La abogada María Antonia Morales se convirtió este lunes en la primera mujer en integrar la Corte Suprema de Justicia de Chile, en sus 171 años de existencia.
Morales prestó juramento en una ceremonia calificada de histórica, en presencia de los máximos dignatarios de los tres poderes del Estado, encabezados por el presidente Ricardo Lagos.
En el mismo acto juró como fiscal de la Corte Suprema de Justicia la abogada Mónica Maldonado, quien pasó a ser así igualmente la primera mujer que desempeña este cargo de la magistratura, equivalente al de ministro de fe del máximo tribunal.
«Es un hecho muy importante desde el punto de vista de la no discriminación y también un motivo de orgullo para la mujer chilena, de estar en el más alto tribunal del país», señaló Lagos al término de la ceremonia realizada en el Palacio de los Tribunales.
Sin embargo, Lagos subrayó que Morales y Maldonado, «por sus méritos y no por ser mujeres, llegan a ser ministra y fiscal de la Corte Suprema de Justicia».
«No cabe ninguna duda que estamos frente a un acontecimiento de relevancia histórica», dijo, a su vez, el presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Hernán Alvarez.
La designación de ambas magistradas fue propuesta por Lagos tras recibir sendas «quinas» (propuestas de cinco nombres) del Poder Judicial, y aprobada el 18 de octubre por unanimidad en el Senado.
Andrés Zaldívar, presidente de la cámara alta y del Congreso legislativo, destacó el consenso con que los senadores de la coalición gobernante de centroizquierda y la oposición derechista aprobaron ambos nombramientos.
Lagos destacó que la mujer chilena ingresa a la instancia máxima del Poder Judicial 50 años después de que Inés Henríquez se convirtiera en la primera legisladora del país y luego de 49 años de que Adriana Olguín fuera la primera ministra de Estado, a cargo de la cartera de Justicia.
Morales, de 70 años, comparte desde ahora el máximo estrado de los tribunales con 20 jueces varones. Estará cinco años en el cargo, ya que la ley determina que los ministros de la Corte Suprema deben jubilarse a una edad máxima de 75 años.
La magistrada señaló que no sentía en una situación desmedrada por ser la única mujer de la Corte Suprema Justicia.
Admitió que en algunos aspectos podría tener una visión diferente a la de sus pares, pero recalcó que, mas allá de su condición de mujer, su deber es cumplir su papel de jueza «de la mejor manera posible».
A Morales se le considera una magistrada conservadora, porque en su anterior condición de miembro de la Corte de Apelaciones de Santiago votó a favor de una demanda de grupos tradicionalistas en contra de la comercialización del anticonceptivo conocido como «píldora del día después».
Sin embargo, en 1994, como jueza, fue una de las primeras en contradecir los criterios impuestos durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) y se negó a aplicar la ley de amnistía vigente desde 1978 en el caso de Lumi Videla, una presa política asesinada en 1974.
Morales argumentó en esa ocasión que los Convenios de Ginebra sobre protección de prisioneros eran aplicables en este caso y que, en tanto instrumento internacional, tenían preeminencia sobre una norma interna, como la ley de amnistía.
Su predicamento fue, empero, revocado por la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, cuyos miembros habían accedido al tribunal durante el régimen de Pinochet.
Las designaciones de Morales y Maldonado aportan un nuevo factor de renovación a la Corte Suprema de Justicia, que en los últimos cinco años se ha «depurado» casi por completo de la herencia dictatorial.
La llegada de las dos mujeres a la instancia máxima del Poder Judicial debe también mejorar el registro internacional de Chile en cuanto a la igualdad de géneros.
Chile, respecto de otros países de América Latina, tiene un grado relativamente alto de igualdad entre hombres y mujeres en aspectos como la alfabetización adulta, el acceso a la enseñanza básica, media y superior y los niveles de remuneraciones.
Esa situación es medida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del Indice de Desarrollo de Género, que ubicó a Chile este año en el puesto 39 en el mundo.
El PNUD elabora igualmente el Indice de Potenciación de Género, que compara la situación de la mujer ante los hombres en la presencia en parlamentos y altos cargos de gobierno y de la empresa privada, porcentajes en grados profesionales y tratamiento salarial en labores similares.
Así, Chile figuró este año en el lugar 49 en cuanto a potenciación de género, es decir 10 casilleros más atrás que en el índice de desarrollo de género. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/01
