El consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debió superar un complicado debate, debido a la firme oposición de los países asiáticos, para aprobar una condena a Birmania por el empleo del trabajo forzoso.
La sanción puede acarrear a Birmania una pérdida de colaboración por parte de otros gobiernos, de instituciones internacionales y también de compañias privadas y estatales.
La resolución de la OIT contempla que el 30 de este mes entre en vigor medidas que castigan al régimen birmano.
En respuesta, la representación de Birmania hizo saber en Ginebra que rehusará toda colaboración con la OIT.
La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), que impulsó la campaña contra el régimen militar de Rangún, estimó que en la actualidad casi un millón de ciudadanos birmanos están sometidos a trabajo forzoso.
Con las medidas que aplicará la comunidad internacional, pueden fracasar los planes de las autoridades birmanas de aumentar sus ingresos del turismo de los 100 millones de dólares obtenidos en 1999 a los 200 millones de dólares proyectados para 2001, dijo la CIOLS.
El consejo de administración de la OIT evaluó que no se habían registrado progresos en la adaptación de la legislación birmana al convenio internacional contra el trabajo forzoso.
En consecuencia, quedaron firmes las decisiones adoptadas en junio pasado por la Conferencia Internacional del Trabajo, que dispuso aplicar sanciones contra un país miembro por primera en los 81 años de la historia de la organización.
Los países asiáticos intentaron hasta último momento diferir el examen de la cuestión con una propuesta, presentada por Malasia y auspiciada por Filipinas, Indonesia, Singapur y Vietnam, de aplazamiento de la discusión para las sesiones venideras de la Conferencia.
La delegación de Malasia sostuvo que el gobierno birmano había realizado «serios esfuerzos» para aplicar las medidas adoptadas en la Conferencia.
Entre los países que también adhirieron a la posición más contemplativa con Birmania figuraron China, India, Japón y Rusia. En cambio, los países occidentales y de América Latina, al igual que los representantes de obreros y de empresarios, apoyaron la condena.
El consejo de administración, máximo órgano ejecutivo de la OIT, está integrado por 28 representantes de gobiernos, 14 de sindicatos y otros tantos de organizaciones empresariales.
La decisión del consejo se fundó en el informe negativo presentado por la misión de cooperación técnica que la OIT envió a Birmania en octubre.
Pero el origen de las medidas de condena se remonta a las recomendaciones de la comisión de encuesta de 1998, que verificó la aplicación en Birmania del trabajo forzoso de manera «generalizada y sistemática».
Esas recomendaciones establecían que la legislación debía ajustarse a los términos del convenio internacional sobre trabajo forzoso que Birmania ha ratificado.
La CIOSL afirmó que, pese a esas recomendaciones, los militares birmanos siguieron hostigando a los habitantes de las áreas rurales, obligándolos a realizar, sin pago, todo tipo de trabajos, como reparación de rutas, mantenimiento de cuarteles, transporte de armamentos y cultivos que se comercializan en beneficio del ejército.
La organización obrera mundial, con sede en Bruselas, opinó que la dictadura militar birmana se encuentra preocupada por las sanciones, que pueden estrangular a la economía del país que, aparte del narcotráfico, depende en gran medida de la venta a Tailandia del gas natural de los yacimientos del mar de Andaman.
La comercialización del gas ha sido posible a través del caño construido por Elf-Total-Fina y Unocal, dos compañías «duramente criticadas por el empleo de trabajo forzoso y el desplazamiento de la población local», dijo la CIOSL.
Las sanciones de la Conferencia Internacional del Trabajo, que entrarán en vigor el día 30, reclaman completa investigación, enjuiciamiento y castigo de quienes fueren declarados culpables por el trabajo forzoso.
También disponen revisar en futuras sesiones de la Conferencia la puesta en marcha de las recomendaciones de la comisión de encuesta, en tanto no se demuestre que Birmania ha cumplido con sus obligaciones.
Otro punto de la resolución recomienda a los miembros de la OIT que revisen sus relaciones con Birmania y adopten medidas adecuadas para asegurarse de que esas relaciones no perpetúen o extiendan el sistema de trabajo forzoso u obligatorio en ese país.
El director general de la OIT, Juan Somavía, deberá informar a las organizaciones internacionales que colaboran con la institución para que examinen cualquier cooperación que puedan mantener con el país sancionado. (FIN/IPS/pc/dm/ip hd/00
