Las protestas contra el uso de la isla puertorriqueña de Vieques para ejercicios militares de la Marina de Guerra de Estados Unidos continúan tras el desalojo de activistas que acampaban en la zona, llevado a cabo por el Departamento de Justicia estadounidense.
Varios de los desalojados volvieron al área de ejercicios militares de la Marina de Guerra de Estados Unidos y fueron arrestados, pero los activistas aseguraron que las amenazas de las autoridades estadounidenses no impedirán que sigan reingresando a la zona.
La Comisión para el Rescate y el Desarrollo de Vieques afirma que dos activistas, los hermanos Cacimar y Pedro Zenón, permanecen en el área, y que se ocultan en túneles y trincheras para eludir la detección de los artefactos de vigilancia de tecnología avanzada empleados por los militares.
Los hermanos son hijos del pescador Carlos Zenón, quien fue condenado a prisión hace 20 años por ingresar con su bote en aguas controladas por la Marina, que ocupa 105 de los 133,5 kilómetros cuadrados de la isla de Vieques desde 1941.
Esa área se emplea desde la segunda guerra mundial para prácticas de bombardeo, maniobras navales, ejercicios de desembarco, almacenamiento de municiones y eliminación de residuos tóxicos.
Los habitantes de la isla se aterrorizaron en abril de 1999, cuando una bomba estalló en forma accidental durante ejercicios militares y causó la muerte de un civil que desempeñaba tareas de seguridad.
Ese episodio desencadenó las actuales acciones de protesta. Pocos días después del accidente, activistas comenzaron a acampar en los terrenos controlados por la Marina, para actuar como escudos humanos contra los bombardeos.
Entre los acampantes hubo integrantes de organizaciones religiosas, estudiantiles, sindicales y pacifistas, así como miembros de partidos de izquierda y movimientos por la independencia de Puerto Rico, que es desde 191 un estado libre asociado con Estados Unidos.
Unos 200 activistas que acampaban en el área fueron desalojados el 4 de este mes mediante un despliegue masivo de funcionarios de seguridad estadounidenses y locales, en forma pacífica y sin que se produjeran arrestos.
En la actualidad, unos 1.000 integrantes de la infantería de marina estadounidense patrullan la isla y las aguas que la rodean para evitar el retorno de activistas al área de riesgo.
Los dirigentes de la campaña contra la presencia de la Marina en la isla consideran que el desalojo fue sólo el fin de la primera etapa de su campaña, y volvieron a ingresar al área, lo cual condujo a 51 arrestos en el fin de semana.
Entre los arrestados hubo dirigentes de la Iglesia Católica y de la Protestante, miembros del concejo municipal de la ciudad de Nueva York, legisladores de Puerto Rico y dos integrantes del Congreso de Estados Unidos, Luis Gutiérrez y Nydia Velázquez, nacida en Puerto Rico.
Amigos y aliados de la familia Zenón están alarmados por un breve comunicado en el cual la Marina anunció la reanudación de ejercicios de tiro en la isla con bombas de práctica de unos 11 kilogramos, presuntamente inofensivas.
Sin embargo, equipos de científicos que han realizado estudios en el área de ejercicios militares advirtieron que las bombas de práctica pueden ser casi tan dañinas para el ambiente como las que se emplean en la guerra.
"La historia de la Marina de Guerra estadounidense en Vieques está llena de accidentes, pero si algo le ocurre a los hijos de Carlos Zenón no será un accidente, sino un acto criminal", advirtió Ismael Guadalupe, un portavoz de la Comisión para el Rescate y el Desarrollo de Vieques.
"Ellos saben que hay personas en el área de ejercicios y sin embargo siguen disparando", subrayó.
Ruben Berríos, presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), acampó en el área militar de Vieques durante un año antes de ser desalojado, y cumplió su promesa de regresar.
Berríos y Jorge Fernández-Porto, asesor ambiental del PIP, ingresaron el día 9 al área de riesgo y permanecieron allí durante algunas horas antes de ser arrestados por funcionarios de seguridad de Estados Unidos y llevados en helicóptero a la corte federal estadounidense en San Juan.
Ambos fueron acusados de ingresar en forma ilegal a una propiedad del gobierno y están en libertad, sin que se haya anunciado aún la fecha de su juicio. Si se les declara culpables deberán pagar multas de 100.000 dólares y podrán recibir sentencias de prisión de hasta un año.
Es probable que Berríos y Fernández-Porto hayan ingresado al área militar por tierra, desde el sector civil de la isla, pero el Departamento de Justicia advirtió que si se comprueba que ingresaron por mar pueden ser sentenciados a pagar multas de 250.000 dólares y a hasta 10 años de prisión.
Los dos acusados se rehusaron a cooperar con la corte, ya que su posición independentista determina que no reconozcan que un organismo judicial estadounidense tenga autoridad para juzgarlos.
Berrios habló ante cientos de militantes del PIP que se reunieron fuera del edificio de la corte y afirmó que había desenmascarado al "sistema político antidemocrático, el cual deberá pagar el precio de realizar arrestos en los campamentos de quienes realizaban acciones de desobediencia civil".
"Los días de la Marina de Guerra estadounidense están contados. Habrá paz en Vieques. La victoria está al alcance de nuestras manos", aseguró.
Berríos fue senador del parlamento puertorriqueño y es candidato a gobernador en las elecciones que se realizarán este año.
El líder del PIP advirtió a sus seguidores que no deben permitir que se les induzca a cometer actos violentos. "No permitiremos provocaciones. Quien entre en ese juego se convertirá en un aliado de la Marina de Guerra estadounidense", enfatizó.
Carlos Ventura, un pescador de Vieques, elogió la actitud de Berríos. "El demostró que las amenazas de las autoridades federales (estadounidenses) no podrán intimidarnos", sostuvo.
Los dirigentes de la Comisión para el Rsscate y el Desarrollo aseguraron que las acciones de desobediencia civil continuarán hasta que los militares estadounidenses abandonen la isla.
"Realizaremos acciones de hostigamiento contra la Marina hasta lograr que le sea imposible continuar sus actividades en la isla con comodidad", advirtió Robert Rabin, un portavoz de la comisión. (FIN/IPS/tra-eng/crm/da/mp/ip hd/00
