Las estrategias para combatir la violencia doméstica implementadas en América Latina hicieron visible un fenómeno que siempre existió en las sociedades de la región, pero del que sólo se ha percibido su gravedad en la última década.
Así lo señalan investigadores de diversos países del área el libro "Violencia familiar, una aproximación multidisciplinaria", que se publicará este mes en Montevideo.
El trabajo indica que el problema de las agresiones en el hogar contra las mujeres en América Latina comenzó a salir a la luz pública en un contexto de transformaciones relevantes en la organización cultural y social.
Esos cambios tienen que ver, indica, con el cuestionamiento de "estructuras familiares jerárquicas y autoritarias" producidas por el papel cada vez mayor adquirido por la mujer en la sociedad y por la desestructuración de la familia tipo.
El descenso de la fecundidad, el aumento de las separaciones y los divorcios, así como la multiplicación de los hogares unipersonales y con jefatura femenina, y la creciente presencia de la mujer en el mercado de trabajo y en la educación terciaria son algunos de los cambios sustantivos registrados desde los 80.
La investigación, que recoge contribuciones de especialistas de distintas disciplinas de Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y Venezuela, destaca la necesidad de una coordinación mayor entre organizaciones no gubernamentales (ONG) y el Poder Judicial para combatir la violencia doméstica.
El libro presenta parte sustancial de los debates que tuvieron lugar en dos seminarios celebrados en diciembre de 1998 y abril de este año en Montevideo, organizados por el Programa de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior de Uruguay, bajo coordinación de la abogada Silvia Alvariza.
En América Latina, destaca la introducción, las primeras leyes destinadas específicamente a enfrentar las agresiones en el hogar se promulgaron en 1989 en Puerto Rico, 14 años después de la Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas, donde la problemática apareció por primera vez en un foro internacional.
Posteriormente, ordenamientos jurídicos de distintas características fueron adoptados en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Antes de que la violencia doméstica fuera percibida como "un problema grave", algo que data de los últimos cinco años, según la abogada venezolana Hanna Binstock, fue necesaria "una etapa de visibilización", destaca su colega chilena Soledad Larrain.
Esa fase, agrega, fue implementada gracias únicamente a la acción de grupos de mujeres y ONG, que "sacaron del ámbito de lo privado el comportamiento violento de que es víctima la mujer en el espacio familiar".
Al hacerse público el problema, apunta la psicóloga chilena, se generó una demanda de asistencia de parte de las propias mujeres, que mostró las carencias legislativas en la materia y las enormes dificultades que encontraban quienes acudían, por ejemplo a la policía, a formular denuncias de agresiones.
Muchas veces, coinciden los investigadores participantes en el libro, los poderes públicos intervienen en una denuncia de violencia doméstica cuando ya es demasiado tarde, es decir luego del asesinato de la víctima, desprotegida por la inacción de las autoridades.
A comienzos de esta, a medida que se consolidaban las democracias en toda la región, surgieron desde los gobiernos estrategias institucionales para combatir la violencia doméstica y de género, como la creación de Comisarías de la Mujer.
Paralelamente, observa Larrain, se inició una estrategia judicial, a partir tanto de la presión de los movimientos sociales, la acción de los gobiernos y acuerdos internacionales suscritos por los países de la región.
Las diferentes legislaciones adoptadas desde 1989 permitieron "un cambio en las representaciones sociales sobre la violencia en el espacio familiar", generando una evolución en los comportamientos, destaca.
Una evaluación realizada en Chile sobre la aplicación de la ley nacional contra la violencia doméstica de 1994 demuestra que la sola denuncia de agresiones fue suficiente para que en 47 por ciento de los casos la víctima no fuera atacada nuevamente.
Sin embargo, tanto Larrain como Hanna Binstock subrayan que la aproximación jurídica al tema de la violencia doméstica, aunque necesaria, resulta claramente insuficiente.
"Es indispensabe profundizar la estrategia de cambio cultural, que implica asumir que la percepción sobre los comportamientos violentos es histórica y está determinada por las relaciones de poder y por los valores presentes en una sociedad determinada en momentos específicos", dice Larrain.
Hincock piensa, por su lado, que las únicas medidas que pueden erradicar realmente la violencia contra la mujer, y en particular la que tiene lugar en el hogar, son aquellas que tiendan a consagrar la igualdad de derechos entre ambos sexos.
De la misma opinión es el abogado colombiano Ernesto Borda Medina en un artículo en el que aborda la violencia intrafamiliar desde la óptica del derecho internacional humanitario.
En cambio, la psicóloga y asistente social argentina Eva Giberti insurge contra "la trampa de la igualdad entre los géneros".
"El Derecho es una disciplina androcéntrica, inventada por los hombres, puesta en acto por jueces varones", escribe Giberti, para quien "el género mujer aún no se entrenado suficientemente en reaccionar frente a quienes insisten en agitar la idea de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres".
"No se trata de igualdad de derechos sino de adjudicar a cada género los derechos que le competen", en una sociedad "que vive con una construcción desigual de dichos géneros", concluye la especialista argentina. (FIN/IPS/dg/ag/hd/99
