/BOLETIN-DD HH/ PERU: Trabajo infantil, entre la necesidad y el abuso de poder

Medio millar de niños y niñas fabrican ladrillos en Huachipa, Perú, en jornadas extenuantes y bajo condiciones insalubres, pero éste no es "el ejemplo más espeluznante de trabajo infantil" en este país, afirmó allí el director general de la OIT, Juan Somavía.

Somavia, de nacionalidad chilena, efectuó esta apreciación aun admitiendo que los niños de la fábrica de Huachipa "trabajan hasta 12 horas diarias amasando barro, haciendo ladrillos y cargándolos para que se sequen al sol".

La paga en esta fábrica, a unos 14 kilómetros del centro de Lima, es de nueve dólares por millar de ladrillos, un trabajo que insume dos jornadas enteras.

Somavía mencionó a los "niños topo", que trabajan junto a sus padres en minas abandonadas en la sierra meridional peruana para extraer minerales prácticamente a mano limpia, y a los pequeños que en algunas zonas de la costa pican rocas en las canteras.

"El gobierno se comprometió, al igual que los demás de América Latina y el Caribe, a erradicar progresivamente el trabajo infantil", dijo a IPS el director de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

Somavía afirmó que el fenómeno se constata "en Huachipa, en la comunidad minera de Mollehuaca y en otros sitios también lamentables".

"Al hablar de trabajo infantil no estamos negando que se encomiende algunas tareas a los niños. No es tampoco una experiencia laboral útil ni un aprendizaje que se puede ser combinado con la escolarización, que mejore sus perspectivas presentes y futuras", dijo Somavía.

"En sus peores formas, el trabajo infantil es sencillamente un abuso de poder. Son adultos que explotan a personas jóvenes, ingenuas, inocentes, débiles, vulnerables e inseguras para su exclusivo beneficio personal", agregó.

La OIT llegó el 17 de junio a un consenso mundial para eliminar las peores formas del trabajo infantil, que incluyen condiciones de esclavitud, trabajo forzoso, tráfico de niños, servidumbre por deudas, prostitución y pornografía.

Se espera que los parlamentos de los países que suscribieron el acuerdo lo ratifiquen y que los gobiernos pongan en marcha los proyectos destinados a erradicar progresivamente el trabajo infantil en sus territorios, comenzando por los más penosos, insalubres y riesgosos.

La OIT estima que en los países en desarrollo hay unos 250 millones de niños de entre cinco y 14 años dedicados a alguna actividad económica, de los cuales alrededor de 120 millones trabajan a tiempo completo.

Siete por ciento de los niños latinoamericanos trabaja, proporción inferior a la de Africa (32 por ciento) y de Asia (61 por ciento), según la OIT. Esos porcentajes no incluyen el trabajo doméstico o el cuidado de otros niños menores, ancianos o enfermos dentro de la propia familia.

En este país de unos 24 millones de habitantes, el trabajo infantil está prohibido hace muchos años, pero se trata de un problema de grandes dimensiones.

No hay estadísticas confiables, pero se calcula que alrededor de 800.000 niños trabajan en Perú, 15.000 en condiciones peligrosas o insalubres. Los esfuerzos e iniciativas del gobierno y de las organizaciones no gubernamentales para erradicarlos se encaminan, en primer lugar, a ese sector.

Pero la erradicación del trabajo infantil es un problema polémico en países tan pobres y con elevado desempleo, como Perú, pues muchas familias dependen del dinero que ganan los niños para el sustento.

Los gobiernos deben identificar los casos más penosos y poner en marcha programas de ayuda alimentaria o trabajos sustitutos para los adultos, de modo de compensar el cese de los niños de sus actuales empleos.

Uno de los lugares elegidos para efectuar un sistemático programa de erradicación del trabajo infantil en Perú es Huachipa, zona habitada por familias de la sierra andina, en su mayoría desplazadas por la violencia política que desató la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso en la década pasada.

Huachipa está poblada por 2.164 personas, 550 de entre cinco y 14 años. Todos viven en condiciones de pobreza extrema. Las viviendas son precarias, carecen de servicios sociales básicos, agua y electricidad. Unas 200 familias se dedican a la producción artesanal de ladrillos.

El trabajo en las ladrilleras de Huachipa es pagado a destajo: nueve dólares por 1.000 ladrillos, cuya elaboración, que demanda en promedio dos días, requiere mover aproximadamente tres toneladas y media de barro, que es amasado con los pies desnudos.

Los bloques de barro deben ser alineados sobre el suelo para que el sol los deshidrate, volteados para que el secado sea parejo antes de ser horneados y apilados en columnas para su estiba en camiones.

"Es un trabajo penoso, insalubre. Amasar barro todo el día provoca afecciones bronquiales. Los pies se agrietan y se lastiman. Las jornadas son de 12 horas a veces, para completar la faena", comentó la asistente social Gloria Chavez.

Somavía y algunos asistentes a la 14 Reunión Regional de la OIT que entonces se realizaba en Lima asistieron en Huachipa a la colocación de la primera piedra de la futura planta artesanal productora de ladrillos en la que trabajarán los padres de los niños que hoy hacen esa tarea.

"Se sustituirá ese método obsoleto por otro con el empleo de máquinas modernas, que hará mas rentable y rápida la fabricación de ladrillos. Allí trabajarán los padres de los niños ahora empleados allí, con el compromiso de enviarlos a la escuela", señaló Carlos Ghersi, funcionario a cargo del proyecto.

"Ese modelo de explotación laboral insensible será reemplazado por otro de trabajadores permanentes y formales, organizados asociativamente, mediante un proceso que abarque no solo la producción, sino también la comercialización", dijo Ghersi.

"La empresa destinará 50 por ciento de sus utilidades en programas de apoyo social, salud, educación y nutrición cuyos beneficiarios sean los niños ex trabajadores. El otro 50 por ciento se reinvertirá en la misma empresa", concluyó. (FIN/IPS/al/mj/lb hd dv/99

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