Papúa-Nueva Guinea fracasó en su intento por revertir la decisión de una corte de arbitraje internacional que la condenó a pagar 25 millones de dólares a la empresa británica de seguridad Sandline International.
El pago, ordenado por un tribunal internacional reunido en el estado australiano de Queensland el pasado octubre, tiene origen en una abortada contratación de Sandline en 1997 por el gobierno del país asiático.
La firma británica fue contratada para proveer al gobierno mercenarios y equipos militares con el fin de aplastar una insurrección en la isla de Bougainville, 800 kilómetros al noreste de la capital Port Moresby, pero el plan fue descubierto y cancelado ante la oposición del ejército.
La mitad de los honorarios de Sandline, de 36 millones de dólares, fueron pagados en 1997, pero cuando el primer ministro Bill Skate asumió el gobierno se negó a abonar el resto, arguyendo que el contrato fue ilegal porque la Constitución prohíbe la contratación de mercenarios extranjeros.
Sandline demandó a Papúa-Nueva Guinea por la parte impaga del acuerdo y los costos, y el tribunal de arbitraje internacional hizo lugar a la demanda.
El gobierno apeló la sentencia ante la Corte Suprema de Queensland, pero ésta resolvió el 30 de marzo que no tiene jurisdicción sobre el asunto y rechazó el caso.
Ahora, las autoridades del estado asiático se preparan para una nueva apelación o un gran asalto a sus reservas de dinero.
Varios observadores afirmaron que el veredicto afectó la ya incierta confianza de los inversores en el país, que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) atraviesa una "verdadera crisis fiscal".
El gobierno tiene 21 días a partir del fallo judicial para apelar la decisión, y el primer ministro Skate prometió que hará todo lo posible para no pagar el resto de la deuda.
Los abogados representantes del gobierno declinaron hacer comentarios acerca de si el gobierno apelará la decisión.
"Supongo que lo harán", dijo un observador que siguió el caso de cerca. "El gobierno llegó hasta aquí y el prestigio nacional está en juego, por lo que creo que llegará hasta el final".
El asunto Sandline tiene sus orígenes a mediados de los años 80, cuando los propietarios de tierras de Bougainville comenzaron a protestar por los efectos ambientales y sociales de la gran mina de cobre de Panguna.
La mina es propiedad de Cozinc Rio Tinto Australia, subsidiaria de la gigantesca compañía minera británica Rio Tinto-Zinc Corporation.
La rebelión logró el cierre de la mina, que representaba 40 por ciento de las exportaciones de Papúa-Nueva Guinea y 17 por ciento de su producto interno bruto.
Después de infructuosos intentos del ejército para derrotar al movimiento secesionista, el anterior gobierno de Julius Chan decidió emplear los servicios de Sandline International, una filial en Londres de la empresa sudafricana de mercenarios Executive Outcomes.
"Una unidad mercenaria altamente capacitada y entrenada parecía una opción muy atractiva para un aparato militar que no podía ganar por sí mismo", explicó Bob Burton, investigador de asuntos de minería del Instituto de Política Mineral, con sede en Sydney.
Chan firmó un contrato por 36 millones de dólares en enero de 1997 por el cual Sandline se comprometía a proveer helicópteros de combate, transporte de tropas, equipos electrónicos de guerra y hasta 40 mercenarios para ayudar a las fuerzas de Papúa-Nueva Guinea a vencer a los secesionistas y recuperar la mina de cobre.
Los mercenarios llegaron a Bougainville en febrero de 1997, pero dos semanas más tarde, el comandante militar, general Jerry Singirok, inició una revuelta que terminó con la deportación de los mercenarios y la caída del gobierno de Chan.
Chan había pagado 18 millones de dólares a Sandline. La compañía reclama ahora la segunda cuota impaga, de otros 18 millones de dólares, más siete millones por concepto de intereses y gastos que le habría ocasionado el levantamiento militar.
Como la mediación internacional entre Sandline y Papúa-Nueva Guinea realizada en octubre resultó a favor de la compañía de seguridad, el gobierno asiático decidió llevar el caso ante la justicia.
En respuesta, Sandline se dedicó a buscar, identificar e intervenir en las cuentas bancarias internacionales de Papúa-Nueva Guinea.
Como consecuencia, se congelaron los fondos de varias cuentas bancarias internacionales del gobierno, incluso los de su misión en la Unión Europea.
Sandline presentó su reclamo de dinero en diversas capitales europeas y en Estados Unidos. En marzo, Puerto Moresby pidió ayuda a Canberra para proteger sus depósitos en Australia.
Las acciones de Sandline repercutieron gravemente sobre la economía de Papúa-Nueva Guinea, que ya estaba en crisis.
"Esto está causando gran incertidumbre en ciertos círculos", comentó Tony Regan, un experto de Papúa-Nueva Guinea que trabaja en la Universidad Nacional de Australia.
La controversia arruina los esfuerzos del gobierno por conseguir fondos de bancos extranjeros y también elimina la posibilidad de recibir fondos de ayuda para la reconstrucción de Bougainville, indicaron observadores.
"Sandline sabe dónde están esos depósitos. Papúa-Nueva Guinea puede escaparse pero no ocultarse. No hay maniobra política que pueda ayudarle a eludir su responsabilidad", advirtió el abogado de Sandline, Michael Klug, después del fallo de la Corte Suprema de Queensland.
Se espera que el gobierno apele el fallo del 30 de marzo, pero la mayoría de los observadores son pesimistas en cuanto al resultado.
El gobierno de Skate carga con el costo de los errores cometidos por su antecesor, aunque muchas cosas hayan cambiado desde que se instaló el nuevo gobierno.
Bougainville, por ejemplo, la isla que Chan quería invadir con los mercenarios contratados, está en medio de un proceso de paz.
"Es una situación espantosa. Uno de los países más pobres del mundo se ve obligado a pagar una gran cantidad de dinero, pero firmó un contrato, así que es legalmente responsable", lamentó Burton. (FIN/IPS/tra-en/awn/js/at-ceb-mlm/ip/99
