La naciente democracia de Indonesia nunca llegará a su plenitud a menos que las Fuerzas Armadas pierdan su peso político y el gobierno deje de usarlas para resolver problemas internos, advirtieron activistas.
Durante la dictadura de 32 años del general Alí Suharto, que fue obligado a renunciar en mayo de 1998, los militares tuvieron poder ilimitado a cambio de su apoyo al gobierno mediante la represión de los opositores.
Desde la caída de Suharto, el ejército prometió reformarse, pero muchos opinan que no ha abandonado su tendencia a la prepotencia, en parte porque los gobiernos posteriores no limitaron las potestades de los militares.
Muchos activistas consideraron una mala señal la decisión de la presidenta Megawati Sukarnoputri de designar al teniente general Ryamizard Ryacudu como nuevo comandante en jefe del ejército.
Ryamizard, conocido por su represión de movimientos separatistas, exhortó al público a no hablar instantáneamente de violación a los derechos humanos cuando ve que (militares) matan a tiros a alguien, mientras que aquellos que intimidan e infaman no son considerados violadores de los derechos humanos.
En declaraciones al diario Jakarta Post luego de su nombramiento este mes, Ryamizard sostuvo que los habitantes de áreas de conflicto como las islas Molucas, Aceh y Papúa Occidental, olvidaron su nacionalidad indonesia, y por eso hay violencia en esos lugares.
Según activistas, la policía local y las fuerzas militares desplegadas en las Molucas agravaron los enfrentamientos religiosos al tomar parte por uno de los bandos y participar en la violencia en lugar de imponer el orden.
Además, la fuerte presencia militar en las provincias de Aceh y Papúa Occidental, donde hay dos movimientos separatistas, sólo aleja la posibilidad de la paz, pese a los intentos del gobierno por llevar a los guerrilleros a una mesa de negociaciones.
La violencia en Aceh ya dejó 400 muertos este año, aunque Yakarta y el separatista Movimiento Aceh Libre iniciaron un diálogo de paz.
El comandante militar de Aceh declaró que sus tropas continuarán las operaciones de combate hasta que reciban de Yakarta una orden contraria.
Uno de los resultados de la violencia es el cese de las actividades de la justicia provincial. En mayo, sólo siete de 15 cortes distritales estaban en funcionamiento, porque muchos jueces procedentes de fuera de la provincia habían huido de los incesantes enfrentamientos armados.
Los jueces de fuera de Aceh comenzaron a irse en 1999, y los de Aceh no bastan para llenar todos los cargos de los tribunales provinciales, señaló el abogado Afridal Darmi, de Indonesian Legal Aid, una organización no gubernamental de Banda Aceh, la capital de la provincia.
Agustín Iwangin Tanamal, un líder religioso cristiano de Papúa Occidental, viajó este mes a Yakarta para urgir al gobierno a retirar a los militares de allí, y afirmó que la mayoría de los abusos en su provincia fueron cometidos por no locales.
Una investigación gubernamental determinó que miembros de las fuerzas especiales del ejército, Kopasus, fueron responsables del asesinato en noviembre de 2001 del líder papuano They Hiyo Eluay, aunque no reveló quién fue el autor intelectual.
Según activistas, los militares agravan el caos y luego se presentan como la única institución capaz de mantener la paz, al tiempo que sacan provecho del desorden para hacer dinero.
En Aceh, por ejemplo, trascendió que miembros del ejército exigen dinero a los conductores de vehículos que pasan por puestos de control. Otros trabajan como guardias de seguridad para la multinacional petrolera Exxon Mobil en Aceh y la minera Freeport en Papúa Occidental.
También se sospecha que los militares tienen un papel importante en las actividades de tala ilegal en bosques de Papúa Occidental.
Mientras, distintos grupos políticos tratan de eliminar la reserva de escaños para militares y policías en el parlamento nacional.
Actualmente, el parlamento nacional de 500 miembros incluye a 38 integrantes del ejército y la policía, frente a un total de 75 en 1999.
En un esfuerzo por reducir la presencia militar en los poderes del Estado, la Asamblea Consultiva del Pueblo o cámara alta del parlamento decidió que los militares sólo tendrían representación hasta 2004 en la Cámara de Representantes y hasta 2009 en la Asamblea.
El 12 de junio, la cámara baja también aprobó un proyecto por el cual el ejército y la policía dejarán de tener representación en el cuerpo legislativo a partir de 2004.
El proyecto, respaldado por la administración de Sukarnoputri, sorprendió a muchos, en especial porque fue apoyado por dos generales retirados activos en el gobierno: el ministro del Interior Hari Sabarno, quien lo presentó, y el ministro de Seguridad, Susilo Bambang Yudhoyano.
Previsiblemente, el ejército se opuso a la propuesta de ley.
El general Sjafrie Sjamsoedin, portavoz del ejército, declaró que los militares no fueron consultados y que el proyecto debilitaría los esfuerzos de reforma de las fuerzas armadas. (FIN/IPS/tra-en/pd/ccb/js/mlm/ip-hd/02
