Los trabajadores inmigrantes de Birmania expulsados de Tailandia podrían terminar en la frontera entre ambos países vecinos a la espera de la protección del principal grupo rebelde birmano, advirtieron activistas.
La Unión Nacional Karen (UNK) de Birmania anunció esta semana que ofrecería alojamiento en su territorio a todos los birmanos deportados por autoridades tailandesas.
La UNK está muy preocupada por la seguridad de los trabajadores expulsados, declaró Gen Bo Mya, un líder de la organización rebelde que dirigió a un grupo de periodistas hasta su área, situada frente a la provincia nortailandesa de Tak, establecida por el grupo para los trabajadores.
El ejército de Rangún podría castigar a los trabajadores expulsados, ya que muchos de ellos pertenecen a la etnia karen y algunos tienen familiares que pelean en la UNK, manifestó Gen Bo.
Organizaciones de derechos humanos discrepan con las autoridades tailandesas en cuanto a que los inmigrantes birmanos son "trabajadores ilegales", y señalan que la mayor parte de ellos son en realidad refugiados políticos.
La mayoría de los trabajadores inmigrantes pertenecen a comunidades minoritarias de la frontera, como los karen, los shan y los lisu, y huyeron de la represión y las violaciones a los derechos humanos por el régimen militar de Birmania.
Tailandia lanzó el día 4 una gran represión contra trabajadores birmanos indocumentados en las provincias del norte. El gobierno sostiene que el año pasado deportó a unos 300.000 para dar lugar a desempleados tailandeses.
Tras el estallido de la crisis financiera en 1997, Tailandia, como muchos países asiáticos, comenzó a deportar a trabajadores extranjeros para poder hacer frente a los problemas nacionales de empleo.
Corea del Sur, por ejemplo, espera expulsar a más de 230.000 para fines de este año, y Malasia deportó a miles de trabajadores procedentes de Bangladesh e India.
Paradojalmente, la alta inmigración de trabajadores en Tailandia se debe en parte a una política anterior del propio gobierno tailandés.
En 1994, Tailandia permitió que inmigrantes de Birmania trabajaran legalmente en este país para satisfacer la carencia de mano de obra en los sectores de la construcción y la pesca, considerados demasiados peligrosos o sucios por muchos tailandeses.
La mayoría de estos birmanos cobran menos que el salario mínimo de los tailandeses y no tienen acceso a servicios de salud ni a la educación para sus hijos.
Estadísticas del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social revelaron que desde el 31 de enero de este año se registraron 90.911 trabajadores extranjeros. De ellos, 79.057 proceden de Birmania, 10.593 de Camboya y 1.261 de Laos.
Estimaciones no oficiales, por otra parte, sitúan la cifra de inmigrantes birmanos en un millón.
Sin embargo, las medidas anteriores del gobierno tailandés para atraer a obreros birmanos fue denunciada porque no logró impedir que éstos regresaran a Tailandia.
Otros factores son la falta de control en la larga frontera entre ambos países y el incumplimiento del pago del salario mínimo a los trabajadores, lo que atrae más y más inmigrantes indocumentados.
"El problema es que hay muchas empresas que no cumplen las leyes laborales de Tailandia sobre salarios mínimos y por eso usan a inmigrantes indocumentados", dijo Somyot Pruksakasemsuk, del Centro de Información y Capacitación Laboral.
"Si el gobierno no intenta resolver este problema primero, esta represión de los birmanos no será de ayuda alguna para los desempleados tailandeses", advirtió.
Según Somyot, la única manera de resolver el problema en beneficio de los trabajadores tailandeses consiste en legalizar a los trabajadores inmigrantes.
Si los trabajadores extranjeros en Tailandia tuvieran los mismos derechos y salarios que los obreros tailandeses, las empresas contratarían a éstos en lugar de tratar de reducir costos con remuneraciones por debajo del salario mínimo, explicó.
Además, de esa manera "los trabajadores extranjeros en Tailandia también tendrían derecho a organizarse y negociar, y esto ayudaría a resolver problemas de derechos humanos para ellos y de desempleo para los tailandeses", agregó Somyot.
Tailandia no ratificó la convención de las Naciones Unidas de 1990 sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores inmigrantes y sus familias. Sólo nueve países la han ratificado, y se precisan 20 para que entre en vigor. (FIN/IPS/tra- en/pd/js/mlm/hd-lb/99
