La ciudadanía de la República Checa podrá conocer los archivos confeccionados por la policía secreta en la era comunista de la antigua Checoslovaquia, cuando se promulgue en marzo una ley que pondrá fin a un debate de diez años.
La ley, con media sanción de la cámara baja del parlamento, permitirá a cualquier ciudadano checo mayor de 18 años solicitar por escrito el acceso a casi todos los documentos de la disuelta policía secreta (Státní Bezpeénost o StB) incluyendo las listas de agentes secretos e informantes.
Los archivos sobre ciudadanos extranjeros o aquellos que contengan información vital para la seguridad nacional permanecerán clasificados.
Hasta ahora, cualquier persona investigada o perseguida por el régimen comunista, disuelto en 1989, podía consultar su archivo personal, pero las referencias a terceras personas eran tachadas u omitidas.
Unas 60.000 personas ya han revisado sus archivos, una cifra cercana a la mitad de los documentos que escaparon a la frenética destrucción emprendida por funcionarios de seguridad a fines de 1989, cuando un gobierno provisional asumió el poder y convocó a elecciones.
La discusión sobre la publicación total del contenido de los informes de la StB se aproxima a su fin, a casi 12 años de la «revolución de terciopelo» que liquidó el régimen comunista y a nueve años de la partición de Checoslovaquia en dos estados independientes, la República Checa y Eslovaquia.
Mientras muchos antiguos disidentes políticos propugnan la publicación sin restricciones de los archivos, otros se muestran preocupados porque el material contenga información deliberadamente falsa, que puede dañar la reputación de personas inocentes.
Revelar el contenido completo de esos archivos puede hacer más daño que bien, sostuvo el ex canciller de Checoslovaquia, y ex disidente del régimen comunista Jiri Dienstbier.
«No hay sólo información en esos documentos. He hablado con muchos que leyeron sus informes personales, y puedo asegurar que abundan las mentiras, invenciones de personas que colaboraban con la policía secreta, que no tenían nada para informar y entonces, simplemente inventaban», sostuvo Dienstbier a la Radio Checa.
«Si los archivos son accesibles a todo el mundo, la población no conocerá la verdad, sino el sinsentido, lo cual será la victoria final de la disuelta policía secreta», sostuvo Dienstbier.
El antiguo régimen socialista de Checoslovaquia juzgó y condenó a 280.000 personas por crímenes políticos, confinó a 7.000 ciudadanos en instituciones psiquiátricas, ejecutó a más de 230 y deportó a campos de trabajo forzado o negó el derecho a la educación a decenas de miles.
Los informantes eran frecuentemente forzados mediante chantaje a trabajar para la policía secreta, y sus nombres eran registrados con seudónimos, advirtió la Oficina de Documentación e Investigación de Crímenes Comunistas.
«Es peligroso otorgar a esos informes valor a primera vista. No debemos olvidar quiénes los redactaron», dijo un portavoz de la Oficina.
Si bien sobran acusaciones, pocos altos funcionarios de la StB o del Partido Comunista han sido juzgados por sus supuestos crímenes.
El martes pasado fueron condenados por intimidación y torturas contra disidentes tres ex funcionarios del Ministerio del Interior y la policía secreta, acusados de concebir la «asanance», una operación de demolición de viviendas que se extendió desde 1977 a 1985, con el fin de intimidar a la disidencia política.
El lunes, un tribunal de Praga condenó a Jiri Simak y Zybnek Dudek, dos antiguos funcionarios de la StB, a tres años de prisión por practicar torturas físicas y psicológicas durante la asanance.
En esos operativos represivos, cientos de firmantes del manifiesto anticomunista conocido como Capítulo 77 fueron acosados y empujados al exilio.
«Los primeros años de la asanance fueron casi insoportables», dijo a IPS Petruska Sustrova, una de las signatarias del documento.
«Luego que comenzó a actuar el movimiento (sindical opositor) Solidaridad en Polonia y se impuso la ley marcial en 1981, la represión se redujo, pero aún me vigilaban y me 'invitaban' a las oficinas de la policía secreta, para interrogatorios que podían durar 48 horas», aseguró Sustrova, escritora y analista política.
Su archivo puede haber sido destruido en los primeros días de diciembre de 1989, junto con los de decenas de miles de personas.
«Mi única preocupación sobre la nueva ley es que no permite a los extranjeros acceder a la documentación. Muchos de ellos pusieron su vida en peligro por ayudarnos», afirmó Sustrova, quien también consideró emigrar a fines de los años 70.
Uno de los que partió al exilio huyendo del acoso del gobierno fue Karol Sidon, quien se convirtió en gran rabino de la República Checa tras la caída del comunismo. Otros, como el escritor Pavel Kohout, fue despojado de su ciudadanía e impedido de ingresar al país cuando viajó al exterior.
La colaboración con las fuerzas de seguridad se convirtió en un tema muy sensible para la sociedad checa después de 1989, cuando comenzaron a circular listas no oficiales de supuestos agentes e informantes.
En 1992, el ex disidente Petr Cibulka publicó una lista de 160.000 nombres, que había recibido de una fuente cercana a la policía secreta.
Los nombres aparecieron publicados en el diario sensacionalista Rude Kravo (Vaca Roja), una variación de Rude Pravo, (Verdad Roja), el diario oficial de la era comunista.
Cibulka continúa reuniendo y divulgando listas con información personal sobre casi 200.000 colaboradores y funcionarios en su quincenario The Uncensored News, que puede consultarse en la red informática Internet (www.cibulka.com).
La nueva ley permitirá confirmar o refutar la información divulgada por Cibulka y otros.
«Es importante para la salud de la sociedad saber qué clase de personas tienen poder económico y político hoy en este país», dijo Cibulka en una entrevista.
El gobernante Partido Social Democrático se mostró dividido sobre el proyecto, presentado por el centroderechista Partido Cívico Democrático. Algunos de sus legisladores lo apoyaron y otros se abstuvieron. Sólo el Partido Comunista y unos pocos representantes oficialistas votaron en contra.
El proyecto aún debe ser considerado por el Senado y promulgado por el presidente Vaclav Havel, un escritor e intelectual que también fue víctima de la policía secreta. (FIN/IPS/tra-eng/bk/sm/dc/hd ip/02
