/BOLETIN-AMBIENTE/ ECUADOR: Indígenas burlados por compañía petrolera
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QUITO, 3 mar 2002 (IPS)
- Las comunidades huaorani de Ecuador aceptaron unos pocos alimentos, medicinas y utensilios a cambio de permitir a la petrolera italiana Agip Oil explorar su territorio, lo cual constituye “una burla a los derechos colectivos” de los indígenas, afirmó la organización ambientalista Acción Ecológica.

Los indígenas concedieron a Agip Oil autorización para construir una plataforma petrolera, tender un ramal de oleoducto y extraer crudo en la nororiental provincia de Pastaza, según un contrato firmado en marzo de 2001 al que accedió IPS.

A cambio, la empresa se comprometió a entregar a cada una de las seis comunidades huaorani, entre otras cosas, 50 kilogramos de arroz y 50 de azúcar, dos cubos de grasa, una bolsa de sal, un silbato de juez y dos balones de fútbol, 15 platos, 15 tazas, y un armario con 200 dólares en medicinas, en una única partida.

La petrolera también acordó brindar a los indígenas un curso para promotores de salud y entregarles una radio, una batería, un panel solar y 3.500 dólares para construir un aula escolar, según el contrato firmado por la Organización de la Nacionalidad Huaorani de la Amazonia Ecuatoriana, las seis comunidades y Agip Oil.

La dirigente de Acción Ecológica Ivonne Ramos aseguró que las compañías petroleras suelen firmar este tipo de contratos, que lesionan la dignidad de los pueblos indígenas amazónicos y fomentan su extinción, sin que el gobierno intervenga contra esos abusos.

“Este es sólo un ejemplo. Otras petroleras firman acuerdos semejantes, que son apoyados por el Estado a través de la Dirección Nacional de Planeamiento Ambiental del Ministerio de Energía y Minas”, explicó Ramos.

El contrato entre los huaorani y Agip Oil contrasta con la actitud de indígenas, campesinos y autoridades municipales de las nororientales provincias de Sucumbíos y Orellana, en huelga por tiempo indefinido para exigir compensaciones ante los daños ambientales previstos por la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).

Las provincias exigen al gobierno de Gustavo Noboa que presione a la empresa OCP Limited para que entregue 10 millones de dólares con el fin de destinarlos a obras sociales.

Los pobladores cortaron el 25 de este mes las carreteras, tomaron pozos petroleros y ocuparon el aeropuerto de Coca, capital de Orellana, y oficinas de la empresa aérea TAME en Nueva Loja, capital de Sucumbíos.

La paralización de 10 campos petroleros y una refinería redujo 19 por ciento la extracción de crudo. La entrega de 230.000 barriles diarios disminuyó a 38.000 como consecuencia de las protestas.

El gobierno declaró el estado de emergencia en Orellana y Sucumbíos. Una persona murió y nueve resultaron heridas a causa de choques con el ejército y la policía.

El gobierno ecuatoriano declaró estado de emergencia el 22 de febrero en Sucumbíos y el día 23 en Orellana, cuando la protesta acababa de comenzar, con la excusa de proteger la frontera luego de la ruptura del diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Sin embargo, Noboa afirmó el 25 de febrero que la declaración de emergencia respondía a la huelga.

La nacionalidad huaorani nuclea unas 2.700 personas que poseen un territorio de 670.000 hectáreas entre los ríos Napo y Curaray. Obtienen su sustento de la agricultura itinerante en parcelas familiares, la caza y la pesca, según la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas con sede en Quito.

El documento firmado por los huaorani deja constancia que Agip Oil “tiene un Contrato con el Estado Ecuatoriano” para la “exploración y explotación de hidrocarburos en el Bloque 10”, ubicado en la provincia de Pastaza, dentro de los “límites reconocidos como parte del territorio” huaorani.

“De acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República y el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador”, Agip Oil consultó a las comunidades huaorani sobre “los posibles impactos del proyecto”, señala el contrato.

El coordinador nacional del indígena Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País, Miguel Lluco, aseguró que el convenio entre la petrolera italiana y los huaorani viola la Constitución de Ecuador y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Ese tratado, según el cual los pueblos indígenas y tribales deben ser consultados sobre toda medida que los afecte y participar en las decisiones sobre explotación de recursos en sus territorios, fue ratificado por Ecuador a instancias de Lluco, quien fue diputado entre 1996 y 1998.

“Según el contrato, la empresa Agip consultó a las comunidades después de que el gobierno le concedió el permiso para la exploración y explotación, cuando debió hacerlo antes”, afirmó Lluco.

La empresa no debe consultar a las comunidades indígenas sobre el posible impacto del proyecto, si no apelar a un estudio ambiental independiente que lo determine, proponer mecanismos para remediarlos y comprometerse a hacerlo.

“Después de presentar eso bien explicado a las comunidades, debe consultarlas si están de acuerdo con la exploración y explotación. Si no, es una forma de engaño”, arguyó.

El contrato establece que los huaorani “reconocen y aceptan” su responsabilidad por cualquier omisión en la ejecución del acuerdo, así como por accidentes, daños a terceros y daños ambientales.

También deja constancia de que la compañía “estará libre de cualquier responsabilidad relacionada con las actividades motivo de este acuerdo”.

Para Lluco, el contrato demuestra que la petrolera aprovecha resquicios legales para eludir responsabilidades.

“De esa forma los contaminadores de la Amazonia traspasan la responsabilidad a los afectados por la contaminación. Parece un chiste, pero no lo es. Es muy triste”, afirmó el dirigente.

El contrato deja abierta la posibilidad de que la empresa y los indígenas lleguen a nuevos acuerdos, pues establece que de hallarse reservas de carburos comercialmente explotables en Pastaza, Agip Oil y los huaorani reanudarán el diálogo para “buscar formas de apoyo y cooperación mutua”.

Mientras, el presidente Noboa acusó a los promotores de la huelga en Orellana y Sucumbíos de chantaje por exigir obras y compensaciones a las empresas petroleras. “Una cosa es lo que se acordó” con el consorcio constructor del OCP “y otra que cada tanto tiempo paralicen la obra para pedir más dinero”, acusó.

El alcalde de Nueva Loja, Máximo Abad, aseguró que ni el gobierno ni OCP Limited, el constructor del oleoducto, cumplieron con compromisos como el pavimentado de carreteras y el suministro de electricidad sin interrupciones.

“De aquí sale el petróleo y estas provincias no tienen carreteras asfaltadas, ni energía eléctrica. Noventa por ciento de la población vive en condiciones de pobreza. Son las provincias más pobres, siendo las más ricas” por sus recursos naturales, aseguró Abad.

El ministro de Gobierno (Interior), Marcelo Merlo Jaramillo, afirmó que la actitud de algunas autoridades locales “linda con la subversión”.

El estado de emergencia permite a las autoridades “utilizar todas las acciones que dispone la Constitución”, advirtió Merlo Jaramillo.

“No permitiremos que se paralice la producción petrolera”, aseguró. (FIN/IPS/kl/mj/en pr/02

 

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