El gobierno de México investiga la existencia de nuevos grupos guerrilleros en el sur del país, mientras columnas de rebeldes exhortan a los campesinos a tomar las armas, incluso en localidades vigiladas por el ejército.
Quince hombres uniformados y armados con rifles AK-47 aparecieron el miércoles en la comunidad de El Veladero, en el estado de Guerrero, e instaron a los pobladores a unirse al Comando Justiciero 28 de Junio y al Comité Clandestino Revolucionario de los Pobres.
A un costado de las instalaciones de la novena zona militar, algunos insurgentes llamaron a la población a optar por la lucha armada mientras otros pintaron consignas a favpr de esas organizaciones clandestinas, según versiones de los lugareños.
Integrantes del nuevo grupo armado hicieron su primera aparición pública el 21 de julio en la localidad guerrerense de Ahuacatitlán, donde permanecieron durante dos días, luego de los cuales fueron perseguidos sin éxito por el ejército.
"Se nos pelaron (escaparon), no sabemos cómo, pero se fueron", afirmaron soldados que participaron en la búsqueda, que involucró a decenas de efectivos.
De acuerdo con cifras del Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, en este país latinoamericano las compras de armas crecieron entre 1994 y 1998 de 40 millones de dólares a 306 millones.
Los responsables de la seguridad del país determinaron aumentar el gasto en armas ante la necesidad del ejército, la armada y la fuerza aérea de reforzar su lucha contra los movimientos guerrilleros, manifestaron expertos.
A raíz del incidente en Ahuacatitlán, la Procuraduría General de Justicia Militar inició investigaciones sobre la actividad guerrillera en la zona donde el Ejército Popular Revolucionario (EPR) irrumpió el 28 de junio de 1996 para demandar cambios sociales al sistema político.
El Veladero es una localidad colindante con el municipio de Coyuca de Benítez, bastión del EPR, que junto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) son los únicos dos grupos guerrilleros reconocidos por las autoridades.
En Chiapas, el EZLN peleó con las armas contra las fuerzas armadas mexicanas durante 12 días a partir del 1 de enero de 1994 y desde entonces promueve diversas iniciativas pacíficas a favor de los derechos de los indígenas.
Investigaciones privadas señalan que el EPR y el EZLN tuvieron su origen en organizaciones de izquierda que lucharon durante los años 60 y 70.
Hace dos meses y medio, el Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública del estado de Morelos, vecino de la ciudad de México, advirtió que unos 14 grupos rebeldes operan con sigilo en el sur de México, al acecho de la mejor oportunidad para salir a la luz pública.
Morelos, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, con altos índices de pobreza y de población indígena, son los estados donde esas organizaciones sentaron sus bases, de acuerdo con el estudio.
Otros informes han registrado la existencia en México de al menos 12 grupos rebeldes, incluidos los dos reconocidos por el gobierno, que aceptó sentarse a negociar la paz sólo con el EZLN.
Debido a discrepancias entre los representantes oficiales y los zapatistas, las conversaciones se mantienen en suspenso desde 1996.
Desde la mañana del miércoles, decenas de efectivos del ejército apoyadas por vehículos de reconocimiento y carros artillados patrullaban la región, sin que hasta este jueves se informara sobre posibles capturas.
Las fuerzas armadas instalaron un puesto de control adicional a los ya existentes cerca de Coyuca de Benítez, que era sobrevolado por helicópteros castrenses, afirmaron testigos.
Asimismo, el ejército reforzó con "más de 70 camiones y 5.000 hombres" los 15 campamentos y controles que mantiene en las zonas de Chiapas habitadas por simpatizantes del EZLN, denunció este miércoles el ayuntamiento zapatista autónomo Ricardo Flores Magón.
Unos 15.000 indígenas y campesinos chiapanecos fueron desplazados en los últimos cinco años por la violencia en la zona, mientras otros 150 perdieron la vida, según distintas organizaciones de derechos humanos.
Para el presupuesto de este año, la Secretaría (ministerio) de Gobernación (Interior) incluyó una "partida por demás enigmática" de unos 37 millones de dólares para el programa nacional de seguridad pública, afirmó el analista político Sergio Aguayo.
El programa oficial establece que los recursos serían utilizados para que un "grupo antiterrorista" adquiera "bienes muebles", una categoría "suficientemente ancha para que en ella entren armamentos, animales o vehículos", destacó Aguayo.
"¿Cuál es la definición de 'terrorista', cuántos elementos integran ese grupo, de dónde vienen y quién los entrenó?", se preguntó.
El analista señaló que basta "poner el sello de seguridad nacional para que reine el misterio". (FIN/IPS/pf/mj/ip/99
