La suspensión del servicio médico estatal tras renunciar al trabajo por su precaria salud prácticamente condenó a muerte a la mexicana María Isabel Salgado, una de las 150.000 personas afectadas de sida en los últimos 20 años en este país.
Salgado, con 47 años, apenas con educación básica, viuda y con seis hijos de entre 12 y 23 años, entiende que los casos como el suyo son flagrantes violaciones de los derechos humanos.
Esta ex empleada de una firma prestadora de servicios de aseo a oficinas confió a IPS que debió renunciar a su trabajo hace tres meses, cuando ya era imposible seguir ocultando su mal, nueve años después de confirmarse que era portadora de VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida).
La humilde mujer conoció su condición de portadora de VIH poco antes de la muerte de su esposo, Vicente Díaz Bustamante, empleado como masajista en un baño público de la capital mexicana.
La pérdida de 10 kilogramos de peso y severas deficiencias renales, neumonía y otros males provocados por el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) aumentaron las presiones en el trabajo sobre el estado de salud de la mujer, cuyo temor a un trato laboral diferenciado la impulsó a abandonar su empleo.
No soporté tantas preguntas sobre mi aspecto demacrado y, como me daba cuenta de que había sospechas de que tenía sida, preferí irme antes de sufrir el rechazo en el trabajo, explicó.
Temía que se repitiera la actitud de algunos de mis vecinos, que dejaron de hablarme al saber de mi enfermedad. De 'sidosa' no me bajan ahora, señaló Salgado.
Luego de quedar desempleada tramité una pensión debido a que no estoy en capacidad de un trabajo físico tan fuerte, pero la seguridad social dictaminó que me veía muy bien de salud, narró.
La suspensión del servicio público de salud, sin derecho a una prórroga pese a la condición de portadora de VIH, derivó en la interrupción del tratamiento de Salgado por la falta de medicamentos.
Ahora me siento condenada a muerte, lamentó Salgado, quien en su lucha por la vida ha decidido exponer su caso para poner nombre y apellido a las estadísticas sobre el sida en México, donde por cada seis hombres contagiados se cuenta una mujer.
Ahora, con el apoyo de la no gubernamental Comunidad Unida en Respuesta al Sida, proseguirá la batalla por recibir atención médica adecuada, y la no menos ardua lucha por conseguir trabajo.
El director del Centro de Atención Profesional a Personas con VIH/sida (Capsida), Martín Luna Sámano, explicó que una de las principales formas de violación de los derechos humanos de quienes padecen esta enfermedad en México se da en las instituciones públicas de salud.
El propio Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/Sida (Onusida) apuntó que el estigma y la discriminación están entre los mayores obstáculos a las tareas de prevención y atención de la pandemia. Muchos enfermos desisten de acudir a los centros de salud si se sienten rechazados, añadió.
Una forma de discriminación es la ausencia en México de una política de abasto suficiente y oportuno de medicamentos. La negación de los servicios de urgencias en las instituciones del Estado y la carencia de medicinas violan el derecho a la salud, declaró a IPS el director de Capsida.
La inexistente promoción de una educación sexual efectiva contribuye también al incremento en los casos de sida entre la población femenina de México, refirió Luna Sámano.
Desde que se conocieron los primeros registros de la epidemia en el país, hace dos décadas, la proporción pasó de 21 a seis hombres infectados de VIH por cada mujer portadora, precisó.
La experiencia de nueve años de trabajo de Capsida muestra que la mayoría de las mexicanas con sida adquieren el mal por la vía sexual, infectadas por sus esposos, y suele acudir a atenderse en una etapa avanzada de la enfermedad, agregó.
Luna Sámano detalló que las mexicanas casadas no se perciben en riesgo, además de que por educación tienden a privilegiar la atención a la familia. Ambos factores inciden en que muchas enfermas llegan al médico de manera tardía.
Otro síntoma de que el problema tiende a agravarse es el hecho de que hace 20 años la edad de las mujeres afectadas de sida oscilaba entre 24 y 35 años y ahora alcanza a jóvenes de hasta 18 años, dijo.
Los enfermos de sida siguen muriendo en México debido a que muchas no tienen acceso a los medicamentos. En contraparte, la iniciativa de quienes padecen ese mal dio origen a uno de los grupos mejor organizados, en relación con otros enfermos como los de cáncer o diabetes, explicó Luna Sámano.
Sin embargo, no existe información documentado sobre las irregularidades cometidas en instituciones oficiales de salud en contra de los enfermos de sida, quienes no denuncian la situación por miedo a perder el servicio, señaló.
El no gubernamental Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez brindó asesoría en 2001 a 33 situaciones individuales y colectivos de discriminación a enfermos de sida y este año tomó en sus manos tres casos de asuntos de discriminación laboral.
Esa organización humanitaria ha denunciado la aplicación sin consentimiento de exámenes de detección de anticuerpos al VIH en empresas privadas y en la propia Secretaría (ministerio) de Defensa Nacional.
El Centro reveló más de un caso de despido injustificado de empleados tras ser detectada su condición de portadores de VIH, y otro en el que se negó el derecho a la pensión por invalidez a un trabajador que fue obligado a trabajar.
Defensores de los derechos de los enfermos de sida en México claman por hacer compatibles la Ley Federal del Trabajo —que permite al patrón solicitar las pruebas que considere necesarias para la contratación o permanencia en el empleo— y la norma según la cual ser portador de VIH no es causal de rescisión de contrato.
El Estado mexicano reconoce los principios que dicta la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y suscribió tratados, declaraciones y acuerdo casi todos ratificados por el parlamento. Pero es necesario transitar de la palabra a los hechos, puntualizó el director de Capsida. (FIN/IPS/pf/dm/he hd/02
