Trabajadores del canal de Panamá exigen a Estados Unidos 80 millones de dólares en indemnizaciones y la confirmación en planilla de 2.000 obreros con contrato temporal antes del 31 de diciembre, cuando Washington entregue la vía interoceánica a este país.
Estados Unidos se niega a acatar la escala de indemnizaciones basada en el código laboral panameño establecida en los tratados sobre el destino del canal firmados en 1977 entre los dos países, subrayó el presidente de la Asociación de Empleados del Canal, Ray Bishop.
Las indemnizaciones deben pagarse a los antiguos empleados de Washington en el canal y sus bases militares radicadas allí por la terminación del vínculo laboral, explicó Bishop.
El sindicalista viajará a Washington en noviembre para denunciar al Comité de Relaciones Exteriores del Congreso legislativo estadounidense "las violaciones a los tratados del canal en materia laboral" por parte del gobierno de Bill Clinton, dijo.
A diferencia "de la falta de apoyo" recibido del gobierno de Ernesto Pérez Balladares, la actual presidenta Mireya Moscoso, en el cargo desde el día 1, "se comprometió a realizar gestiones ante Estados Unidos para que se nos reconozca el pago de las indemnizaciones", advirtió Bishop.
El sindicalista explicó que la Asociación de Empleados del Canal realiza una investigación para determinar el monto exacto y la cantidad de personas afectadas, pero adelantó que la suma supera los 80 millones de dólares y que los beneficiarios serían unos 35.000.
El ex negociador panameño de los tratados canaleros Oyden Ortega recordó que el artículo 13 de los tratados de 1977 obliga a Estados Unidos a entregar el canal el 31 de diciembre "sin ningun tipo de deuda".
Ortega, quien también estuvo a cargo de los ministerios de Trabajo y de Relaciones Exteriores en los años 80, afirmó que Estados Unidos "propone compensaciones" a los trabajadores despedidos "que son mucho menores a las que corresponden a los empleados" de acuerdo con la legislación laboral panameña.
El código laboral panameño calculan las indemnizaciones por despido, en promedio, como tres semanas de trabajo por cada año de antigüedad en el trabajo.
Bishop recordó que entre los despedidos y otros que serán cesados hasta el 31 de diciembre, cuando Estados Unidos abandone de forma definitiva el canal y las bases militares, figuran obreros que cuentan hasta con 25 años de antigüedad.
Ortega indicó que las indemnizaciones laborales no prescriben. Por eso, si Estados Unidos no cumple con lo establecido en los tratados, tendría que ser el Estado panameño el que se haga cargo de pagarlas, lo cual "es violatoria del tratado" de 1977.
Mientras, la Coalición de Uniones de Trabajadores del Canal demandó a la actual Comisión Administradora del Canal que otorgue la permanencia a unos 2.000 trabajadores temporales que, sin embargo, tienen entre 10 y 15 años contratados.
La Comisión Administradora del Canal está integrada por cinco representantes del gobierno de Estados Unidos y cuatro de Panamá.
La portavoz de la Coalición, Felicia Ng, denunció que el régimen de contatación impuesto por la comisión binacional que administra el canal desde inicios de la década del 80 "ha provocado una situación de discriminación laboral" dentro del canal.
Ng advirtió que, con el régimen laboral discriminatorio que aplica la Comisión Administradora, existe "un grupo de empleados permanentes cuyo futuro está segurado, y otro grupo de empleados temporales haciendo el mismo trabajo por 10 o 15 años sin que se le reconozca la permanencia".
La sindicalista argumentó que, a pesar de que existe la plaza de trabajo, la Comisión Administradora ubica en ella a diferentes personas cada cierto tiempo, "transformando al empleado en una especie de ficha temporal que mueve a su gusto" y sin darle la permanencia, como ocurría antes.
"Estos trabajadores son doblemente discriminados, porque por un lado los someten a una inestabilidad laboral, y por el otro tienen que realizar labores que no están a la altura del grado (salario) para el cual fueron contratados", denunció Ng.
El administrador del canal, Alberto Alemán, indicó, por su parte, que el hecho de que sean trabajadores por contrato no significa que no cuenten con permanencia, sino que, a diferencia de los contratados antes de 1980, esos 2.000 empleados se inscriben "dentro de un nuevo concepto de movilidad laboral". (FIN/IPS/sh/mj/ip lb/99
