermos curados.
En 1995, la Asociación Japonesa contra la Lepra, bajo los auspicios del Ministerio de Salud y Bienestar, presentó un informe en el que exigía la derogación de la ley de cuarentena.
Pese a que la recomendación fue adoptada, unos 5.200 enfermos de lepra viven todavía en 15 sanatorios de Japón. La mayoría de ellos se han recuperado, aunque algunos perdieron la vista y tienen dificultad para mover sus miembros. El paciente promedio tiene 71 años.
La mayoría de estas personas no tienen adónde ir, tras haber pasado más de la mitad de su vida aislados y perder todo contacto con sus familiares.
Los padres de Arata le dejaron algo de dinero con el cual él y su esposa lograron construir una pequeña casa, y ahora se ganan la vida haciendo tareas ocasionales.
"Pero nuestra vida no cambió mucho pese a la derogación de la ley. La gente es un poco más tolerante, pero todavía nos considera sucios", declaró Arata.
Los enfermos de lepra reciben del gobierno 6,3 dólares por día en alimentos y una pequeña pensión.
Aunque el juicio colectivo no logrará borrar el pasado ni la discriminación, Arata espera que al menos otorgue a los sobrevivientes una compensación mayor para que puedan llevar una buena calidad de vida en sus últimos años.
También confía en que el juicio contribuya a educar a los japoneses y al resto del mundo sobre los abusos que padecieron los demandantes y a lograr un mejor tratamiento para otros pacientes. (FIN/IPS/tra-en/sk/js/ml/he-hd/98
