ESPAÑA: Gobierno y pescadores divididos ante Gibraltar

El gobierno y los pescadores españoles están divididos ante el conflicto con Gran Bretaña por el Peñón de Gibraltar, que controla el canal que comunica al mar Mediterráneo y el océano Atlántico.

Los representantes de los pescadores están negociando con el gobierno de Gibraltar desde el domingo, dentro del territorio ocupado por Gran Bretaña y cuya soberanía reclama España. Mientras, el gobierno español niega toda validez a esas negociaciones, pues no reconoce a la autoridad gibraltareña.

Los negociadores pretenden resolver un conflicto que recrudeció la semana pasada, cuando patrulleras gibraltareñas hostigaron a pescadores españoles en las aguas próximas al Peñón, una zona, recuerdan esos pescadores, en las que faenan desde hace más de un siglo, sin haber necesitado nunca un permiso especial.

El Peñón de Gibraltar y la zona adyacente, unos seis kilómetros cuadrados, pertenecieron a España hasta el 1704, cuando fue ocupado militarmente por los británicos. El Tratado de Utrecht, firmado en esta ciudad holandesa en 1713, incluyó una cesión forzada de esa plaza de España a Gran Bretaña.

España nunca renunció a recuperar ese territorio y desde la existencia del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas reitera periódicamente su demanda. Gran Bretaña, al igual que con las Islas Malvinas, responde que la autodeterminación corresponde a los habitantes de esos territorios.

Por su parte, el gobierno español sustenta hacia Gibraltar la misma posición que el argentino hacia las Islas Malvinas: los habitantes de los territorios en disputa no son originarios de ellos y por lo tanto son ocupantes de la potencia colonial y carecen del derecho a la autodeterminación.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, Abel Matutes, dijo este lunes que su gobierno no se opone a las negociaciones, si sirven para que los pescadores puedan pescar.

En todo caso, prosiguió, si los gibraltareños y los pescadores firman un acuerdo, éstos "lo pueden colgar del palo mayor, lo pueden llevar entre sus documentos o lo pueden poner en un marco en su cuarto de baño".

Por lo pronto, el gobierno español dispuso endurecer los controles en la verja de Gibraltar, un dispositivo aduanero que comunica a la colonia con el resto de España. Esa medida ha hecho que este lunes se registraran hasta tres horas de demora para entrar o salir de ella.

Fuentes del gobierno español atribuyen el hostigamiento a intereses electorales del ministro principal del Peñón, Peter Caruana, pero advierten que las patrulleras dependen de Londres y que nadie ha aclarado todavía el origen de la orden que motivó su actuación.

Los representantes de los sindicatos de pescadores de las dos centrales mayoritarias españolas, la socialista Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), de origen comunista, fueron citados el domingo por Caruana, bajo el compromiso de que la reunión no se hiciera pública.

Caruana pidió también que a la cita no asistieran políticos, pero informó a los medios de comunicación de Gibraltar lo qye motivó que se concentraran frente al lugar de la reunión unos 2.000 manifestantes, ocho por ciento de la población del Peñón.

Entre gritos hostiles, los representantes de los pescadores españoles tuvieron que salir protegidos por la policía local y acompañados por el propio Caruana hasta la verja. Este lunes, para evitar esos incidentes, la reunión se realizó en el aeropuerto gibraltareño, que está bajo control británico.

Matutes recordó la existencia de un acuerdo verbal entre los gobiernos de España y Gran Bretáña, que reconoce que los pescadores españoles tienen derecho a faenar a 300 metros de distancia de la costa gibraltareña y a partir de 35 metros de profundidad.

El acuerdo fue desconocido la semana pasada por las autoridades gibraltareñas, que reclaman el derecho a otorgar o negar licencias de pesca en lo que consideran sus aguas territoriales.

Fuentes gubernamentales españolas acusan a las autoridades gibraltareñas de permitir que el Peñón sea un centro de contrabando y distribución de drogas ilegales, así como de lavado de dinero sucio proveniente del narcotráfico.

Pero el cierre de la verja, como ocurrió años atrás, o las trabas para traspasarla que motivan atrasos, además de molestar a los gibraltareños es también un problema para los españoles de las zonas limítrofes, que en gran cantidad tienen su trabajo en Gibraltar.

Representantes de los pescadores y los partidos opositores españoles responsabilizan al gobierno de José María Aznar por lo que consideran falta de vigor en la defensa de sus intereses.

"Londres está muy lejos, pero parece que más lejos está Madrid", se quejó Miguel Alberto Díaz, portavoz de la Mesa de la Pesca y secretario comarcal de CCOO. (FIN/IPS/td/ag/ip-if/99

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