La lucha entre agricultores e industriales por una nueva regulación arancelaria y los comerciantes, que reclaman dejar todo como está, se puso al rojo vivo en Panamá mientras el nuevo gobierno intenta tomar distancia del problema.
El conflicto se originó en enero de 1998, cuando el ex presidente Ernesto Pérez Balladares redujo todos los aranceles de un promedio de cien por ciento a 8,5 por ciento con el fin de cumplir acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) e insertar al país en el proceso de globalización.
Los industriales y agricultores esperaban que a partir del 1 de este mes, fecha en que Mireya Moscoso asumió la Presidencia, se implementara el aumento de los aranceles como había prometido durante su campaña electoral.
Sin embargo, el nuevo equipo económico aduce que necesita tiempo para estudiar los aranceles que se deben revisar, por cuánto tiempo y hasta qué porcentaje reimplantar las retenciones a ciertos productos importados para proteger la producción nacional.
El ministro de Desarrollo Agropecuario, Alejandro Posse, advirtió a los industriales y agricultores que "no se puede hablar alegremente de aumentar aranceles" porque ello puede comprometer las relaciones de Panamá con la OMC y otros organismos internacionales.
También criticó a los comerciantes e importadores locales por tratar de "alarmar a la población" sobre un supuesto aumento de los alimentos si se reimplantan los aranceles vigentes hasta fines de 1997.
El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Alberto Pons, dijo este miércoles que su propuesta consiste en que se reimplanten en forma transitoria algunos aranceles para que la industria y la agricultura puedan adaptarse en forma gradual a los cambios ocurridos durante el proceso de globalización.
En 1998, "el gobierno nos mandó desarmados a una batalla por los mercados al bajar de una sola vez los aranceles hasta convertirlos en los más bajos del mundo", recordó Pons.
Una de las primeras consecuencias de esa batalla desigual descrita por el industrial, es que "sólo en 1998 se perdieron 5.000 empleos bien remunerados a causa de la competencia con productos importados con una bajísima o cero retención arancelaria", indicó.
Señaló que en el caso de los productos lácteos, Costa Rica, por ejemplo, aplica un impuesto de importación del 128 por ciento, pero en cambio exporta a Panamá pagando una retención del 40 por ciento.
"Nosotros no podemos seguir dándolo todo sin recibir nada", afirmó Pons al justificar su demanda de revisión inmediata de los aranceles de importación.
Mientras tanto, la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) reclamó a Moscoso que cumpla en forma urgente su compromiso de revisar la política arancelaria del anterior gobierno.
El secretario general de Anagan, Santos Sanjur, presentó una lista de 35 productos lácteos y 13 productos cárnicos a los cuales habría que aumentarle los aranceles para proteger la producción local.
Anagan pide que a cuatro de los 35 productos lácteos (leche evaporada, leche para fabricar quesos, leche en polvo y quesos tipo cheddar), se le incrementen los aranceles desde el actual 40 por ciento hasta 98, 84, 98 y 50 por ciento, respectivamente.
A los 13 productos cárnicos pide que se le aumenten los impuestos de importación desde el 14,2 por ciento vigente hasta el 32 por ciento.
Sanjur también reclamó reimplantar los controles sanitarios a los productos lácteos, cárnicos y demás alimentos importados para "proteger la salud de la población", ya que "ésta es una función del Estado que no puede ser renunciada ni delegada a los servicios sanitarios de otros países como ocurre actualmente".
El presidente de la Unión de Productores Agropecuarios, Pedro Rognoni, pidió "una decisión inmediata del nuevo gobierno porque no se puede esperar más".
Pero importadores y distribuidores agrupados en la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares (Acovipa) se oponen al aumento de los aranceles y lanzaron una campaña publicitaria en la que advierten sobre los perjuicios económicos que sufrirán si se vuelve al régimen anterior.
Rigoberto González, director ejecutivo de Acovipa, adujo que el aumento de aranceles "no sólo perjudicará a los comerciantes sino que los consumidores también van a perder porque no tandrán la oportunidad de escoger entre una gama de productos".
Pons denunció que la nueva política arancelaria no benefició para nada a los consumidores, como se proponía el gobierno, y que por el contrario los 423 millones de dólares que dejó de percibir el Estado por ese concepto en los últimos 20 meses "fueron a parar a las manos de los miembros de Acovipa". (FIN/IPS/sh/ag/if/99
