La Cámara de Representantes de Indonesia obstruyó un proyecto de ley de acceso a registros públicos considerado esencial para consolidar las reformas democráticas iniciadas tras el fin de la dictadura de Alí Suharto, en 1998.
La cámara baja anunció que antes de aprobar el proyecto de acceso a datos estudiará la aprobación de una segunda iniciativa sobre confidencialidad que limitará el alcance de la primera, presentada en marzo.
La iniciativa de instauración del secreto de Estado sólo es un intento de socavar la ley de acceso y un paso atrás en los esfuerzos por construir un sistema democrático, indicaron legisladores, periodistas y activistas críticos de la medida.
SL Batubara, presidente ejecutivo de la Asociación de Editores de Diarios de Indonesia, dijo que el proyecto de acceso es necesario para minimizar los casos de corrupción y violaciones de los derechos humanos, pero muchos dirigentes políticos aún creen que la gente no está lista para ejercer su libertad de conocimiento.
Durante un plenario de la cámara baja, el representante Tumbu Saraswati sostuvo que la ley de acceso otorgará al público la posibilidad de conocer datos sobre un amplio espectro de temas, pero la ley de secreto de Estado permitirá que funcionarios del gobierno lo impidan.
Djoko Susilo, presidente de la comisión parlamentaria sobre medios e información, señaló que incluso ante la ausencia de una ley de confidencialidad de Estado, el público indonesio ha tenido problemas para obtener información de instituciones gubernamentales.
Durante el régimen de Alí Suharto (1966-98) se propuso una ley de confidencialidad de Estado pero nunca se aprobó, aunque todo era secreto entonces. Es irónico que en esta era de reformas, la mentalidad del gobierno aún sea la misma que la del gobierno represor, dijo Lukas Luwarso, director ejecutivo de Consejo de la Prensa.
Tras la renuncia forzada de Suharto en 1998, tras tres décadas de dictadura, el país inició amplias reformas democráticas.
El proyecto de ley de acceso, en el que trabajaron durante un año y medio varios activistas y legisladores, es considerado un termómetro de la voluntad del gobierno para implantar verdaderos cambios políticos.
Según la iniciativa de acceso, todas las instituciones públicas deberán llevar registros de sus actividades y brindar la información al público, excepto en casos que interfieran con la ley y el orden o los derechos de propiedad y amenacen la seguridad estatal o violen la privacidad.
Una comisión de libertad de acceso a datos sería establecida para supervisar la aplicación de la nueva ley, y el incumplimiento de la misma podría significar una pena de hasta cinco años en prisión.
A su vez, la iniciativa de confidencialidad prevé dar a los directores de organismos y ministerios estatales la potestad de decidir qué documentos serán clasificados como secreto de Estado. Además, los directores podrán delegar esta facultad a subordinados.
El texto de la ley impone una pena máxima de nueve años de prisión en caso de infracciones.
Luwarso y Batubara concuerdan en que cierta información gubernamental debe ser protegida por el secreto en áreas como el comercio o los asuntos internacionales, pero sostienen que una ley de acceso puede fijar las normas para regular los casos prioritarios para el interés nacional.
La sociedad civil cree que no necesitamos una ley de confidencialidad. Hemos propuesto que el gobierno incluya el secreto de Estado en el proyecto de libertad de acceso, dijo Luwarso.
Algunos legisladores y activistas indicaron que la ley de acceso debería haber sido aprobada por el parlamento antes que la la ley de confidencialidad, para evitar que esta última sea usada para manipular los debates sobre la primera.
Poco después que la cámara baja anunciara el 20 de marzo que se disponía a considerar la ley de confidencialidad, varios parlamentarios sugirieron que ambas iniciativas fueron tratadas en conjunto para evitar contradicciones entre sus disposiciones.
Pero el proyecto de confidencialidad aún ocupa el número 17 en la lista de los legisladores, y la ley de acceso el número 30.
Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) protestaron por el orden de importancia de las iniciativas, y algunas destacaron que los debates sobre proyectos de partidos políticos y la composición del parlamento, que deberían estar listos antes de las elecciones de 2004, ocupan los lugares 40 a 42 en un total de 80 propuestas.
Batubara y Luwarso advirtieron que las ONG no dejarán de presionar por la aprobación de una ley de acceso a la información que incluya regulaciones sobre el secreto de Estado. Seguiremos luchando, dijo Batubara.
Por su parte, el parlamentario Susilo urgió al público a prestar mayor atención a los debates sobre los proyectos en cuestión. (FIN/IPS/tra-en/pd/ccb/js/lp/mlm/ip hd/O2
