El presidente de Argentina, Fernando de la Rua, acorralado por una situación anárquica, se declaró este jueves dispuesto a «hacer los cambios que sean necesarios» para garantizar la paz social, y convocó al opositor Partido Justicialista a sumarse a un gobierno de unidad nacional.
Poco después, el subsecretario de Comunicación de la presidencia, Juan Pablo Baylac, advirtió que la respuesta debe llegar en seguida, mientras se informaba que los muertos en los disturbios eran ya 18, desde el miércoles.
«Si el peronismo (justicialismo) dice que no a la convocatoria, el presidente renunciará», aseguró Baylac, como si el gobierno jugara su última carta e intentara pedir responsabilidades a la oposición.
Pero la invitación de De la Rúa no tuvo eco entre los máximos referentes del justicialismo. «Si es para continuar con este modelo, entonces que no cuente con nosotros», dijo el senador Eduardo Duhalde, uno de los principales dirigentes justicialistas y el más crítico del actual rumbo económico.
Poco antes del discurso del presidente, el líder sindical Hugo Moyano anunció una huelga general para este viernes, para exigir la renuncia de De la Rúa, y el secretario general de la Confederación General del Trabajo, Rodolfo Daer, pidió que el paro se prolongue por tiempo indeterminado.
En las calles continuaron las protestas callejeras, la represión policial y los saqueos, y se informó de cinco muertos en la Plaza de Mayo, un paseo público situado frente a la casa de gobierno que numerosos manifestantes intentaban ocupar
Con carros hidrantes, gases y palos, la policía procuraba dispersar a los manifestantes y los perseguían por calles aledañas a la Plaza de Mayo, mientras nuevas columnas de llegaban al lugar.
El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, que representa a la Alianza que llevó al poder a De la Rua hace dos años, solicitó al Poder Ejecutivo frenar la represión.
Ibarra afirmó que la administración nacional «esta terminada» y que se debera convocar a una asamblea y reemplazar al mandatario.
Entre tanto, continuó el saqueo de supermercados y de otros comercios, pese al estado de sitio decretado el miércoles, y en algunas localidades del cordón suburbano de la capital también fueron asaltadas algunas viviendas.
Los centros comerciales cerraron sus puertas, se interrumpió en la capital el servicio de trenes y de metro y se dio asueto a empleados de la casa de gobierno.
Impotente frente a la crisis, De la Rúa no logró organizar la reunión que había anunciado con senadores y gobernadores provinciales justicialistas, que mantienen entrevistas por separado para tomar posición.
Por declaraciones aisladas, se deduce que la mayoría de los dirigentes justicialistas reclaman la renuncia del presidente y la convocatoria a elecciones.
«Argentina carece de gobierno, esta sumida en la anarquia», señala un comunicado de los senadores justicialistas. De la Rúa «tiene que renunciar», dijo la senadora Cristina Fernández.
«Las movilizaciones populares representan la revocación de su mandato», afirmó Fernández, que el 10 de este mes ingresó en el Senado.
«No hay espacio para que De la Rúa reconstruya el gobierno y no creo que haya tampoco un cogobierno con el justicialismo», declaró el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, el justicialista Felipe Solá. «Me parece que a esta altura hay que convocar a una asamblea y pedirle la renuncia», añadió.
Por su parte, el gobernador de la central provincia de Córdoba, el también justicialista José Manuel de la Sota, sostuvo que «De la Rúa no puede gobernar».
«Si toma la decisión de no continuar su gobierno, hay que votar para elegir a un sucesor», propuso De la Sota, un posible precandidato del justicialismo para los próximos comicios.
La crisis social se precipitó a causa de las medidas de restricción de retiro de fondos de los bancos, y por la perspectiva de nuevos recortes de gastos el proximo año, disposiciones todas que profundizarían una recesión de 41 meses y el desempleo, ubicado ahora en 18,3 por ciento de la población activa.
El gobierno procuraba así avanzar en la renegociación de la deuda pública de 130.000 millones de dolares y achicar el déficit fiscal, a fin de recuperar la confianza de los mercados.
Pero el Fondo Monetario Internacional (FMI) se negó este mes a desembolsar 1.300 millones de dólares correspondientes a un crédito ya concedido.
Ann Krueguer, vicedirectora del FMI, sostuvo este jueves desde Nueva Delhi que el organismo multilateral sigue con «preocupación y ansiedad» los hechos de Argentina, y en el mismo sentido se pronuncio el presidente de Estados Unidos, George Bush.
El portavoz del FMI, Thomas Dawson, responsabilizó al gobierno por este fracaso.
De la Rua aseguró este jueves que cumplirá con su deber «hasta el final», y pidió al justicialismo «una respuesta patriótica, de grandeza, para integrar un gobierno de unidad nacional». La crisis le costó el puesto al «superministro» de Economía, Domingo Cavallo, que dimitió el miércoles de noche. (FIN/IPS/mv/ff/ip/01
