(Derechos Humanos) MERCOSUR: "Gatillo fácil" genera mayor violencia

Gobiernos nacionales o estaduales de Argentina, Brasil y Uruguay han probado fórmulas represivas para combatir el creciente "sentimiento de inseguridad" en la población que condujeron a mayor violencia en la sociedad.

Estudios especializados muestran que recetas como el incremento de las penas de prisión y sobre todo la mayor "libertad" otorgada a la policía han servido a lo sumo para tranquilizar a la población, pero no para reducir la delincuencia.

Sin embargo, en estos últimos meses tanto el vicepresidente de Argentina, Carlos Ruckauf, como el ministro del Interior de Uruguay, Guillermo Stirling, han formulado declaraciones o presentado proyectos que ponen el acento en el reforzamiento de la represión.

Ruckauf fue particularmente gráfico cuando este mes incitó a la policía argentina a "meter bala a los malvivientes", al tiempo que reclamó un aumento de las sanciones penales contra los culpables de delitos contra la propiedad e insistió en la necesidad de rebajar la edad de imputabilidad.

Stirling propuso a su vez instituir la presunción de la legítima defensa para los agentes que hieran o maten a presuntos delincuentes en enfrentamientos y la figura de la celada, es decir la provocación de hechos ilícitos por la policía.

El Ministerio del Interior uruguayo encargó este mes una encuesta de opinión sobre el tema de la seguridad pública en la que una de las preguntas que se formulaban tenía que ver con la restauración de la pena de muerte, abolida hace décadas.

La restauración del castigo capital para ciertos crímenes graves fue propuesta por el presidente argentino Carlos Menem.

Por el contrario, en el estado brasileño de Río de Janeiro, donde hasta el año pasado predominaba la misma tendencia de apostar "todo a la represión", las nuevas autoridades estaduales han modificado radicalmente de estrategia.

Pretendiendo corregir los "errores" del pasado, Anthony Garotinho, quien asumió como gobernador de ese estado en enero último, sostuvo que "se debe cambiar de lógica y hacer de la policía un organismo que respete los derechos humanos, en particular de los más pobres".

"La policía se maneja con una lógica de guerra heredada de la dictadura militar (1964-1988) en la que siempre tiene un enemigo interior a destruir. Antes era 'el comunismo', ahora es la delincuencia, sobre todo en los barrios marginales", dice Garotinho, elegido por una coalición de izquierda.

Entre 1995 y 1998, el general Nilson Cerqueira, por entonces secretario de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro, implementó una serie de medidas para "respaldar la acción policial contra la delincuencia".

Entre ellas destacaban el establecimiento de una prima a los agentes que reprimían hechos delictivos con sus armas.

En un estudio titulado "El uso de las armas de fuego por la policía de Río", el sociólogo Ignacio Cano demostró que esa disposición provocó un aumento sensible de las muertes de civiles en hechos delictivos, y en menor medida de policías.

Las autoridades estatales "cubrieron" en la época verdaderos asesinatos que eran presentados como enfrentamientos para que los agentes, muy mal remunerados, cobraran la prima prometida, sostiene Cano.

En 65 por ciento de los 700 casos de muerte de delincuentes examinados en la morgue en 1998, los fallecidos presentaban varias heridas de bala en la espalda, y 40 de ellos habían sido ejecutados a quemarropa, precisa el estudio.

"Para el general Cerqueira, erradicar el crimen equivalía a exterminar a los delincuentes", señaló por su lado la antropóloga Jacqueline Muniz.

En Argentina, la consigna de "meter bala a los malvivientes" dada por Ruckauf es en realidad aplicada desde mucho antes por la policía, ante la pasividad, sino el aliento, del gobierno nacional, indica un informe del diario Página 12.

De acuerdo a un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales, en el primer semestre de este año los casos de muertes de delicuentes a manos de la policía se incrementaron 63 por ciento respecto al mismo período de 1998 y 17 por ciento el de fallecimientos de agentes de seguridad en tiroteos.

La escalada de muertes se explica no sólo por el aumento del grado de violencia de los hechos delictivos, factor esgrimido como justificación por la policía, sino sobre todo por el "gatillo fácil" de los propios uniformados.

El CELS menciona también en apoyo de su tesis el escaso número de delincuentes heridos en relación al de muertos en ocasión de supuestos enfrentamientos con la policía.

El índice de mortalidad (producto de la división del total de muertos por la de heridos) pasó de 0,64 en el primer semestre de 1998 a 0,99 en igual lapso de este año.

"Según los estándares internacionales, el número de heridos debería ser sensiblemente menor", subraya el CELS, citando por ejemplo el guarismo de 0,2 que registra una ciudad conocida por su alto grado de violencia como Nueva York.

La paradoja, concluye el documento, radica en que es el propio Estado el que provoca un aumento del grado global de violencia y por ende contribuye a incrementar el "sentimiento de inseguridad" que dice combatir.

De la misma opinión fueron organizaciones de defensa de los derechos humanos y analistas de Uruguay que comentaron las últimas medidas recomenadas por el ministro Stirling para "defender" a la policía.

La instauración de la figura de la celada, que consiste en que agentes de seguridad inciten a un presunto delincuente a cometer una infracción, "no sólo es peligrosa sino también ilegal", opina Guillermo Waksman, director del semanario uruguayo Brecha.

Waksman recordó que un artículo octavo del Código Penal uruguayo prohibe castigar "el hecho delictuoso provocado por la autoridad para obtener su represión", con el "fundamento jurídico de que se trata de actos ilícitos que nadie puede asegurar que se hubieran cometido de no haber sido inducidos".

Otra de las propuestas del ministro (aumentar de 24 a 48 horas el plazo de indagatoria de presuntos delincuentes en dependencias policiales) es, a su vez, francamente inconstitucional, agrega.

Abogados del no gubernamental Servicio Paz y Justicia consideraron por su lado que existe en Uruguay un grave riesgo de que para dar satisfacción a amplios sectores de la población que reclaman mayor eficacia de la policía en la represión del delito se caiga en actos de demagogia.

"En ningún lugar del mundo un incremento de la represión ha conducido a la merma de los índices de delincuencia, sino que más bien los ha incrementado al contribuir a generar más violencia", asegura el organismo humanitario. (FIN/IPS/dg/ag/hd ip/99

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