ARGENTINA: Ex gobernador acusado de matar con sus propias manos

El general retirado Antonio Bussi, que hasta hace poco tiempo fue gobernador provincial en Argentina, torturó y mató en persona a prisioneros de la última dictadura militar (1976-1983), aseguró un particular en una denuncia pública.

Bussi fue procesado en los años 80 por secuestro, torturas y otras violaciones de derechos humanos, pero quedó liberado de proceso por las leyes de amnistía, y fue elegido por la ciudadanía gobernador de la provincia de Tucumán en 1995.

Ahora, su estrella se apaga debido a una causa judicial por enriquecimiento ilícito que atiende en España el juez Baltasar Garzón.

El denunciante, Domingo Jerez, aseguró haberlo visto golpear a dos prisioneros con un garrote hasta matarlos, en un centro clandestino de detención desconocido hasta ahora. "Les preguntaba cosas y los 'garrotiaba"', contó.

Se trata de la segunda revelación sobre torturas o crímenes que habría cometido Bussi en persona. La primera denuncia fue efectuada por un ex gendarme que lo vio fusilar a prisioneros delante de fosas comunes.

Jerez es un taxista que vive en la provincia de Tucumán. Conoció casi todos los movimientos del centro de prisioneros cuya existencia denunció porque en 1976, en pleno auge de la represión ilegal, estaba haciendo el servicio militar obligatorio y era utilizado como chofer de camiones.

Según la denuncia, el centro clandestino de detención funcionaba en un ingenio azucarero abandonado en Caspinchango, en la selva tucumana, y no está registrado entre los 340 detectados por organismos de derechos humanos.

En esos lugares se mantenía a personas secuestradas, que eran torturadas y, en muchos casos, asesinadas. En el caso de Caspinchango, no habría habido sobrevivientes, según el relato que hizo Jerez al diario Página 12, de Buenos Aires.

El testigo dijo que transportaba a los prisioneros desde el lugar donde eran secuestrados hasta ese centro, donde las víctimas de toda edad, desnudas, eran maniatadas y mojadas a la espera de la tortura.

El hombre relató que los militares se reunían allí a cenar, tomar whisky y jugar a los naipes. Después de comer, algo ebrios, torturaban a los detenidos, a veces hasta morir. Después, llegaban mujeres que acompañaban a los represores. "Era como si se drogaran", describió Jerez.

Los militares aplicaban corriente eléctrica a los secuestrados, les arrancaban las uñas con tenazas y otras atrocidades, según el relato. Jerez recuerda haber visto incluso mujeres embarazadas, una de las cuales murió de un disparo de fusil que le habían introducido en la vagina.

"Ellos decían que eran todos guerrilleros, pero cuando los secuestraban nunca vi que llevaran ni siquiera un revólver para matar gatos", dijo Jerez, quien dio, además, algunos apellidos de militares que intervinieron en la represión: Valdivieso, Oneto, Zapata, Colotti, Alais y Zurita, entre otros.

El testigo sostuvo, además, que la mayoría de los detenidos solo sobrevivía unas horas, y sólo unos pocos, los más fuertes, lograban vivir hasta 10 días. Uno de ellos le dio un número de teléfono y le pidió que avisara a su familia, pero él no lo hizo porque, según dijo ahora, perdió el papel.

Otro detenido fue secuestrado varias veces de una casa cercana al centro, era torturado y luego lo dejaban escapar. Al tiempo era secuestrado de nuevo de su casa y todo comenzaba otra vez. "Parecía un juego", comentó el chofer.

Luego, los cuerpos eran trasladados hasta una fosa cercana donde les prendían fuego con combustible extraído de los camiones como el que él manejaba, o los arrojaban a una represa cercana, El Cadillal, desde un helicóptero, con pesas de hierro.

Jerez también dijo que, en algunos casos, los militares "no querían trabajar" en el cavado de fosas, y entonces simplemente dejaban los cuerpos sin cubrir detrás de un cementerio de la vecina localidad de Aguilares.

El testigo aseguró que nunca había hablado porque estaba amenazado de muerte, pero que los recuerdos no le permiten dormir o lo despiertan aterrorrizado.

El relato coincide con la retirada del poder de la familia Bussi de la provincia de Tucumán. Allí, el general fue gobernador en la dictadura. En solo dos años de gestión desparecieron unas 400 personas.

En los años 90, libre de procesos penales, creó un partido político, Fuerza Republicana, y consiguió ser diputado. Finalmente, fue elegido gobernador en 1995.

Desde entonces, su estrella comenzó a declinar, sobre todo luego de la denuncia por enriquecimiento ilícito que investiga en España el juex Garzón. El militar había negado tener una cuenta millonaria en un banco de Suiza, y luego debió admitir que era cierto.

Actualmente, con la derota de su hijo, llamado igual que él, en los comicios para gobernador de este año, Bussi intenta ubicarse en una banca de senador nacional por su provincia, cargo que le otorgaría fueros.

Pero su destino es, hasta ahora, incierto, y denuncias de este tipo pueden tener un efecto inesperado. (FIN/IPS/mv/mj/hd/99

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