DERECHOS HUMANOS-TAIWAN: Hacia la abolición de la pena de muerte

Taiwan se acercó un paso más a la abolición de la pena capital mediante un proyecto de ley que propone prohibir ese castigo para los menores de 18 años y eliminar la obligatoriedad de las sentencias de muerte para algunos delitos.

La propuesta, que el gabinete de gobierno encabezado por el Partido Democrático Progresista (DPP) aprobó el día 11, forma parte de la mayor revisión al código penal de esta isla asiática en 60 años y prepara el camino para la eliminación de la pena de muerte.

La abolición de la pena capital fue la principal promesa de la campaña electoral del actual presidente Chen Shui-bian, un ex activista de los derechos humanos, legislador y ex alcalde de Taipei cuya toma del mando hace dos años puso fin a 55 años de gobierno del Kuomintang (Partido Nacionalista Chino).

La cuestión concitó gran atención en la década de 1990 debido a una campaña de grupos de derechos humanos a favor de un nuevo juicio a tres jóvenes sentenciados a muerte por un homicidio cometido en 1992.

Los acusados alegaron que la policía los torturó para obligarles a confesar, y actualmente están sometidos a un nuevo juicio.

El número de ejecuciones disminuyó desde que el DPP asumió el poder, de 24 en 1999 a 10 en 2001. En los primeros cinco meses de este año, tres personas fueron ejecutadas.

El 10 de diciembre de 2000, el presidente Chen perdonó al convicto Su Ping-kun y decidió la conmutación de su sentencia. El condenado afirmó que la confesión del asesinato de un prestamista clandestino le había sido arrancada mediante torturas.

En mayo de 2001, el ministro de Justicia Chen Ding-nan anunció la intención del gobierno de abolir la pena de muerte en tres años o antes del fin del actual mandato presidencial.

Desde entonces, el gobierno eliminó la pena capital obligatoria para numerosos delitos, ya sea en el sistema de justicia civil o militar.

Por ejemplo, el parlamento aprobó el pasado octubre una serie de modificaciones propuestas por el gabinete al código militar de justicia, que redujeron de 44 a dos el número de delitos con pena de muerte obligatoria.

El parlamento también derogó en enero último la polémica ley ”anti-Hoodlum”, que preveía sentencias de muerte obligatorias para una gran variedad de delitos, desde el secuestro hasta el robo en banda y otros crímenes violentos.

El último proyecto de revisión del código penal apunta al artículo 63, que permite la imposición de cadena perpetua o pena capital a menores de 18 años hallados culpables de crímenes muy graves, como el asesinato de personas secuestradas o el parricidio.

Ese artículo viola la prohibición de la pena de muerte para menores prevista en el artículo 6 del Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.

La reforma propuesta también pondría fin a todas las sentencias de muerte obligatorias y permitiría a los jueces elegir entre la pena capital y la cadena perpetua para los delitos más graves.

”La eliminación de la pena de muerte para los menores es un paso importante hacia su abolición”, comentó a IPS Kenneth Chiu, abogado del estudio Kew and Lord y director de la Asociación de Taiwan para los Derechos Humanos.

Pero Chiu consideró improbable que el gobierno pueda eliminar la pena capital antes de mayo de 2004, debido a las ”barreras psicológicas” de los taiwaneses.

Encuestas de opinión realizadas por agencias públicas y privadas luego del anuncio del ministro de Justicia, en mayo de 2001, indican que más de 70 por ciento de la población adulta de Taiwan desaprueba la abolición de la pena de muerte.

Los esfuerzos por cambiar la opinión pública se complican por el aumento de 38 por ciento en los crímenes violentos entre los años 2000 y 2001.

Aunque el número de asesinatos y secuestros experimentó una leve disminución, los asaltos individuales, las rapiñas colectivas y las violaciones aumentaron respectivamente 23, 66 y 27 por ciento en el mismo período.

Mientras, los robos comunes aumentaron 52 por ciento, probablemente en reflejo del incremento del desempleo a un récord de 5,2 por ciento en diciembre de 2001.

Al anunciar la propuesta legislativa del gabinete, el ministro sin cartera Hsu Chih-hsiung reafirmó que la abolición de la pena de muerte sigue siendo el objetivo de su gobierno, pero admitió que ”se deben tomar medidas complementarias para que la mayoría de los ciudadanos acepten el fin de la pena capital”.

”El gobierno debe intensificar sus esfuerzos educativos para que la gente entienda por qué tantos países han abolido la pena de muerte”, agregó Chiu. (FIN/IPS/tra-en/de/mlm/hd/02

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