Hacendados blancos de Zimbabwe anunciaron que permanecerán en sus propiedades luego de la medianoche de este jueves, cuando termine el plazo impuesto por el gobierno para su desalojo con el fin de entregarlas a cientos de miles de familias negras.
El gobierno de Robert Mugabe advirtió que aplicará todo el peso de la ley contra los que sigan la recomendación de oponer resistencia pacífica a la orden de desalojo, formulada por la organización Justicia para la Agricultura.
La orden gubernamental dictada en junio se dirige a 3.000 agricultores cuyos ancestros fueron colonos europeos en Zimbabwe el siglo pasado.
Algunos hacendados blancos se dirigieron a países vecinos, donde afirmaron que continuarán en la actividad agrícola, pero otros han permanecido en sus propiedades, pues aseguran no tener alternativa.
Justicia para la Agricultura se formó luego de que la Unión de Granjeros Comerciales, principal organización de agricultores del país, resolvió dejar de lado su oposición al plan de desalojos del gobierno.
La nueva asociación y otras organizaciones resolvieron esta semana abandonar cualquier negociación que implique el reconocimiento de la legitimidad de Mugabe al frente del gobierno, cuya elección en marzo fue calificada de fraudulenta dentro y fuera del país.
El vicepresidente Joseph Msika afirmó el miércoles a los agricultores que el proceso de reforma agraria es irreversible.
Un pequeño círculo entre ustedes está jugando con la idea de un enfrentamiento continuo con el gobierno y, quizás, de aumentar la intensidad del conflicto. Eso no funcionará, pues contradice la fibra de esta nación, afirmó Msika.
Quienes sostengan esta postura desafortunada deben saber que las leyes nacionales serán cumplidas sin vacilación y que no se las socavará con influencia externa. Este grupo de agricultores sólo se podrá acusar a sí mismo de las consecuencias de su resistencia, sostuvo el vicepresidente.
La Unión de Granjeros Comerciales, que no se opone a la reforma agraria pero sí a algunos procedimientos dispuestos para implementarla, acusó al gobierno de crear tal confusión que llevó a algunos agricultores a desafiar las leyes.
Esta confusión causó una ruptura de la ley y del orden que dio piedra libre a los señores de la guerra, colonos y otros elementos que tomaron control de la situación y operaron al margen de las leyes, afirmó el presidente de la Unión, Colin Cloete.
La orden de desalojo afecta a 95 por ciento de los agricultores comerciales, es decir a unos 4.000 hacendados blancos, así como a 1,5 millones de personas entre trabajadores agrarios y sus familiares.
Casi la mitad de los 12,5 millones de habitantes de Zimbabwe necesitan ayuda alimentaria de emergencia, una situación que se repite en otros países de Africa austral como Lesotho, Malawi, Mozambique, Swazilandia y Zambia.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) atribuye la crisis a problemas meteorológicos y a la reforma agraria del gobierno.
En su defensa, el gobierno dijo estar corrigiendo una política colonial según la cual 4.500 agricultores blancos poseían más de 70 por ciento de las mejores tierras.
El programa de reforma agraria no es sólo justo e irreversible, sino también la base para un crecimiento equitativo de la agricultura comercial que contribuya con la economía nacional. Existe espacio para todos. Debemos cooperar y tendremos éxito juntos, dijo Msika.
La reforma agraria implica el reparto de 9,8 millones de hectáreas, 5.153 haciendas en total. En 6,2 millones de hectáreas se reasentaron 210.520 familias.
Pero los agricultores blancos se quejan de que reiterados llamados al diálogo con el gobierno cayeron en oídos sordos.
Pero cualquier hacendado que se resista al desalojo se arriesga a pasar dos años de cárcel y a pagar una multa de 364 dólares. (FIN/IPS/tra-eng/lm/mn/mj/dv ip/02
