Las trabas migratorias impuestas por Guatemala a los ciudadanos del resto de América Central se convirtieron, a las puertas del año 1999, en un nuevo obstáculo para la integración regional.
El presidente de Guatemala, Alvaro Arzú, confirmó el martes pasado que mantendrá las restricciones migratorias que adoptó a fines de noviembre, pese a un acuerdo de libre tránsito vigente entre este país y Honduras, El Salvador y Nicaragua.
El Acuerdo de Paso Fácil, conocido como CA-4, permite a los ciudadanos de los países suscriptores transitar libremente y permancer hasta 90 días en el país centroamericano al que visita.
Pero el gobierno de Arzú impuso restricciones unilaterales, con el argumento de que el mecanismo ha sido utilizado para el ingreso ilegal de centroamericanos a México, país con el que Guatemala tiene fronteras, y de allí a Estados Unidos.
El ministro del Interior de El Salvador, Mario Acosta, anunció que su país podría adoptar medidas similares a las de Guatemala como represalia. Arzú replicó desde Guatemala al diario La Prensa, de El Salvador, que no le preocupan esas represalias.
"Nosotros aceptaríamos que fuera recíproco, desde luego que sí y así debe de ser", declaró.
Arzú afirmó que era necesario restringir el ingreso y permanencia de centroamericanos en 15 departamentos de ese país para disminuir el movimiento de personas hacia México, el comercio, el tráfico de drogas, la delincuencia y el crimen organizado.
Esa medida era necesaria para "ordenar la situación en nuestro territorio", pues "tenemos el derecho de fiscalizarlo, vigilarlo y a proteger nuestros recursos», aseguró.
El ministro de Gobernación (interior), Rodolfo Mendoza, dijo al mismo diario salvadoreño que todos los centroamericanos detenidos en México eran enviados a Guatemala, de acuerdo con los convenios internacionales, pero Guatemala no podía enviarlos a sus países de origen debido a la vigencia del CA-4.
Esta situación, aseguró, hace que permanezcan en Guatemala muchos centroamericanos de forma ilegal, que solo esperan la posibilidad de trasladarse a México y Estados Unidos.
La precaria situación de estos emigrantes genera una espiral de delincuencia que el gobierno guatemalteco quiere detener.
Luego de romper el acuerdo de paso fácil, el 15 de noviembre, Guatemala ha devuelto a sus países a 700 centroamericanos, la mitad de ellos salvadoreños.
El gobierno de El Salvador asegura que la actitud de Guatemala obedece a presiones de Estados Unidos y México para reducir el paso ilegal de centroamericanos que buscan oportunidades para rehacer sus vidas, en especial del huracán Mitch.
Los exportadores salvadoreños indicaron que el problema es político y no empresarial y, en ese sentido, la decisión de Guatemala no afectó el comercio bilateral.
Ana Lorena Pocasangre, representante del sector, aseguró que las autoridades guatemaltecas procuran evitar que su país sea puente para los inmigrantes que van hacia Estados Unidos, y que, por lo tanto, el problema no afecta el comercio.
Arzú realizó este miércoles una rápida e imprevista visita a Costa Rica para conversar con su par Miguel Angel Rodríguez sobre problemas de narcotráfico, cooperación y comercio, informó la Presidencia costarricense. (FIN/IPS/mso/mj/ip pr/98
