DESARME: Uso de minas terrestres sigue impune

La primera reunión de estados parte de la Convención para Prohibir las Minas Terrestres concluyó hoy en la capital de Mozambique sin responder qué sanción recibirán los países que firmaron el instrumento y siguen usando las armas.

La Convención, firmada por 135 países, se convirtió en ley internacional el 1 de marzo. Pero los activistas señalan que la norma no tendrá utilidad si los gobiernos la ratifican y luego violan el tratado impunemente.

El "Informe Monitor de Minas Terrestres" de la Campaña Internacional para Prohibir las Minas Terrestres (ICBL) documentó 13 conflictos en los que se usaron este tipo de armas desde que el tratado fue firmado en diciembre de 1997, y cinco más en que probablemente se hayan empleado.

El Informe destaca los casos de Angola, Guinea Bissau y Senegal, que firmaron la Convención, pero siguen utilizando las minas terrestres en sus guerras civiles.

El lunes, en la sesión de apertura de la conferencia, todas las delegaciones criticaron la actitud de los tres países, sobre todo la de Angola.

Las críticas sorprendieron porque los gobiernos, en una reunión como esta, auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo general intentan no ofenderse unos a otros y las quejas quedan escondidas en eufemismos diplomáticos.

Países donantes declararon en la conferencia que prefieren reducir o retirar la ayuda destinada a los programas para remover las minas en aquellos países que violan el tratado, y concentrar sus recursos en los estados que lo acatan.

Pero Jody Williams, quien en 1997 ganó el premio Nobel de la Paz como coordinadora de la ICBL y ahora es embajadora de la organización, discrepa con esa actitud. "Sería una tragedia que las víctimas sufrieran aun más por las acciones ilegales de sus gobiernos", declaró.

Williams dijo que la ICBL seguirá presionando y haciendo campaña contra los países infractores.

Pero otros activistas no comparten la opinión de Williams, sobre todo aquellos procedentes de países minados, como Mozambique, que encabezó el movimiento contra las minas terrestres y cumple escrupulosamente el tratado.

"No hay duda de que esos países deben ser sancionados, que no se les debe permitir el ingreso a las conferencias, y que se les debe retirar la ayuda contra las minas porque sería un desperdicio", exhortó Farida Gulamo, fundadora de la campaña mozambiqueña para prohibir las minas y secretaria general de la Asociación de Personas Discapacitadas de Mozambique.

La ONU debe crear un mecanismo para sancionar a los infractores, y la ayuda de los donantes se debe canalizar a la asistencia a las víctimas en países minados que cumplan el tratado, recomendó Gulamo.

Organizaciones no gubernamentales (ONG) que participan en actividades contra las minas en Angola, donde las fuerzas del gobierno y los rebeldes siguen colocando minas, ya sienten las consecuencias de la reducción de la ayuda.

Este año, el gobierno noruego redujo 15 por ciento su apoyo al programa de acción contra las minas en Angola, el de Dinamarca 40 por ciento, el de Holanda 50 por ciento y el de Australia 100 por ciento.

Existe la necesidad de enviar una "señal clara y fuerte que las violaciones al tratado provocarán consecuencias graves", dijo Christian Holmboe, de la organización Ayuda del Pueblo Noruego, pero agregó que es consciente de los efectos de la reducción de la ayuda.

"A los gobiernos no les interesa porque las elites no sufren. Los diamantes y el petróleo siguen pagando por la guerra. Le estaríamos dando al blanco equivocado. Los únicos perdedores serán los más vulnerables, los más pobres y los desplazados internos", afirmó.

La capacidad de las actividades contra las minas se reduce si se detienen durante varios meses. Si las personas encargadas de retirar las minas no reciben salarios, buscan empleo en otra parte o corren el riesgo de ser absorbidos por el ejército, debido a sus conocimientos.

El problema de las sanciones surge en este caso porque la prohibición de las minas terrestres es algo nuevo.

Es la primera vez en la historia que la sociedad civil obliga a los gobiernos y a los militares a cambiar la forma en que se libra la guerra, y la primera que la sociedad civil intenta vigilar el cumplimiento de un tratado de desarme.

Un caso a destacar es la actitud positiva de la delegación senegalesa en Maputo. Senegal fue acusado de colocar minas contra los rebeldes basados en la vecinas Guinea Bissau. Los representantes senegaleses solicitaron una reunión con la ICBL para intercambiar puntos de vista al respecto.

A pesar de las violaciones, la ICBL señala que la Convención logró avances. Las minas ya no se usan automáticamente y sin consideración por sus efectos contra la población civil.

Treinta países destruyeron más de 12 millones de minas de sus reservas. Al menos 38 países dejaron de producirlas, y ahora sólo quedan 16 productores en el mundo. En los últimos años no hay evidencias de que se hayan exportado cantidades significativas de minas.

Irak es el único exportador conocido que no declaró públicamente que cesará las ventas al exterior. Ocho de los 12 mayores productores y exportadores firmaron el tratado.

El debate sobre cómo sancionar a los países que firmaron y violaron el tratado recién comienza. (FIN/IPS/tra-en/ms/mn/aq/ip/99

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