El movimiento independentista de Puerto Rico sigue sometido al espionaje y la violencia política de los gobiernos de Estados Unidos y de la isla, afirman activistas políticos.
Durante la década de 1980 un juicio contra el gobierno de Puerto Rico y una investigación parlamentaria revelaron amplios operativos de espionaje, violencia y asesinatos contra los propulsores de la independencia de esta isla caribeña.
Dicha represión fue ejecutada por la policía puertorriqueña y por grupos paramilitares apoyados por Estados Unidos.
Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos desde que éste lo anexó en 1898 como trofeo de su guerra contra España.
Según un acuerdo de mancomunidad adoptado en 1952, los 3,8 millones de puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses y sirven en las Fuerzas Armadas de ese país, el cual mantiene en la isla una presencia tan estratégica como polémica.
Pero los ciudadanos de Puerto Rico no pagan impuestos federales ni participan de las elecciones presidenciales o legislativas de Estados Unidos. El territorio cuenta con un delegado ante la Cámara de Representantes pero éste solo puede votar en comisiones.
Puerto Rico rechazó en tres ocasiones, mediante referéndum, convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.
La última consulta se realizó en 1998, y el entonces gobernador Pedro Rosselló, partidario de asumir la categoría de estado, consideró el resultado un voto de protesta contra su gobierno.
Durante años, defensores de la integración total y del estatuto actual dominaron el debate político, dejando en las sombras al movimiento por la independencia, que para muchos fue una causa impopular.
Sin embargo, según Ramón Bosque, profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York e investigador de la represión política en el territorio, «ningún otro movimiento ha sufrido una represión parecida, con excepción quizás del movimiento comunista, dentro de la jurisdicción de Estados Unidos».
«Este país no ha asumido la responsabilidad por la represión política», agregó Juan Santiago, abogado especialista en derechos civiles que alcanzó notoriedad por demandar al gobierno puertorriqueño por espionaje político en los años 80.
Santiago representó al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) durante el proceso, que tuvo una amplia repercusión pública.
En el transcurso de ese juicio, la policía debió admitir que su división de inteligencia había cumplido una vasta y profunda vigilancia de personas y organizaciones vinculadas al movimiento independentista y que había mantenido extensos informes sobre ellos.
La Corte Suprema de Puerto Rico declaró ilegales e inconstitucionales tales prácticas, y ordenó a la policía que entregara los expedientes a las personas que habían sido espiadas.
No obstante, actualmente miles de documentos permanecen en manos del sistema judicial.
Según Bosque, uno de los tantos puertorriqueños espiados desde su adolescencia, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos también espiaron a los independentistas de Puerto Rico.
Pero estas operaciones no se limitaron al espionaje, sino que incluyeron la violencia e incluso el asesinato político.
En la década de 1980 un comité del Senado de Puerto Rico reveló información ignorada que alarmó a la sociedad de la isla.
El comité reunió «pruebas suficientes para establecer la existencia de grupos paramilitares ilegales, entrenados, apoyados, armados y protegidos por algunas autoridades del gobierno estadounidense en Puerto Rico», afirmaba el informe final.
«Esos grupos conocidos como 'escuadrones de la muerte' tenían como principal misión reprimir al movimiento independentista mediante el acoso, la persecución, la creación de pruebas delictivas en juicios y el asesinato», decía el Comité.
«Esto forma parte de un siglo de persecución contra el movimiento por la independencia», aseguró el ex senador Manuel Rodríguez Orellana, del PIP. «Esperamos que en el futuro se rectifiquen las injusticias del pasado».
Santiago no es optimista sobre el futuro y aún se indigna por la ausencia de condenas en el proceso por el espionaje que ayudó a revelar.
Ninguno de los policía ni de los espías involucrados expresaron arrepentimiento por sus acciones. «Es un asunto de visión y de sensibilidad», dijo Santiago. «Si quienes delinquieron no reconocen su falta, entonces son capaces de delinquir nuevamente».
El sistema judicial de Puerto Rico, arguyó Santiago, debería por lo menos publicar los documentos de inteligencia reunidos durante la investigación, y éstos deberían ser estudiados y utilizados para informar a la opinión pública.
El cambio debe proceder del propio Puerto Rico, según Santiago, quien rechazó la idea de que los juzgados estadounidenses ayuden a detener el espionaje político en la isla.
«El sistema judicial estadounidense es esencialmente un arma política del gobierno», sostuvo Santiago, y manifestó la misma desconfianza hacia la Corte Suprema de ese país.
«Es la corte que cerró sus puertas a las mujeres y a los negros cuando reclamaron equidad a fines del siglo XIX. Y es la misma que el año pasado decidió que era correcto que el Partido Republicano robara las elecciones presidenciales», finalizó Santiago. (FIN/IPS/tra-en/crm/aa/dc/ip-hd/01
