La Iglesia Católica y expertos en educación pidieron al gobierno de Venezuela que promueva el diálogo y el consenso, ante la inminente ejecución de una medida que fortalece las atribuciones del Estado como supervisor de la enseñanza y que consideran el adelanto de la reforma del sistema.
«Es necesario un amplio diálogo para evitar equívocos y para que todos aportemos, desde la perspectiva peculiar de cada institución o sector, un grano de arena en la construcción de un buen sistema educativo», expresó el domingo el arzobispo Baltazar Porras, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).
Porras, quien ha discrepado en varias ocasiones con el gobierno de Hugo Chávez, dijo en la instalación de la reunión de los obispos de Venezuela que «el Estado no puede imponer ni ideologizar la educación».
Las declaraciones del arzobispo refieren a los alcances del decreto emitido a fines de octubre por el Ministerio de Educación, que creó el cargo de supervisores itinerantes con la facultad de intervenir centros de enseñanza en caso de irregularidades.
Las asociaciones de instituciones privadas de educación reaccionaron contra esa decisión, a la que consideran parte de una política oficial para «controlar» e «ideologizar» el sistema educativo, en el marco de la llamada «revolución bolivariana» impulsada por Chávez.
El llamado al diálogo de Porras se produce luego de varias semanas de polémicas, que incluyó avisos pagados en la prensa y hasta alocuciones del ministro de Educación, Héctor Navarro, quien dijo que el proceso de supervisión podría iniciarse este mes.
Orlando Albornoz, experto en educación, aseveró este lunes que las autoridades «lamentablemente han manejado este conflicto de manera torpe, porque se han olvidado de la importancia del diálogo».
«Parece que el ministro Navarro no quiere recibir a los involucrados, pero tendrá que hacerlo, es lo más sensato», dijo Albornoz, quien a mediados de la década pasada estuvo al frente de la dirección de Educación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado en Venezuela.
Navarro explicó que su decisión se basa en el artículo 106 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, en vigor desde fines de 1999, que establece que quien funde una institución educativa de carácter privado debe someterse a la vigilancia estricta del Estado.
«Se busca crear un nivel de supervisores que puedan responder directamente al ministro y que reporten cualquier irregularidad que se presente en un centro», aseveró.
Entre los ejemplos señalados por el ministro de posibles irregularidades están el cobro de matrículas en instituciones públicas, la mala calidad de los maestros o profesores, el caso de un director que se adueña de un dinero que no le corresponde o un local escolar defectuoso.
A juicio del funcionario, la decisión oficial se fundamenta en la existencia de «supervisores que no supervisan» y en el aumento del costo de la matrícula escolar en los últimos dos años.
También negó que las designaciones para cubrir estos cargos se fueran a realizar «a dedo», ya que «serán por concurso».
La cuestión de los supervisores es la decisión que ha producido más polémica y fue rechazada por muchas entidades, como la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados y por la Cámara Venezolana de Educación Privada.
Sin embargo, el decreto gubernamental comprende también otros aspectos y parece ser la punta de lanza de una reforma educativa mayor, como parte del proceso de cambios políticos impulsados por Chávez desde que asumió la Presidencia en febrero de 1999.
Carlos Lanz, quien está al frente del Proyecto Educativo Nacional del Ministerio de Educación, aseguró que «aquí empieza a haber proyectos», como parte del nuevo proceso político.
«Hay una nueva institucionalidad, un nuevo tejido social, y queremos recuperar la dignidad de la ciudadanía, del interés compartido», sostuvo.
Lanz negó categóricamente que se busque imitar el sistema educativo cubano y también desmintió las versiones de que estaría por suprimirse la educación religiosa.
Entre las modificaciones planteadas en el Proyecto se contempla la creación de un «gobierno escolar», en el que tendrán un papel predominante los padres, los representantes educativos y las comunidades donde estén insertos los centros de enseñanza, ya sean públicos o privados.
Igualmente se espera una flexibilización de los planes de estudios, nuevos programas de formación para maestros y profesores y la reforma de la estructura burocrática del Ministerio de Educación.
Lanz, considerado el ideólogo del Ministerio, entiende que «los contenidos tienen que ser abiertos y contextualizados, igual con los horarios y calendarios (…) deben responder a las necesidades e intereses de los niños, de la comunidad y del municipio».
Respecto del diálogo con los otros sectores involucrados, Lanz aseveró que el Ministerio está dispuesto a discutir aspectos de la reforma, pero reivindicó el papel preponderante del Estado en la concepción y conducción del proceso educativo en el país. (FIN/IPS/ac/dm/ed ip/00
