El presidente de Chile, Ricardo Lagos, salió al paso de rumores sobre presión militares y puntualizó que no respaldará ninguna nueva iniciativa para cerrar los procesos judiciales a uniformados por crímenes contra la humanidad, que favorecería también al ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990).
Según informes extraoficiales, los comandantes de las Fuerzas Armadas y la policía de carabineros presentaron una propuesta en ese sentido en la esperada reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), realizada en la tarde del martes y que se prolongó más de tres horas.
La reunión del Cosena, un cuestionado organismo cívico-militar creado por el régimen de Pinochet, coincidió con el anuncio de diligencias fundamentales en la investigación judicial al ex dictador que instruye el magistrado Juan Guzmán, a cargo del proceso por los crímenes cometidos en 1973 por la llamada «caravana de la muerte».
Guzmán determinó que este domingo y el lunes se practiquen exámenes médicos y psiquiátricos a Pinochet, de 85 años, como paso previo al interrogatorio judicial, programado por el mismo juez para el martes próximo.
Sin embargo, el abogado Pablo Rodríguez, jefe del equipo de defensores del ex dictador, dijo el miércoles que recomendará a Pinochet no presentarse a los exámenes ni al interrogatorio, por considerar «desdorosa» la resolución de Guzmán, a quien acusó de una «actitud de hostigamiento» hacia su cliente.
La abogada Carmen Hertz, una de las acusadoras del ex dictador, advirtió que si se concreta la recomendación de Rodríguez, Pinochet incurriría en desacato y Guzmán tendría que ordenar su inmediato arresto.
La declaración indagatoria (interrogatorio judicial) y los peritajes médicos son en Chile requisitos obligatorios para determinar el encausamiento de una persona mayor de 75 años, que puede ser declarada inimputable penalmente tras un diagnóstico de demencia senil u otra anomalía mental.
De acuerdo con los trascendidos, el caso Pinochet no fue tratado expresamente en la reunión del Cosena, pero estuvo en el trasfondo de la propuesta de los comandantes Ricardo Izurieta, del ejército, Jorge Arancibia, de la armada, Patricio Ríos, de la fuerza aérea, y Manuel Ugarte, de carabineros.
Los cuatro mandos militares forman parte del Cosena, que está encabezado por el presidente de la República e integrado además por el presidente de la Corte Suprema, Hernán 5lvarez, y el del Senado, Andrés Zaldívar, y por el Contralor General de la República, Arturo Aylwin.
El Cosena se ha reunido en 13 oportunidades desde el restablecimiento de la democracia en 1990, y esta fue su primera sesión bajo el mandato de Lagos, iniciado el 11 de marzo de 2000.
La cita fue solicitada por los mandos castrenses luego de que el 1 de diciembre, Guzmán dispusiera el procesamiento y arresto de Pinochet, como inductor de 18 secuestros y 57 homicidios cometidos entre septiembre y octubre 1973 por la «caravana de la muerte», nombre dado a una misión militar designada por el entonces dictador.
La decisión de Guzmán fue revocada por la Corte Suprema de Justicia, que ordenó al juez la diligencia previa de los exámenes médicos y de la declaración indagatoria, que deberán cumplirse entre el domingo y martes próximos.
Lagos difirió la reunión del Cosena hasta después del pronunciamiento de la Corte Suprema, manejando así con habilidad una situación difícil, ya que el organismo puede ser convocado por dos de sus ocho miembros, lo cual planteaba el riesgo de una virtual citación militar.
En la esperada reunión del martes, los mandos castrenses reiteraron su inquietud por los numerosos juicios por violaciones de derechos humanos que se siguen a cerca de un centenar de uniformados, la mayoría de ellos ya retirados del servicio activo.
Izurieta dijo que los tribunales deben tratar esos juicios con el «sentido original» de la ley de amnistía dispuesta en abril de 1978 y que cubrió los crímenes contra los derechos humanos cometidos desde abril de 1973 hasta esa fecha, período en que se produjo 82 por ciento de los 3.197 casos de ejecución y de desaparición forzada de víctimas del régimen dictatorial.
Para los militares, el criterio adoptado por los jueces en los últimos años, de agotar la investigación de los delitos cometidos en ese período hasta identificar a los culpables, contraviene los procedimientos anteriores, en que los tribunales cerraban los procesos y las averiguaciones en cuanto establecían que la fecha del delito correspondía al tiempo de la amnistía.
El diario electrónico El Mostrador dijo este miércoles que los mandos militares presentaron una propuesta de «contribución a la solución de los problemas que dividen al país», que tiene como parte esencial el terminar con la «reinterpretación» de la ley de amnistía que a su juicio están haciendo los jueces.
La propuesta incluiría también la designación de magistrados de dedicación exclusiva para los juicios no cubiertos por la amnistía, bajo un cronograma que aceleraría los plazos tanto para el cierre de los casos amnistiables como para el dictado de sentencias en los delitos cometidos entre mayo de 1978 y marzo de 1990.
Según El Mostrador, la propuesta castrense «busca provocar que el juez Juan Guzmán se inhiba de procesar a Pinochet y lo sobresea (absuelva) con los exámenes médicos en mano y forzar a las autoridades políticas a gestar un 'gran acuerdo nacional' que dé paso a una ley con el itinerario de cierre de los procesos».
De esta manera se abriría paso a una ley de «punto final», descartada este miércoles por Lagos en declaraciones que formuló durante una visita a una precaria barriada popular de Santiago.
El mandatario reconoció que en la reunión del Cosena se habló de la ley de amnistía y señaló que tanto el presidente de la Corte Suprema como del Senado defendieron la independencia de los poderes del Estado y señalaron que no corresponde dictar pautas sobre su aplicación o interpretación.
Zaldívar, presidente del Senado, señaló a los mandos militares que en la cámara alta no habría votos para aprobar una ley «reinterpretativa» de la amnistía de 1978 y que la posición predominante entre los legisladores sería más bien favorable a una derogación de esa ley.
No obstante las precisiones de Lagos y Zaldívar, en el escueto comunicado oficial que se entregó al término de la reunión del Cosena llamó la atención un párrafo, donde se señala que «los miembros del consejo expresaron su respaldo al Presidente de la República para la búsqueda de fórmulas, a fin de consolidar la reconciliación y la unidad».
También se dice que los participantes de la reunión «instaron a los poderes públicos a participar en esa misión». (FIN/IPS/ggr/ff/hd ip/01
