Doce argentinos presos desde 1989 por el asalto a un cuartel militar realizan una huelga de hambre desde hace 22 días, para que se cumplan recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se les permita apelar sus sentencias, producto de un juicio irregular.
El abogado Héctor Tracktenberg, de la organización humanitaria Liga Argentina por los Derechos del Hombre, dijo a IPS que los reclusos están muy desmejorados por el ayuno, que hizo perder en promedio 10 kilogramos de peso a cada uno, pero apuntó que "están resueltos a todo".
Los prisioneros integraban el Movimiento Todos por la Patria (MTP), una agrupación izquierdista que en enero de 1989 ocupó el cuartel de La Tablada, con el argumento de que allí se preparaba un golpe de Estado contra el entonces presidente Raúl Alfonsín (1983-1989).
En la ocupación del cuartel, que duró dos días hasta la derrota de los atacantes, murieron 28 de ellos y 11 soldados, y hubo tres desaparecidos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA señaló que en la represión del ataque y en el juicio a quienes lo realizaron hubo graves irregularidades.
En 1997, la CIDH entregó al gobierno argentino un informe en el cual indicó que nueve atacantes fueron "ejecutados" tras su rendición, que todos los detenidos fueron torturados, y que hubo notorias deficiencias en la investigación y en el proceso judicial.
El organismo internacional recomendó investigar la recuperación del cuartel, garantizar la posibilidad de una apelación de la condena y "reparar" a las víctimas, un término vago que, según los abogados de los presos, sólo puede ser entendido como la liberación inmediata.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos expresó su preocupación por el deficiente desempeño de la justicia argentina en un informe anual acerca del respeto de los derechos humanos en la región, y puso como ejemplo el caso de los condenados por el ataque a La Tablada.
El juicio, realizado ocho meses después del ataque, se llevó a cabo en el marco de la Ley de Defensa de la Democracia, que negó a los procesados la posibilidad de apelar a un tribunal superior para que revisara las investigaciones y los fallos.
"Presentamos entonces un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, que fue rechazado de inmediato por cuestiones formales, es decir que ni siquiera fue considerado", comentó Tracktemberg poco después de visitar a los presos en la cárcel de Caseros de Buenos Aires.
El ex presidente Carlos Menem (1989-1999) sugirió en varias ocasiones que podría indultar a los presos de La Tablada, pero nunca lo hizo. Seis meses después de la asunción del actual presidente, Fernando de la Rúa, los detenidos creen que es tiempo de que el gobierno cumpla las recomendaciones de la CIDH.
Para ello, necesitan que el Congreso apruebe un proyecto de ley elaborado por el diputado oficialista Ramón Torres Molina, quien fue abogado de los presos durante el juicio. Ese proyecto busca reformar la ley de defensa de la democracia y permitir una apelación.
El Congreso tiene previsto tratar el proyecto recién el día 29, pero Tracktenberg manifestó su esperanza de que el debate se adelante para este jueves, para evitar que la prolongación de la huelga de hambre ponga en mayor riesgo la salud de los presos.
Si el proyecto de Torres Molina se aprueba, casi todos los presos podrían acceder al beneficio de que se cuente cada año de cárcel que llevan cumplido como dos, y quedarían en libertad provisional mientras se lleva a cabo la instancia de apelación.
Las únicas excepciones para este beneficio serían los casos del líder del MTP, Enrique Gorriarán Merlo, y de su ex esposa Ana María Sívori, detenidos en México en 1995 y juzgados poco después.
Gorriarán Merlo es un ex dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo, una agrupación trotskista que optó por la vía de la lucha armada en los años 70. El y Sívori fueron secuestrados por en México por un agentes de inteligencia argentinos y mexicanos, sin que mediara un pedido de extradición.
Uno de los presos en huelga de hambre es el sacerdote católico Antonio Puigjané, quien cumple arresto domiciliario en un convento desde hace dos años por su avanzada edad, tras haber cumplido buena parte de su condena en prisión por sus vínculos con el MTP, aunque no participó en la ocupación de La Tablada.
Puigjané es considerado un "preso de conciencia" por la organización humanitaria Amnistía Internacional.
Dos condenadas por el ataque al cuartel cumplen su sentencia en una cárcel de mujeres y no participan de la huelga de hambre.
Entre los sentenciados hay siete en libertad condicional, dos de los cuales viven en España en la actualidad, y uno que cumplió su condena hace poco más de un año.
También existen pedidos internacionales de captura contra seis personas vinculadas con el ataque, y los pedidos de una solución definitiva para el caso incluyen la anulación de esos pedidos.
El gobierno advirtió por medio del ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, que los presos de La Tablada no serán indultados, pero no descartó la posibilidad de que se apruebe el proyecto de Torres Molina en el Congreso, aunque no bajo la presión de la huelga de hambre.
"Es inadmisible la pretensión de que, a través de una abstención voluntaria de ingerir alimentos, se dicte cualquier tipo de medidas", subrayó el ministro.
Sin embargo, el gobierno también está bajo la presión de la CIDH, la cual transmitió sus recomendaciones a Argentina hace ya tres años y ahora exhorta a las autoridades a resolver con rapidez la cuestión.
El jurista Robert Goldman, de la CIDH, se reunió en marzo enBuenos Aires con representantes del gobierno, y el principal asunto que discutió con ellos fue la causa de los presos de La Tablada, que han apoyado figuras políticas y culturales de varios países.
Goldman declaró en aquella ocasión que la Ley de Defensa de la Democracia, aprobada cuando se habían producido tres sublevaciones militares en poco menos de dos años, viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos al no permitir la apelación de las condenas.
Familiares de los presos y de víctimas del ataque al cuartel piden que se realice una nueva investigación de los hechos, sobre todo para que se reconozca que hubo ejecuciones, torturas y desapariciones, sin que que se determinara responsabilidad alguna por esos delitos graves.
También reclaman una solución rápida e integral que incluya a Gorriarán y a Sívori, por las irregularidad de sus capturas.
La Liga por los Derechos del Hombre y el Centro de Estudios Legales y Sociales, otra organización no gubernamental, presentaron a la justicia una demanda de investigación de las ejecuciones e identificación de restos humanos hallados en el cuartel, pero hasta la fecha no se ha hecho nada en la materia (FIN/IPS/mv/mp/hd ip/00
