EDUCACION-CHILE: Reforma de crédito, otro paso a mercantilización

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Iván Mlynarz, consideró un paso más hacia la mercantilización de la educación la propuesta de reformar el sistema de crédito universitario con la integración de capitales privados.

Al Estado «sólo le interesa que estos señores que tienen negocios a través de universidades privadas, centros de formación técnica e institutos profesionales mejoren su capacidad de competir en el mercado de la educación superior», dijo a IPS Mlynarz.

El proyecto contempla crear una Agencia de Crédito Estudiantil que sustituya a las universidades en la administración del crédito y emita bonos transables en el mercado, que puedan ser comprados por inversionistas a largo plazo, especialmente empresas Administradoras de Fondos de Pensiones y las aseguradoras.

El gobierno busca incrementar los recursos para costear las carreras universitarias, que son insuficientes incluso con el aumento del aporte estatal de 137 por ciento desde 1990, según el informe sobre la propuesta presentado el 1 de este mes por el Ministerio de Educación.

Actualmente, la ayuda estudiantil se compone de los fondos entregados por el Estado (102.857 dólares) más lo que aporta cada casa de estudios.

Estos fondos de crédito están disponibles sólo para las universidades que participan en el Consejo de Rectores o las estatales de larga tradición, quedando al margen las privadas, que se han multiplicado desde la reforma educativa impulsada en los años 80 por la dictadura del general Augusto Pinochet.

Según Mlynarz, la actual propuesta viene a agudizar la mercantilización de la educación superior, al entregar a los institutos privados los mismos beneficios que a las universidades públicas.

La jefa de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Pilar Armanet, aseguró que la propuesta busca ofrecer crédito a jóvenes con talento y escasos recursos, y extender esta posibilidad a los alumnos de instituciones privadas.

Sin embargo, Mlynarz subrayó que no es suficiente con que los estudiantes de instituciones privadas puedan acceder a créditos si el Estado no se compromete a velar por la calidad, la pluralidad y la pertinencia para el desarrollo del país de la educación que se imparte en estos centros de estudio.

Varios centros privados fueron cerrados por problemas económicos sin que el Estado se haya hecho cargo del problema que se les crea a los estudiantes que confiaron en esas entidades educativas y la inestabilidad que significa para la educación superior, afirmó el presidente de la FECH.

Mlynarz destacó que la mercantilización trae problemas que aún no han sido ponderados.

El gobierno plantea en su propuesta que «los jóvenes deben contribuir a pagar su educación superior porque constituye una importante inversión personal», y señala que en Chile, «el salario promedio de los trabajadores con educación universitaria completa es alrededor de cuatro veces superior a los egresados de la educación secundaria».

Existen muchas dudas que aún no han sido respondidas por el Ministerio de Educación. No está claro si el porcentaje de interés para la deuda, que actualmente es de dos por ciento, subirá a cinco o a seis por ciento.

El gobierno tampoco aclaró qué atribuciones tendrá la Agencia de Crédito Estudiantil para cobrar la deuda a los estudiantes, y qué herramientas jurídicas utilizará en caso de morosidad.

El monto a pagar es igual a cinco por ciento del sueldo recibido por el egresado, por lo tanto, si el ingreso anual es menor o igual a la deuda, ésta crece y no se alcanzarían a pagar los intereses en el plazo de 20 años, después del cual la deuda se condona, según la nueva propuesta.

Mlynarz aseguró que la reforma tampoco serviría para asegurar el retorno de dinero a los organismos de educación superior, ya que, para pagar la deuda de una carrera promedio (2.000 dólares anuales), el egresado debería recibir un sueldo mensual de 840 dólares. En caso contrario, «la deuda es impagable».

En el caso de un ingeniero, con un sueldos de al menos 1.800 dólares, esto no sería difícil, pero otra gran parte de profesionales -como periodista, profesores y licenciados en artes o humanidades- reciben sólo 536 dólares mensuales.

En los años 80, la dictadura de Pinochet cambió la cara de la educación superior, diversificando las entidades que dejaron de ser sólo universidades para incluir institutos de educación superior y centros de formación técnica, que dependieron de capitales privados.

Luego presentó un proyecto para que la educación superior fuera pagada, lo que las universidades estatales suplieron en parte con el sistema de crédito estudiantil prestado por el Estado y la propia universidad, que debe pagarse a partir de los dos años de terminar la carrera.

Mlynarz atribuyó la actual propuesta a las políticas emanadas fundamentalmente del Banco Mundial, para el que la calidad de los profesionales de países en desarrollo es un tema secundario y no le interesa la autonomía intelectual que deben garantizar las universidades». (FIN/IPS/tv/ag/ed/01

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