El ingreso ilegal en España de madera tropical procedente de la Amazonia ascendió a 50 millones de dólares en sólo un año, aseguró este jueves la organización ambientalista Greenpeace Internacional.
Pero, además de ese tráfico, «existen 1,2 millones de hectáreas de bosques amazónicos en Brasil y Bolivia» explotadas de manera adecuada y «con certificados de calidad ambiental», cuyo producto también llega a España, sostuvo el responsable de la Campaña de Busques de Greenpeace, Miguel Angel Soto.
Ese sistema de certificación —conocido por las siglas FSC— es hoy la mejor iniciativa para mejorar la gestión forestal y conservar los bosques del planeta, explicó Soto al presentar en Madrid un informe sobre el tráfico ilegal de madera amazónica.
«Hay alternativas a la compra de madera amazónica procedente de la ilegalidad y la corrupción», y, por esa razón, «el sector empresarial español debe modificar su modus operandi y empezar a comerciar con madera certificada», sostuvo el activista.
Mientras, el informe «Recursos naturales para el crecimiento económico en América Latina», presentado por el Banco Mundial este jueves en Montevideo, sostiene que estos recursos son «una receta probada» para el desarrollo de la región.
Sin embargo, el informe previene también sobre la caída de precios de las materias primas y sobre la explotación irracional y en muchos casos ilegal de las riquezas naturales.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) subrayó el miércoles que la explotación forestal ilegal recurre a métodos como la obtención irregular de concesiones corrompiendo a funcionarios públicos y la falsificación de títulos de propiedad o licencias de explotación.
Otras herramientas ilegales registradas en países productores de madera son la tala sin permiso o fuera del área permitida y la extracción de mayor cantidad de árboles, así como de árboles de tamaño mayor o menor del permitido.
Uno de los aspectos más cuestionados por Greenpeace este jueves fue el traslado ilegal de madera a través de las fronteras, así como el fraude en la declaración de tala o de exportación.
Por ello, es frecuente que la madera ilegal salga de los puertos de destino hacia los países consumidores «legalizada» de manera fraudulenta para ocultar su verdadero origen.
Según la organización ambientalista Amigos de la Tierra Internacional, en 1999 ingresaron a España 300.000 metros cúbicos de madera extraida de manera ilegal con un valor de importación de 50 millones de dólares, cinco por ciento de la madera tropical que llegó ilegalmente a la Unión Europea.
Esta cantidad representa aproximadamente 30 por ciento de las importaciones de madera tropical de España. Como consecuencia, España fue responsable de la explotación ilegal de 60.000 hectáreas de bosque tropical, afirmó Soto.
«Una parte importante de esa explotación forestal ilegal se ha producido en Brasil, país del que España importa madera tropical de manera creciente y donde la explotación forestal clandestina supone entre 80 y 85 por ciento de la actividad maderera», añadió Soto.
El Ministerio de Medio Ambiente de Brasil reconoce que continúa la destrucción incontrolada de la selva amazónica, pues constató que desde agosto de 1999 a agosto de 2000 la deforestación aumentó 15 por ciento.
Según el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) de Brasil, que observa la región amazónica mediante satélites, el área total deforestada en 2000 sumó 19.836 kilómetros cuadrados, mientras en 1999 fue de 17.259 kilómetros cuadrados.
Según el informe de Greenpeace, cinco empresas de Santarém, en el estado nororiental brasileño de Pará, fueron acusadas de prácticas ilegales por el gobierno de ese país.
Esas acusaciones incluyen la invocación de planes de gestión forestal que no existen o que no se cumplen, empresas fantasma y talas en lugares de titularidad pública, Estas empresas son Cemex, Curuatinga, Estância Alecrim, Madesa y Rancho da Cabocla. Todas ellas exportan madera a España.
Greenpeace aseguró que madera de esas empresas es adquirida por importadores, comercios e industriales de toda España. «La madera ilegal, basada en la corrupción y la ilegalidad, se vende impunemente sin que nadie exija garantías del origen de estos productos», declaró Soto.
Por ello, insistió en que «las empresas consumidoras de madera tropical amazónica necesitan aceptar un código ético que termine con la complicidad del sector con la corrupción y la ilegalidad en la región amazónica».
«Estas empresas españolas, así como otras europeas, deberían modificar su política de compras y traer madera certificada FSC, madera cada vez más demandada por los consumidores españoles y que asegura un desarrollo sustentable ambientalmente en los países productores», concluyó. (FIN/IPS/td/la eu en/01
