El gobierno zimbabwense ordenó a casi 3.000 agricultores blancos que cesen su actividad y abandonen antes del 10 de agosto sus tierras, para entregarlas a negros, en un momento en que la mitad de la población está amenazada por el hambre.
Las tierras que serán redistribuidas por el programa de reforma agraria son cerca de 95 por ciento de las que hasta ahora han cultivado los blancos.
El presidente Robert Mugabe alega en defensa de ese programa que los blancos son menos de 0,7 por ciento de la población, pero poseen 70 por ciento de las mejores tierras agrícolas, mientras que los negros se hacinan en terrenos áridos y semiáridos.
Pero los críticos señalan que la implementación de la reforma agraria de Mugabe reducirá en gran medida la producción agropecuaria.
La cosecha de alimentos ha disminuido en forma acentuada en los últimos dos años, y más de seis millones de habitantes de la región meridional, o sea la mitad de la población del país, están expuestos al hambre, según el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas.
La crisis tiene causas climáticas, pero también se debe al brusco descenso de la productividad de tierras que eran explotadas por grandes agricultores blancos y fueron distribuidas entre el resto de la población, para entregarlas en especial a veteranos de la guerra de la independencia encabezada por Mugabe.
Uno de los afectados es Graham Douse, quien se dispone a abandonar el establecimiento agrícola en el que nació y que fue explotado por su familia desde 1958.
IPS entrevistó a Douse en Nyagambwe, unos 100 kilómetros al este de Harare, mientras inspeccionaba sus cultivos de pimienta, casi maduros, y calculaba que perderá un millón de dólares.
El granjero pidió por escrito al Ministerio de Agricultura que le diera tiempo para vender su ganado y cosechar, pero no ha recibido respuesta. Si violara la prohibición gubernamental vigente desde el martes, aunque sólo fuera para ordeñar una vaca, podría ser condenado a un máximo de dos años de cárcel.
Douse alegó que campesinos de áreas comunales cercanas han robado sus cosechas por las noches, y expresó temor por su equipo, su ganado y su vida.
Estamos muy decepcionados por la inflexibilidad de las autoridades. La venta de nuestras cosechas significaría el ingreso de divisas al país, comentó.
Reinvertí ganancias de 20 años para mejorar el riego, apuntó.
Lamento profundamente que no podamos seguir brindando empleo. Mi única propiedad es esta granja. No tengo otro lugar donde vivir, y lo mismo le ocurre a mis empleados, aseguró Douse.
Unos 300.000 trabajadores rurales perderán su empleo debido a la reforma agraria, y los afectados serán en total casi 1,5 millones, si se cuenta a familiares y otras personas dependientes de los primeros, según el Sindicato de Granjeros Comerciales.
Esto nos rompe el corazón. Lo peor es ver que no hay empleo en ninguna parte para nuestros ex trabajadores, comentó Margaret Steel, quien abandona la granja explotada por su familia durante 50 años, y aseguró que agotará todos sus recursos antes de pensar en emigrar, pese a que afronta una gran incertidumbre.
No puedo ir a ninguna parte. Mi familia esta aquí y no tengo otro hogar, dijo a IPS.
Muchos de los desalojados no saben ganarse la vida fuera de las granjas en que nacieron.
Aún queremos creer que las autoridades van a mostrar un poco de sensatez. Hay gente lista para alimentar al país si le permiten hacerlo, señaló Steel.
Mi hijo sufre una crisis nerviosa. Esta situación lo desmoronó, añadió.
Algunos agricultores anunciaron que desacatarán a las autoridades, y otros, entre ellos Douse, se disponen a continuar su actividad en países vecinos. (FIN/IPS/tra-eng/lm/mn/dv ip/02
