Miles de campesinos organizados de México amenazan con intensas movilizaciones contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), convencidos de que su etapa culminante de apertura comercial hacia Estados Unidos y Canadá los llevará a la ruina.
Unos 25 millones de labriegos y no pocos agroindustriales temen consecuencias devastadoras de la entrada masiva al país de excedentes agrícolas estadounidenses desde este miércoles, cuando comenzará a aplicarse el capítulo agropecuario del TLCAN.
Huelgas de hambre, cortes de carreteras y bloqueo del ingreso de mercaderías en la frontera Norte y diversos puertos se han anunciado como parte de una estrategia nacional de protesta, que acompañará la demanda al parlamento de una suspensión temporal de ese capítulo, por lo menos durante cuatro años.
Tras esos anuncios, los secretarios (ministros) de Agricultura, Javier Usabiaga, y de Economía, Luis Ernesto Derbez, iniciaron este lunes contactos con las agrupaciones integrantes del Congreso Agrario Permanente, con la intención declarada de lograr un acuerdo nacional que resuelva la cuestión.
La situación de emergencia del sector agrícola crea efervescencia social en algunas regiones, y puede agudizar históricos conflictos rurales, dijo a IPS el historiador Carlos Montemayor.
El clima de protesta contra el TLCAN que cerró 2002 preludia el surgimiento de nuevos focos de tensión en México, un país escindido en buena medida, porque los mexicanos dimos la espalda al campo, advirtió Montemayor, estudioso de los movimientos guerrilleros del país en las últimas cuatro décadas.
Con el inicio del nuevo año se liberará de aranceles la importación de productos agropecuarios, excepto maíz, frijol y leche en polvo.
Decenas de grupos y organizaciones agrícolas locales alegan que ocho años después de la firma del TLCAN, el sector presenta alarmantes síntomas, y proponen un plan para salvarlo del desastre.
En contradicción con las expectativas de quienes impulsaron ese acuerdo de libre comercio, México importa en la actualidad 95 por ciento de la soja que consume, 58,5 por ciento del arroz y 40 por ciento de la carne.
En los cinco años previos a la firma en 1994 del TLCAN, la producción agrícola mexicana creció 4,24 millones de toneladas, y en los primeros cinco años posteriores, aumentó sólo 2,29 millones de toneladas.
De 1995 a 2001, el valor de las importaciones agrícolas provenientes de Estados Unidos pasó de 3.254 a 7.415 millones de dólares, mientras el valor de las exportaciones mexicanas del mismo sector al mercado estadounidense aumentaba de 3.835 a 5.267 millones de dólares.
Esa evolución del intercambio ha sido interpretado por los críticos como una pérdida de la soberanía alimentaria de México.
Organizaciones campesinas piden al presidente Vicente Fox que renegocie por completo el capítulo agropecuario del TLCAN para garantizar un desarrollo sustentable y justo de su actividad, y que además la fomente con políticas específicas.
Esos grupos quieren negociar un Acuerdo Nacional para el Campo desde una posición de fuerza, mediante movilizaciones en todo el país para evitar la competencia directa con los agricultores de Estados Unidos, amparados por leyes que han elevado hasta 80 por ciento los subsidios que reciben, en especial si exportan.
En 2002, el presupuesto asignado al sector agropecuario de Estados Unidos fue más de 118.000 millones de dólares, y el equivalente en México fue 3.500 millones de dólares.
Los campesinos movilizados proponen formar una comisión con representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de productores agropecuarios y de instituciones de enseñanza superior y centros de investigación, que defina un plan de emergencia para el sector en 2003 y su reforma estructural en 2020.
El TLCAN busca fomentar intercambio comercial y flujos de inversión entre sus socios mediante eliminación paulatina de aranceles e impuestos, en condiciones de justa competencia, pero la actual crisis agrícola es reflejo de acciones del propio gobierno mexicano contra productores locales, según Montemayor.
En la negociación del tratado, productos como el maíz y el frijol fueron catalogados como altamente sensibles y protegidos por un periodo de 15 años, pero las autoridades mexicanas favorecieron a industriales del país y a empresas transnacionales importadoras al violar el calendario de desgravación, señaló.
Esa violación de los acuerdos originales consistió en aumentar cupos de importación sin arancel e inundar el mercado con productos de Estados Unidos subsidiados en ese país, explicó Montemayor.
De 1995 a 1999, México importó unos 7,16 millones de toneladas de maíz por encima de la cuota fijada en el TLCAN, según un informe de la Cámara de Diputados.
Sólo en 1998, se importaron 5,2 millones de toneladas de maíz sin arancel, cuando la cuota prevista era 2.8 millones, y ese grano abasteció a monopolios industriales locales.
Esa aceleración de la apertura se implementó mientras los campesinos mexicanos tenían sus cosechas de maíz sin vender, explicó Montemayor.
Uno de los peligros que se ciernen sobre el sector rural es el aumento de la migración hacia zonas urbanas o Estados Unidos, que según cifras oficiales moviliza en la actualidad a unos 600 campesinos por día, advirtió.
La crisis pone a prueba la capacidad de organización de los grupos campesinos, también al gobierno de Fox, que ha demostrado su enorme capacidad de no preocuparse por algunos de los grandes problemas nacionales, aseveró Montemayor.
Pero la Secretaría de Economía asegura que el debate sobre los actuales problemas del sector agrícola servirá para demostrar que es un mito la idea de que el TLCAN acabará con esa actividad en el país.
Los líderes campesinos advirtieron que sopesarán de manera continua las respuestas a sus demandas, y que el movimiento de resistencia recién comienza. (FIN/IPS/pf/mp/dv if ip/02
