Los cargos de violación de menores entablados contra el vicepresidente del Senado de Tailandia, Chalerm Promlert, dejaron en evidencia el cúmulo de problemas sociales y económicos que abre camino a este tipo de explotación.
Una niña de 13 años, identificada como «R» por los periódicos, se reunió el 22 de diciembre con cuatro compañeras de clase en la provincia de Pthum Thani, cerca de Bangkok, para visitar juntas en un pequeño hotel a un hombre de 65 años llamado Chalerm, con quien tendrían relaciones sexuales a cambio de dinero.
«R» no volvió a su casa después estar con Chalerm y se quedó con sus amigas, temerosa de que sus padres descubrieran lo que había hecho. Pocos días después cambió de opinión. Cuando regresó a su hogar, su familia ya había denunciado la desaparición a la policía.
Sus padres la presionaron y terminó por contarles toda la historia, lo que desencadenó un escándalo público que involucró al senador Chalerm, representante del sur del país ante el parlamento.
Los padres de «R» acusaron de violación al legislador, quien rechazó los cargos. Pagarle a un menor por servicios sexuales en Tailandia es considerado violación, delito castigado con una pena de hasta 20 años de prisión.
Pero el caso de Chalerm es sólo uno entre tantos. El deseo de las niñas de obtener dinero fácil y la flexibilidad de las leyes hicieron de la explotación sexual de menores un gran problema en Tailandia.
«R» ingresó al comercio sexual cuando una compañera le aseguró que podría ganar hasta 130 dólares por perder su virginidad.
En el primer encuentro con Chalerm, «R» obtuvo 140 dólares, un monto que una niña de su edad no puede alcanzar en ningún trabajo común. Ella y otras amigas se encontraron con él pocos días después y ganaron otros 140 dólares. El senador le ofreció a «R» tener encuentros semanales.
El caso todavía está siendo investigado por la policía, pero la indignación de la opinión pública ya estalló.
Una red de 46 organizaciones no gubernamentales en defensa de las mujeres envió una carta a la Presidencia del Senado solicitando una investigación especial de la Cámara sobre el caso. También instó a Chalerm a que renuncie a su cargo, de manera que no influya en la investigación.
Chalerm renunció como vicepresidente del Senado, pero todavía mantiene su banca como legislador.
Este caso aún ocupa espacio destacado en la portada de todos los diarios, pero hay «muchos otros similares que son desviados de la atención de la gente», según la directora de la Fundación para el Desarrollo de los Niños, Kemporn Wiroonrapun.
«Sabemos de muchos casos de explotación sexual comercial de niños en diversas partes del país», indicó.
La ambición de ganar dinero es una de las razones por las cuales las niñas ingresan a las redes de proxenetas y explotadores. Pero, mucho más que eso, el fenómeno es el reflejo de serios problemas familiares, según Kemporn.
«En la mayoría de los casos existen problemas familiares. Las niñas no tienen vínculos suficientes con sus parientes y recurren a sus amigas», explicó.
La activista tomó el caso de una escolar que vive en el nordeste de Tailandia con su abuela y con su madre enferma de sida, mal del que murió su padre hace pocos años. «La madre agoniza, lo que provoca en la niña un comportamiento inapropiado», dijo Kemporn.
La raíz del problema radica en lo que Kemporn denomina «una mala dirección del desarrolllo del país». La activista consideró necesario crear fuertes sistemas de apoyo social para evitar la derivación frecuente de los problemas económicos: la disolución de las familias.
En la mayoría de los casos, su grupo trabajó con niñas de familias pobres integradas por padres que deben trabajar largas jornadas e hijos que carecen de la atención debida.
«La falta de vínculos entre padres e sus hijos deriva en serios problemas sociales. Las niñas se ingresan al comercio sexual y los niños se involucran en el tráfico de drogas», dijo Kemporn.
Los activistas admiten que los problemas sociales no pueden solucionarse de un día para otro, pero consideran que las débiles leyes del país contribuyen a empeorarlos.
La legislación tailandesa intenta proteger a los menores de las redes de la explotación sexual, y se han aprobado nuevas leyes que prevén castigos más severos para los adultos involucrados en ellas.
Pero los activistas consideran que éstas no tienen fuerza suficiente, pues muchos clientes de la prostutución infantil son empresarios y políticos poderosos a quienes la legislación no alcanza.
El comercio sexual de niños continuará mientras las autoridades no afronten los grandes problemas sociales del país, sostuvo Kemporn. (FIN/IPS/pd/js/rp/mj/hd/01
