La visita a Chile del presidente de Perú, Alberto Fujimori, sentó un hito histórico en las relaciones entre los dos países, pero al mismo tiempo puso en evidencia el rechazo que su autoritarismo despierta en organizaciones de derechos humanos.
La policía detuvo en la noche del lunes a 20 personas que protestaron contra Fujimori en las cercanías del palacio presidencial de La Moneda, mientras era homenajeado en una cena de gala por el mandatario chileno, Eduardo Frei.
Fujimori viajó este martes a una planta salmonera en la décima región, unos 1.000 kilómetros al sur, en uno de los últimos actos de su visita, que culminaba por la noche con una recepción en honor de Frei en la embajada peruana en Santiago.
Esta fue la primera visita de Estado de un presidente del Perú a Chile desde el siglo pasado y puso fin a 120 años de rencillas de los dos países, iniciadas en la Guerra del Pacífico (1879-1884) en que peruanos y bolivianos se enfrentaron a los chilenos.
Fujimori estuvo otras tres veces antes en tierra chilena, pero en el marco de reuniones multilaterales, como las cumbres del Grupo de Río en 1993, de Iberoamérica en 1996 y de América en 1998.
La última fase del acercamiento se completó el 13 de noviembre, cuando los cancilleres de Chile, Juan Gabriel Valdés, y Perú, Fernando de Trazegnies, suscribieron el acta de ejecución de un tratado pendiente desde 1929.
Ese tratado, que restituyó a Perú la provincia de Tacna, perdida en la Guerra del Pacífico, otorga también a los peruanos concesiones aduaneras, de transporte y bodegaje en el puerto de Arica, en el extremo norte de Chile.
Como suele ocurrir, la normalización e intensificación de los vínculos económicos se anticipó al reacercamiento político, a través de un tratado de libre comercio que Chile y Perú firmaron a mediados de la década y planean ampliar el próximo año.
El proceso se vio alentado también por el masivo desplazamiento de inversiones privadas chilenas hacia la economía peruana, que ascienden ya a 3.000 millones de dólares, y se espera triplicar en el mediano plazo, según dijo Frei el lunes.
Los presidentes acordaron acciones conjuntas como miembros del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y en el Foro América Latina-Asia del Este (Falae), que busca potenciar los vínculos intrarregionales tanto económicos como culturales.
Frei y Fujimori resaltaron igualmente que el fin de las tensiones territoriales permitirá a los dos países ejecutar medidas de distensión en el ámbito militar y reducir sus gastos de Defensa.
El mandatario peruano anunció que su país se abstendrá de nuevas compras de aviones de combate, tras la adquisición de naves rusas MIG-29 y Shukoi a raíz del conflicto con Ecuador, también superado en el curso del último año.
Chile tiene pendiente una decisión para sustituir aviones de combate, pero sus autoridades recalcan que también en este caso se trata de reponer materiales obsoletos y que no hay ninguna dipsosición armamentista de este país.
En la declaración conjunta que suscribieron los dos gobernantes en la noche del lunes, ratificaron su rechazo a la aplicación extraterritorial de las leyes, en un pronunciamiento vinculado al caso del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Pinochet, arrestado en Londres desde el 16 de octubre de 1998, está sometido a un juicio de extradición a España, donde se le podría procesar por delitos previstos en la Convención Internacional contra la Tortura.
Más allá de los acuerdos limítrofes, económicos y políticos, la visita de Fujimori estuvo marcada por el encarcelamiento a perpetuidad en Perú de cuatro chilenos acusados de pertenecer al insurgente Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
El mandatario peruano rechazó una probable extradición a Chile de Francisco Castillo, María Concepción Pincheira, Lautaro Mellado y Alejandro Astorga, condenados a cadena perpetua en 1994 por el secuestro de un empresario.
Fujimori dijo que no hay ninguna posibilidad de extraditar a los cuatro chilenos, a quienes calificó de "terroristas", o de negociar con Chile un acuerdo de intercambio de presos, para que completen la condena en su país natal.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió un nuevo juicio para los cuatro chilenos, considerando que no tuvieron posibilidades de una adecuada defensa en su procesamiento por jueces militares, pero el gobierno peruano desechó ese dictamen.
El canciller Valdés dijo que su gobierno es respetuoso de la "política antiterrorista" de Perú, país en el cual, según Fujimori, la insurgencia izquierdista causó en 15 años más de 25.000 muertos y 30.000 millones de dólares en pérdidas materiales.
En contraste con la posición gubernamental, la presencia de Fujimori en Chile fue rechazada por organismos de derechos humanos que lo acusan de atropellar sistemáticamente las libertades con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
En las manifestaciones contra Fujimori participaron también peruanos emigrados a Chile, quienes atribuyeron el éxodo de unos 25.000 de sus compatriotas a este país a la represión y a la política económica del mandatario. (FIN/IPS/ggr/mj/ip hd/99
