Organizaciones no gubernamentales africanas propusieron a los acreedores de la deuda externa ceder sus derechos a instituciones de la sociedad civil, que deberán destinar esos fondos al desarrollo y a la reducción de la pobreza.
Esa decisión permitiría el alivio del endeudamiento público, considerado los autores de la iniciativa el principal obstáculo para el desarrollo del continente.
«El gobierno deudor mantendría sus obligaciones, pero podría realizar los pagos en moneda nacional, con tasas de interés acordadas por ambas partes y sin plazos rígidos», explicó Twisema Muyoya, de la institución Mwengo, que actúa en el área del comercio internacional y el desarrollo.
«En lugar de que el dinero se destine al pago de deuda, volverá a las comunidades locales», afirmó.
«Los fondos movilizados por este canje de deuda deberán destinarse a áreas estratégicas para multiplicar su impacto. Si el programa se implementa correctmente, la deuda se convertirá en fuente de recursos para el desarrollo pues la ayuda no irá al gobierno sino al crecimiento y a la población», agregó.
De los 41 estados calificados como países pobres muy endeudados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, 33 se encuentran en Africa subsahariana.
La deuda de esa región con agencias bilaterales y multilaterales es de 370.000 millones de dólares y sigue creciendo, no porque hoy contraiga préstamos significativos sino por el costo de los intereses, según el Foro y Red Africa sobre Deuda y Desarrollo (Afrodad).
En 1999 los países más pobres del mundo transfirieron 128 millones de dólares diarios a las naciones acreedoras por servicios de deuda. Africa subsahariana pagó 23 millones de dólares por día en ese periodo, y un tercio de esa suma correspondió a Zimbabwe, sostuvo Afrodad.
La iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres altamente endeudados del Banco Mundial y el FMI obliga a los países beneficiados a implementar proyectos de desarrollo con el dinero de cuyo pago se librarán, concentrados en los sectores de la agricultura, la salud, la educación y la infraestructura.
Además, esos países deben comprometerse a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, a renunciar a la guerra como medio de resolución de conflictos, y a procurar la reducción de la pobreza y el bienestar y el pleno desarrollo de sus habitantes.
Los países africanos que cumplieron con los requisitos del programa son Burkina Faso, Camerún, Chad, Gambia, Guinea, Guinea- Bissau, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, Níger, Ruanda, Senegal, Tanzania, Uganda y Zambia.
Los gobiernos de Africa subsahariana adeudan a acreedores externos un promedio de 400 dólares por habitante, en un continente donde el salario promedio anual por persona es inferior a esa suma.
Cada uno de los 13 millones de habitantes de Zimbabwe debería pagar casi 700 dólares para cancelar la deuda, explicó Simba Munyanyi, integrante de la Coalición sobre Deuda y Desarrollo de ese país (Zimcodd).
Africa subshariana gasta el doble en intereses de la deuda externa que en servicios básicos de salud. Mientras el gasto en educación constituye 6,1 por ciento del producto interno bruto regional, el pago de la deuda alcanza a cinco por ciento.
En Mozambique, 25 por ciento de niñas y niños mueren antes de los cinco años debido a enfermedades infecciosas curables, mientras el gobierno destina al pago de intereses cuatro veces más que al presupuesto de salud.
Zambia gasta 1.300 millones de dólares en intereses de deuda y apenas 37 millones en el presupuesto de la educación primaria.
«No se puede negar que la crisis de la deuda africana es una de las principales causas de la parálisis económica del continente. En estas condiciones es imposible hablar de medidas efectivas de desarrollo», afirmó Eunice Mafundikwa, integrante de Afrodad.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) «hasta 40 por ciento de los recursos gubernamentales de los países africanos se destinan a pagar intereses de deuda en detrimento de la salud, la educación y otros servicios esenciales».
«La respuesta occidental ha sido acumular planes e iniciativas, pero ninguna se enfrenta en forma adecuada con el problema, y la causa de la crisis sigue sin resolverse. El resultado es mayor endeudamiento y el deterioro de los servicios», afirmó Mafundikwa.
Casi 30 por ciento de la ayuda monetaria que recibe Africa subsahariana se va de la región para pagar intereses, sobre todo al Banco Mundial y al FMI.
«La cancelación de la deuda es la única forma efectiva de poner fin a la pobreza y de colocar a Africa en el camino de un desarrollo sostenido», agregó Mafundikwa.
«Las deudas de Africa son demasiado elevadas. Sigue siendo esencial un alivio sobre bases más amplias y efectivas para que el continente recupere la capacidad de lograr un desarrollo mínimo», señaló la Comisión Económica de Naciones Unidas para Africa.
La deuda pública creció en volumen e impacto en las últimas tres décadas, constituyendo uno de los principales factores externos que restringen el desarrollo africano, sostuvo Munyanyi, de Zimcodd.
En un nuevo libro sobre los efectos sociales y políticos de la deuda en Zimbabwe, la organización no gubernamental de Zimbabwe culpa a los programas de ajuste estructural por el aumento del endeudamiento.
Tras la aplicación de decenas de programas de ajuste estructural promovidos por el FMI y el Banco Mundial, el volumen de la deuda externa de Africa subsahariana triplicó su proporción respecto de los ingresos por exportaciones de 102 por ciento en 1978 a 326 por ciento en 1986, asegura el libro.
En 1980 los países de la región adeudaban 84.000 millones de dólares, pero para 1997 el endeudamiento era de 235.000 millones de dólares.
«Los préstamos del FMI y el Banco Mundial se agregaron al peso del endeudamiento, apoyados en estrictos programas económicos para reprogramar deudas o prestar más dinero a gobiernos en bancarrota», sostuvo Zimcodd.
«También se debe examinar la legitimidad de la deuda que estamos pagando. Una parte de ella fue adquirida por dictadores militares que dejaron el poder hace tiempo, y las autoridades actuales tienen que pagarla. ¿Acaso eso es justo?», preguntó Muyoya. (FIN/IPS/tra-eng/lm/mn/dc/dv/01
